Ana parió sola en el patio de su casa. La emergencia obstétrica que sufrió la dejó en estado de shock y recién ahora poco a poco se recupera. Casi no habla. La joven, de 30 años, está presa desde hace ocho meses: sobre ella pesa una imputación por homicidio que la puede dejar en la cárcel para toda la vida. En la ciudad en donde vive, Esquina, Corrientes, los derechos parecieran estar suspendidos en el tiempo para las mujeres que sufren abortos espontáneos o eventos obstétricos. “Hay una vulneración y una criminalización hacia las mujeres, sobre todo, pobres, sin acceso a una defensa técnica efectiva y a una Justicia que realmente crea en ellas”, señaló la abogada defensora Natalia Ávalos a El Destape. La historia de Ana no es un hecho aislado: es el reflejo de las desigualdades estructurales que existen ante la ley en Argentina.
Cuando Ana tuvo un “parto en avalancha” -en soledad y sin asistencia médica, a mediados de noviembre pasado- los medios de comunicación locales enseguida dieron la noticia e impusieron la condena. “Horror” y “macabro” fueron las palabras con las que describieron lo supuestamente sucedido, cuando la joven todavía estaba internada sin comprender qué era lo que había pasado. La actuación de la Justicia también fue expeditiva: el fiscal subrogante de la ciudad de Esquina, como titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (Ufic), Javier Mosquera, la imputó por el delito de “homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía”, bajo la sospecha de que la joven había matado a su hijo.
El juez de Garantías de la ciudad, Gustavo Vallejos, acompañó la decisión con una prisión preventiva por 180 días. Por eso, ahora está detenida a la espera de un juicio que comenzará el 1° de agosto, y que se desarrollará durante cinco días, en el Tribunal Oral Penal de Goya, a cargo de los jueces Jorge Antonio Carbone, Julio Ángel Duarte y Ricardo Diego Carbajal.
Quién es Ana
Ana se dedicaba a cuidar a sus dos hijos (de 6 y 11 años) y a sus hermanitos. Nunca tuvo un trabajo formal. Hacía changas. Cocinaba pastas, pastelitos y empanadas que vendía en el barrio los fines de semana con su madre. Cuando quedó detenida, la dinámica cambió en la casa que comparten con el resto de la familia, conformada por unas diez personas. “Ahora la visitamos con los chicos. Está mucho más calmada, se puede hablar mejor con ella y compartir el rato de las horas de visita que tenemos”, contó a El Destape su mamá Gladys Ferreira, mientras espera que el juicio termine con su hija en libertad.
Gladys redujo su jornada laboral limpiando casas para tomar las tareas de su hija. Hace menos de un mes le consiguió tratamiento psicológico por las crisis que tenía. Lloraba mucho y la llamaban de la comisaría para que fuera a atenderla. Para ella, la Justicia y los medios “juzgaron a una persona sin pensar el dolor que causan”. Pero, no están solas, “el acompañamiento es total” en el barrio, aseguró.
En un pueblo con unos 30 mil habitantes, los rumores corren como agua entre las manos, por eso, la condena social tampoco se demoró en aparecer. “Creo que hay muy poca información acá, en Esquina, sobre el tema” del aborto y de los derechos sexuales y reproductivos, dijo Gladys y contó que al principio había quienes veían mal que la Campaña por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito estuviera acompañándolas. “Después de escucharlas, todos fueron cambiando de opinión”.
“Nadie está exento a que le pase esto a una hermana, una mamá o un familiar. El dolor tan grande que siento en este momento no quisiera que nadie lo tenga”, sostuvo Gladys.
“Nunca se priorizó el principio de inocencia”
El evento obstétrico que sufrió la joven correntina “implicó la interrupción no voluntaria del embarazo”, explicó Rosana Fanjul de la Comisión Libres las Queremos, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. “Fue un parto domiciliario de un feto muerto”, indicó la abogada defensora Ávalos a este medio. Estaba en su casa, sintió dolores y se produjo lo que se llama “un parto en avalancha. Es un parto rápido. Si hubiera estado en un hospital, era distinto”, agregó.
“Nunca se priorizó el principio de inocencia”, marcó Ávalos, quien tomó la causa en abril. En la autopsia pedida por el fiscal subrogante Mosquera, que acusa a Ana de haber matado a su hijo, dice que hay “indicios de que algunas lesiones podían ser vitales, pero para determinar mejor eso se envió a análisis patológico. La conclusión es que no se puede determinar que haya nacido con vida”, señaló Ávalos. En los resultados de la pericia de parte realizada por médica forense Ivana Del Carmen Fernández y el psiquiatra forense Leonardo Luna Salvetti, según precisó la abogada, se indica que “no se puede determinar si respiró". En otras palabras, si nació una persona viva o si el producto del parto fue un feto muerto, lo que es fundamental para la carátula de la causa. El feto fue hallado en el terreno familiar con lesiones.
“Creo que cuesta mucho la perspectiva de género. Se basan en lo que consideran ellos que son los deberes que una debe cumplir por ser mujer”. La pared para el acceso a los derechos está construida con ese material: “Hay una vulneración y una criminalización hacia las mujeres, sobre todo, pobres, sin acceso a una defensa técnica efectiva y a una Justicia que realmente crea en ellas”. Ana es emblema de ello: no recibió los cuidados ni la información necesaria. Pero, para Ávalos “no sólo es Ana, es contra todas”.
1532 personas criminalizadas por abortos espontáneos
Una investigación realizada, entre 2018 y 2020, por la Comisión Libres las Queremos de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, relevó 1532 personas criminalizadas y/o denunciadas por abortar en Argentina. Un tercio de ellas, presas, según la investigación que realizaron junto con la Universidad de San Martín y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Cuando en diciembre de 2020 la interrupción legal del embarazo se hizo ley en la norma 27.610, una de las primeras demandas de la Campaña fue que se revieran estas causas. “Esperamos que el Estado tomara cartas en el asunto. No sucedió”, declaró Fanjul, de la Comisión.
La historia de Ana se ve en espejo con la situación que atravesó Belén, una joven absuelta por la Corte Suprema tucumana, tras pasar 29 meses presa acusada de haber abortado en el baño de un hospital. Es que, “cuando se trata del rol de maternidad el principio que se maneja es de culpabilidad”, dijo Fanjul y apuntó que “la carátula es prejuiciosa y una condena social” porque antes de determinar el nacimiento con o sin vida ya se tiene la resolución final.
Cuando se le consultó qué significa que en la actualidad haya mujeres presas por eventos obstétricos o abortos espontáneos respondió que “existe una condena por parte de las personas más conservadoras que están en el sistema judicial de las provincias, también hay incidencia de la Iglesia en el sistema político" y enfatizó: "Hay provincias en donde está prohibido hablar del aborto”.
De hecho, pareciera que no es casual lo que pasa con Ana ahora: Corrientes se declaró provincia “pro-vida” en 2011. Además, son grandes los obstáculos para el acceso a la salud pública (no) reproductiva. “El acceso a la IVE es prácticamente nulo. En caso de que llegue a suceder, utilizan los métodos más invasivos, no hay acceso gratuito al misoprostol y hay maltrato institucional cada vez que las chicas quieren saber sobre estos temas”, retrató la abogada esquinense Ávalos.
En la actualidad, en el país son 1532 informadas las causas informadas por las provincias, 75 de ellas fueron identificadas por la Comisión Libres las Queremos. En Corrientes, son 60 las causas informadas de mujeres criminalizadas por abortos espontáneos. Cinco de ellas fueron identificadas por la Comisión, 3 están presas. La última en sumarse fue en junio, en San Carlos. Por medio de una búsqueda artesanal de la organización, de ir penal por penal, se sabe que las detenidas en el país son, al menos: 2 en Salta, 2 en Misiones, 4 en Santiago del Estero, 2 en San Luis, 1 en La Pampa, 2 en San Juan, 1 en Catamarca, 1 en Mendoza, 1 en Córdoba, 8 en Buenos Aires, 1 en CABA, 1 en Santa Cruz, 1 Tierra del Fuego, 2 en Chubut, 1 Neuquén, 4 en Santa Fe, 2 en Jujuy, 1 en Río Negro y 1 en Entre Ríos.
Aunque los derechos reproductivos y el aborto sean conquistas en la ley argentina, aún existen grietas por las que se cuelan prejuicios y mandatos sociales. El libro Dicen que tuve un bebé, de Siglo XXI, relata siete de estas historias. Las autoras sostienen que encontraron a estas condenas “ejemplificadoras” bajo un elemento estructural que las une: “Un mandato persistente sobre la forma correcta de la maternidad que estas mujeres no cumplen”.
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