Una niña de 12 años, en situación socioeconómica vulnerable, quedó embarazada en Santiago del Estero y tras una serie de irregularidades en su atención, se le imposibilita el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
A la niña y la madre no le brindaron información sobre sus derechos, mientras que una médica modificó a la alza el tiempo de gestación, aparentemente, para indicar que se había pasado el tiempo para llevar a cabo el ILE.
El caso, que fue informado por el diario Página 12, incluye una demora en la notificación del caso, en lo que parece cerrar el círculo sobre las posibilidades de interrumpir su embarazo para la menor, residente en un barrio humilde la localidad de La Banda, aledaña a la capital provincial.
El pasado 2 de abril se presentó la Unidad Primaria de Atención (UPA) de Villa Griselda, en La Banda, por presentar fuertes dolores abdominales.
Desde ese centro asistencial, enviaron a la menor, que estaba acompañada por su madre, al establecimiento similar situado en el barrio Misky Mayu, donde el 6 de abril se le detectó un embarazo de 20 semanas de gestación.
Madre e hija llevaron el examen nuevamente al UPA de Villa Griselda, donde nunca fue informada sobre los derechos que la asisten a la niña en caso de embarazo.
Recién 18 días más tarde la médica a cargo de ese centro asistencial, informó a las autoridades sanitarias sobre el caso y consignó que la chica tenía 26 semanas de gestación.
Cuando el Ministerio de Salud, a principios de mayo, recibió el informe, se presumió que ya tenía un embarazo avanzado, de 30 semanas, lo que habría dificultado la aplicación del ILE.
La niña fue derivada al Centro Integral de La Banda, uno de los hospitales más avanzados de la provincia, donde se detectó con sorpresa el 7 de mayo que en realidad la niña cursaba un embarazo de 24 semanas.
La cartera sanitaria santiagueña comenzó a actuar con más premura y el 13 de mayo pasado un especialista dio la aprobación a un proceso de ILE.
No obstante, las dilaciones continuaban y también las contradicciones entre autoridades nacionales que aseguran avalar el proceso, y otras provinciales, que dicen que ese permiso no existe.
En torno al caso, Nora Schulman, directora ejecutiva de la ONG Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN), advirtió que están "los protocolos para las prácticas" como el ILE, "pero lo que hay cambiar es la cabeza de los médicos".
"Hay un tema cultural, muy vinculado a la Iglesia, sobre todo en las provincias del norte", sostuvo Schulman en declaraciones al canal TN.
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