En el debate de las comisiones que se desarrolló en estos días en la Cámara de Diputados se vio que quienes se oponen a la legalización del derecho al aborto, trasuntan que detrás hay un entramado mayor, que esa férrea negativa es parte de una concepción general que considera que la única función que tenemos las mujeres es reproducir y que ni siquiera nos asiste el derecho a decir cuándo y cómo hacerlo.
Al exponer allí manifesté que nuestra respuesta, la que enarbolamos desde hace años en el pañuelo verde, es una lucha integral por: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. La amenaza penal no ha persuadido a nadie de interrumpir embarazos no deseados y ha funcionado como un verdadero castigo de clase.
Fueron muchos años de lucha persistente enfrentando a esos poderosos sectores que defienden que continúe la clandestinidad, por eso nosotras no le debemos nada a nadie, más bien son los gobiernos y el Congreso los que tienen una deuda con las que peleamos por el derecho a decidir. Exigimos que esas instituciones que nos niegan el derecho al aborto y hasta se niegan a implementar la ley de Educación Sexual Integral, no tengan más injerencia en nuestras vidas, en las leyes, en la salud ni en la educación. Reclamamos la urgente separación de la Iglesia del Estado. Cualquiera tiene, obviamente, el derecho a ejercer sus creencias religiosas, pero nadie tiene el derecho a imponérselas al resto.
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Tenemos que estar movilizadas porque no nos pueden arrebatar nuevamente nuestro derecho como pasó en 2018; porque necesitamos que salga el mejor proyecto, por el que tanto luchamos, porque no queremos más penas por este motivo, en ninguna circunstancia, ni que bajo la forma de “objeción de conciencia” se deje poblaciones enteras sin acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, como ya se demostró en Uruguay.
Los derechos no se mendigan, se conquistan. Y si esta vez #SeráLey, será por nuestra lucha y movilización: se debate en el Congreso, pero lo ganamos en las calles.
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