En Jujuy impidieron que una niña de 12 años que estaba embarazada de gemelos pudiera acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). La menor de edad “debió cursar un embarazo gemelar producto de una violación y a la cual se le realizó una microcesárea con previa maduración fetal”. Desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Jujuy pronunciaron su repudio y preocupación por su salud.
La niña violentada es oriunda de la ciudad de Monterrico, a 37 kilómetros de la capital jujeña, a quien le practicaron una cirugía el lunes en el Hospital Materno Infantil “Héctor Quintana”, luego de “una maduración de los fetos”. Actualmente, se encuentra bajo responsabilidad de la Defensoría de Menores por la situación judicial de sus progenitores y ya que no cuenta con un adulto responsable para el caso.
“Prepararon a la niña a una maternidad forzada, no solo por la cesárea sino porque fue la cesárea previa a la maduración fetal”, advirtieron desde el colectivo feminista al indicar que “hay equipos de efectores que podrían haber garantizado la ILE”.
En Argentina el aborto es legal por las causales de violación y en caso de que la salud de la persona corra riesgo. Esto es así desde 1921, pero en 2012 con el fallo F.A.L se determinó que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación, sin importar la salud mental de la mujer, no sería punible. Además, el Gobierno nacional presentó un protocolo nacional para garantizar la Interrupción Legal del Embarazo y Jujuy fue una de las primeras provincias en adherir.
Este año, la Dirección de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad creó una hoja de ruta para la atención de niñas y adolescentes menores de 15 años embarazadas. La Red de Profesionales de la Salud manifestó que desde la Dirección se contactaron con las autoridades provinciales y ofrecieron alternativas. Sin embargo, “eligieron seguir con la dilación”.
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“El Ministerio de Salud provincial repitió una vez más las mismas estrategias de dilación, obstaculización y vulneración en el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) como lo fue con la situación de público conocimiento de la niña de San Pedro en enero de 2019, a quien se le realizó la misma práctica”, denunciaron desde el colectivo feminista.
Recordaron que tanto en el caso antes nombrado como el actual, las autoridades mantuvieron como estrategia "ganar tiempo", con el objetivo de “obtener la viabilidad fetal, a pesar de que la provincia tiene un protocolo específico realizado conjuntamente con Unicef en el que se establece el derecho a la ILE para los embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años”.
“A pesar de que desde la Dirección Nacional de Salud Sexual realizaron el ofrecimiento para resolver de forma inmediata la situación, preservando la salud física y emocional de la niña, las autoridades a cargo de la cartera de Salud local, desestimaron la propuesta y decidieron no garantizarle a esta niña su derecho a la ILE”, enfatizaron desde el colectivo.