En una jornada histórica, la Cámara de Senadores aprobó por 38 votos a favor el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el aborto será legal en Argentina. En tanto, 29 senadores votaron en contra y hubo 1 abstención y 4 ausentes.
Desde 1921 el aborto es legal en causales, pero recién en 2009 con el fallo FAL se pudo articular lo que establecía el Código Penal en su articulado y se creó el Protocolo de Aborto no Punible. Ahora, la ley deberá ser reglamentada por el Gobierno nacional y las provincias deberán adherir a la normativa.
Durante 12 horas, la Cámara Alta debatió el proyecto con discursos fervientes a favor de que las mujeres y personas gestantes tengan derecho a decidir sobre su cuerpo: "No es fácil deconstruirse, tambalean las estructuras. De repente, estamos ante lo nuevo por crear- Estamos atravesando un cambio de paradigma y ese cambio lo lideran las feministas", aseveró la senadora Silvina García Larraburu.
"Como dirigente política tengo la obligación de cuestionarme e involucrarme con los cambios de nuevos paradigmas, con los anhelos de las nuevas generaciones. Ellas escribirán la historia. Es una propuesta integral, superadora, que dialoga de frente con el Plan de los Mil días. El Estado se hace presente en ambas iniciativas", enfatizó.
Al inicio del debate, la senadora pampeana del Frente de Todos Norma Durango adelantó que pedirán al Ejecutivo que modifique la Ley de aborto en la promulgación para relajar el término "salud integral". El cambio se refiere a las causales legales para practicar un aborto después de la semana 14 de gestación, entre las cuales se encuentra el "riesgo para la salud integral" de la mujer, un término que fue criticado por Jorge Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), por considerarlo "muy amplio".
Esa modificación acercó posiciones con los indecisos y logró la sanción de la norma. "Hemos promovido en consulta con el Poder Ejecutivo que al momento de la promulgación se observe parcialmente el proyecto, en caso de ser sancionado, a fin de dar prioridad al objetivo de mantener las causales de la interrupción legal del embarazo y quitar parcialmente la palabra integral", afirmó Durango.
En su discurso la senadora pampeana destacó que "este proyecto reivindica la maternidad como un derecho y no como una obligación" y remarcó que "la discusión no es aborto sí o aborto no, es aborto legal o aborto clandestino".
"Quiero preguntarle a mi iglesia si no será hora de hacer una autocrítica. ¿Por qué castigar con la vara de nuestra religión e imponer las cosas que no pudimos cambiar con nuestra propia fe? Hemos fallado, a pesar de nuestra fe, nuestra oración y nuestra doctrina, porque hemos llegado tarde a entender la importancia de la educación y del uso de los anticonceptivos", replicó la senadora de Juntos por el Cambio, Gladys González, cuando tomó la palabra.
"No estamos imponiéndole nada a nadie, estamos pidiendo la interrupción voluntaria para las mujeres que así lo necesiten. El Estado debe acompañar a todas las mujeres, a las que desean ser madres y a las que no, sin juzgar y condenar", aseveró Guadalupe Tagliaferri.
De los seis indecisos que había, los seis votaron a favor. Uno de ellos, la legisladora Lucila Crexell planteó: "Esta demostrado que la prohibición y la criminalización no disuade a las mujeres de los abortos. ¿Qué cambió desde 2018 cuando se rechazó el proyecto? Nada. Las mujeres siguen abortando en clandestinidad y soledad".
"Esto es producto de la lucha de miles y miles de mujeres que en los últimos años, décadas, vivieron bregando y denunciando los atropellos y las injusticias a las que se vieron sometidas", manifestó Humberto Schiavoni. Asimismo, el senador Daniel Lovera enfatizó: "Hoy estamos frente a un problema de salud pública, no estamos debatiendo si estamos a favor o en contra del aborto, debatimos sobre una práctica que ocurre en nuestro país y si vamos a permitir que se siga manteniendo en la clandestinidad".
En la vereda opuesta, el jujeño Mario Fiad (Juntos por el Cambio), presidente de la Comisión de Salud, insistió en que "la Constitución dice que para la Argentina se es niño desde la concepción". "Se nos dice que las niñas no deben maternar. Sin dudas que no deben, no deben ser abusadas ni vivir en entornos violentos, pero el proyecto no resuelve esas tragedias, lo único que hace es pasar a la clandestinidad la violación, el abuso, la violencia", indicó Fiad.
"Yo estoy en contra de esta iniciativa porque estoy absolutamente convencido de que desde la concepción existe la vida y que una persona por nacer es un ser distinto de quien lo engendra", expresó el senador Pablo Blanco. En esa línea, María Belén Tapia, senadora de Santa Cruz, cuestionó: "Si este proyecto fuera ley, se pone tanto énfasis solo en el aborto y en su acceso inmediato, que podría terminar favoreciendo el encubrimiento de situaciones de violencia contra mujeres y niñas".
A su turno, el senador Alfredo De Ángeli criticó: "Estamos despenalizando al ser gestante y estamos penalizando a otro, a la ginecóloga o ginecólogo, al obstetra, a una enfermera que si se niegan (a practicar un aborto) pueden perder hasta el título por esta ley". En el mismo sentido, su par de misiones, Maurice Closs sentenció: "No tengo dudas de que hay que discutir una cuestión de fondo en el Código Penal. Pero no creo que sea una ley que vaya a encaminarse a salvar más vidas".
¿Qué establece la Ley?
El expediente consagra el derecho de mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar a decidir la interrupción del embarazo, requerir y acceder a la atención del aborto, y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud.
El aborto se permitirá hasta la semana catorce inclusive, del proceso gestacional. Fuera de ese plazo solo se podrá acceder en caso de violación o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.
Mujeres y personas gestantes tienen derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de saludo con su asistencia, en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento. En caso de menores de 13 años, se debe contar con el consentimiento informado y la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal. En los casos de adolescentes de entre 13 y 16, deberá tener un acompañante o "referente afectivo".
Previo a la realización del aborto se requiere el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito. El profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Para ello deberá mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión, y derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones.
Los centros de salud privados o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar un aborto a causa de la objeción de conciencia deberán prever y disponer la derivación a un lugar, de similares características, donde se realice efectivamente la prestación.
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