El Gobierno de Santa Fe presentó una denuncia penal contra Grávida, la organización antiaborto que intentó evitar el acceso al derecho al aborto de una niña de 12 años, víctima de abuso sexual intrafamiliar. Tal como había adelantado a El Destape Florencia Marinaro, ministra de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia, se pondrá a disposición de la Justicia toda la información del caso porque la ONG "intentó impedir su derecho a decidir" cuando se la retuvo para obstaculizar el procedimiento, para el que ya había brindado su consentimiento junto a su madre.
Mediante un comunicado, el Gobierno santafesino confirmó que "desde las áreas del Estado intervinientes presentaron una denuncia ante la Unidad Fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas)". La denuncia fue radicada a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social; el Ministerio de Salud y el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad.
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Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto regional Santa Fe habían exigido al Estado que investigara a la organización, financiada con grupos católicos y que tiene como referente al hijo de un represor de la última dictadura militar condenado. El Gobierno "presentará ante la Justicia toda la información concerniente a las intervenciones en el caso de la niña de 12 años abusada en la cual se habría intentado obstaculizar una ILE por parte de personas pertenecientes a la ONG Grávida", puntualizaron las autoridades provinciales en el escrito.
La provincia pidió a la Justicia "que se inicie la Investigación Penal Preparatoria que permita dilucidar las correspondientes responsabilidades de quienes actuaron" en los hechos. De acuerdo al escrito presentado, la Justicia deberá investigar si la ONG, que cuenta con sedes y colaboradores en todo el país, violó los artículos 262 y 263 del Código Procesal Penal de Santa Fe, en cumplimiento del artículo 64 de la Ley Provincial número 12.967.
"La actuación del Estado comprendió acciones de contención y asesoramiento a la niña y a su madre, que tuvo como eje central la acción de informar acerca de las opciones legales que nuestro marco normativo prevé para los casos de embarazos producto de violaciones en niñas y adolescentes", añadieron en el escrito.
Además, sostuvieron que la "estrategia se reconfiguró cuando la niña y su madre dieron su consentimiento informado para proceder a una interrupción legal del embarazo”. Y agregaron: “Nos ocupa en particular, poner en conocimiento de los órganos competentes para preparar y ejercer la acción penal la actuación de los miembros de la Asociación Civil con Personería Amigos de Grávida Santa Fe que, a través de distintas acciones, obstaculizaron el acompañamiento estatal e impidieron el ejercicio efectivo de los derechos de la niña”.
Marinaro había contado a este medio que la alerta por el paradero de la niña y de la madre se encendió una vez que dejaron de responder los mensajes de la trabajadora social que hacía la articulación interestatal y cuando le informaron que no asistirían al hospital para efectuar la intervención que ya estaba pautada. En ese momento, se puso en conocimiento al área de niñez de la provincia.
Para el Gobierno, "será una tarea del organismo competente determinar el accionar y la tipificación penal -si correspondiera- de los hechos que se introdujeron en el escrito y que obran en los relatos de todas las personas y profesionales intervinientes en dicha situación".
"Pero no puede escapar a la institucionalidad del Estado Provincial el accionar de personas de una asociación civil que, de manera explícita, se sustrae a las intervenciones legales de las agencias del Estado, obstruyendo -de ese modo- el ejercicio de los derechos de una niña", concluyeron.
Con información de Télam
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