Ana, de 30 años, parió sola en su casa y quedó en estado de shock. La emergencia obstétrica que sufrió la joven correntina “implicó la interrupción no voluntaria del embarazo”, señalaron en un comunicado desde la Comisión Libres las Queremos, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Por ese hecho fue imputada por “homicidio doblemente agravado por el vínculo” y enfrenta la pena máxima, que la podría dejar para toda la vida detenida. Desde este lunes 1 de agosto hasta el viernes -cuando se espera la sentencia- se desarrolla el juicio en su contra en el Tribunal Oral Penal de Goya, a cargo de los jueces Jorge Antonio Carbone, Julio Ángel Duarte y Ricardo Diego Carbajal. Las organizaciones de mujeres y feministas que acompañan desde Corrientes que exigieron #LiberenAAnaYa y denunciaron que “es víctima de una criminalización (…), le negaron la prisión domiciliaria, la debida asistencia, el acceso a la salud y a la justicia”. El Comité de Prevención de la Tortura recomendó contemplar “normas de juzgamiento con perspectiva de género”.
“Denunciamos, una vez más que en estos casos ‘se revierte el principio de inocencia’, se generan ‘pruebas Invisibles’ en complicidad con los medios y el sistema de salud y se criminaliza a las personas gestantes violando sus derechos y los de sus hijos”, sostuvo en el comunicado la Comisión Libres las Queremos. Según indicó su abogada defensora a El Destape, Natalia Ávalos, “fue un parto domiciliario de un feto muerto”, que ocurrió a mediados de noviembre pasado y que dejó a Ana en estado de shok. El feto fue hallado semienterrado en el patio. Luego de eso, los medios de comunicación locales y la Justicia actuaron en consonancia: sentenciaron la culpabilidad de Ana cuando aún estaba en el hospital sin saber qué había pasado. Desde entonces, está alojada en la Comisaría de la Mujer de Esquina.
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Rosana Fanjul, en declaraciones a Télam, señaló que este ha sido un hecho "muy traumático y duro para la familia, por eso en el primer día del juicio quedó clara esa situación y tanto la madre como familiares, no declararon contra Ana". Fanjul es parte de la Comisión de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito. Sobre la continuidad del juicio, anticipó que este jueves "será un día importante porque hablarán los peritos y quedará demostrado que el feto nació muerto". La organización conformó un equipo interdisciplinario de acompañamiento y apoyo tanto para la joven como para la familia.
Previo al inicio del juicio el Comité de Prevención de la Tortura emitió un comunicado en el que recomendó juzgar con perspectiva de género. Hacerlo, indicó el Comité, es “una obligación legal y un deber ineludible”, que encuentra fundamento y respaldo en el derecho a la igualdad y a la no discriminación reconocidos en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos que el Estado argentino ha suscripto e incorporado al ordenamiento jurídico.
"Estoy muy ansiosa y nerviosa -reconoció-, pero tengo mucha esperanza de llevar a mi hija a casa", dijo a Télam la madre de Ana, Gladys Ferreyra. Además, compartió que se siente "muy acompañada" por los colectivos de mujeres que llegaron a prestarle apoyo.
La historia de Ana tiene situaciones similares a la de Belén, una joven absuelta por la Corte Suprema tucumana, tras pasar 29 meses presa acusada de haber abortado en el baño de un hospital. Y no son las únicas: un estudio realizado por la Comisión junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Universidad de San Martín (Unsam) y otros investigadores e investigadoras, relevó 1532 personas criminalizadas y/o denunciadas por abortar en Argentina. Por eso, desde la colectiva también solicitaron “la inmediata intervención del Estado para detener y revertir la criminalización de los eventos obstétricos y todas las violaciones a los derechos humanos vinculadas”.
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