"Miranda Ruiz no cometió ningún delito y es víctima de un proceso de persecución judicial e ideológica por motivos de género”, denunciaron en la conferencia de prensa que realizó este jueves la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir junto a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Por ello, exigieron la nulidad de la causa y mostraron su acompañamiento a Ruiz, la médica salteña sobre la que desde hace nueve meses pesa una causa por el “delito de aborto sin consentimiento informado”, tras practicar una ILE. “Este hecho es un gravísimo atentado no solo contra ella, sino también contra los derechos humanos y los derechos sexuales de las personas y atenta contra las leyes vigentes”, expresa el documento que leyeron.
Ruíz es médica residente de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal, en Salta. El 5 de septiembre del año pasado, el fiscal penal de la ciudad, Gonzalo Vega, le abrió un expediente penal por haber acompañado a una joven de 21 años que había solicitado una interrupción legal del embarazo (ILE) a las 22 semanas de gestación, en el marco de la ley 27.610. La denuncia fue presentada por familiares de la joven y, también, incentivada por legisladores y referentes políticos locales, como Cristina Fiore, que militan en contra del acceso al derecho de la interrupción del embarazo. De hecho, llevó a la detención de la profesional por unas horas.
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En la actualidad, la imputación sigue vigente y se llevó a cabo pese a la decisión de un equipo interdisciplinario conformado por trabajadores sociales, psicólogos e incluso autoridades del hospital de que se suspendiera el embarazo en resguardo de su salud integral, lo que está previsto en la ley. Todo ello quedó registrado en la historia clínica, incluso, el consentimiento informado está firmado por la paciente y por la médica.
Ante la falta de respuestas por parte del Poder Judicial, las organizaciones por el derecho al aborto decidieron manifestarse y visibilizar el apoyo para que este tipo de situaciones no se replique en el resto del país. Para ello, en la tarde del jueves adornaron con tules, pancartas y banderas verdes la sede de la Justicia, en el centro porteño. Las chaquetas colgadas de los andamios ubicados en la puerta del edificio hicieron de fondo a la actividad. Al frente, médicas, médicos y residentes se ubicaron con las letras para escribir la frase “contás con nosotres”. Entre elles, Julieta Bazán, médica e integrante de la Red por el Derecho a Decidir que, en diálogo con El Destape, habló de un "hostigamiento": "Es claramente un hostigamiento hacia quienes garantizan los derechos sexuales y es una persecución política e ideológica hacia el sector de la salud. Queremos que la justicia se haga cargo, que intervenga ante la justicia salteña y que ya se de nulidad a la causa”. En esa misma línea, Miranda Ruiz, a través de un audio, sentó su postura: “No puede suceder en una sociedad democrática que nos judicialicen por garantizar derechos”.
Esta imputación, a su vez, implica un riesgo tanto para los profesionales de la salud como para la sociedad en general. Bazán advierte que las repercusiones de la persecución judicial que denuncian se hicieron sentir sobre las y los efectores de salud en distintas provincias: “En el norte se genera una suerte de temor profesional porque hay quienes tal vez ponen más restricciones a la hora de garantizar e implementar la ley de IVE, como sucede en Salta, en Jujuy o en Tucumán. Hoy estamos acá también por esas compañeras”.
“El aborto es claramente un problema de salud pública y justicia social, y es nuestra responsabilidad como trabajadores y trabajadoras de la salud hacernos cargo de garantizarlo en las condiciones adecuadas, así como es la responsabilidad del Estado, de la Justicia, cuidarnos y no precarizar nuestra labor”, dijeron en la lectura del documento. Además, señalaron el accionar de “grupos antiderechos, en complicidad con el Poder Judicial de la provincia” para “armar” la causa a modo de “disciplinamiento” contra quienes garantizar el acceso al aborto seguro y, además, para “desinformar” a la población.
Por su parte, Gisel Eiriz, de la Campaña en la Ciudad de Buenos Aires, contó que se sumaron a la actividad con la actualización de sus demandas bajo la triple consigna: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Entre los reclamos, piden la producción nacional de mifepristona (medicamento que alivia el dolor en combinación con el misoprostol) y la capacitación de personal para que se lleve a cabo la práctica de la forma más segura en todo el territorio nacional. “Se tiene que difundir la ley, el Estado tiene la obligación de hacerlo”, insistió.
En el acto, además, estuvieron presentes las diputadas Mónica Macha (FdT) y Romina Del Plá (FiT). Ambas compartieron la exigencia y el reclamo para el cierre de la causa por considerarla “sin fundamentos”: "Tiene que ver con cómo funciona el patriarcado y con cómo la lógica conservadora va operando", analizó Macha ante El Destape y reconoció que “hay una heterogeneidad importante” al momento de aplicación de la normativa vigente desde el 2020. En ese mismo camino, Del Plá declaró: “Si los profesionales que están garantizando los derechos que están establecidos en el protocolo de interrupción legal del embarazo como en la ley de IVE son perseguidos y perseguidas está claro que es una forma de cercenar el derecho". Y manifestó que “es una batalla cotidiana” la aplicación de la ley que se celebró en las calles y en las casas luego de amplios debates que se dieron en el Congreso Nacional, entre 2018 y 2020.
Desde la Red demandaron al Estado, por ser “responsable de cuidar” a quienes atienden la salud de la población y solicitaron a la Justicia que se haga cargo. “Hoy más que nunca, seguimos organizades para garantizar que todas las personas vivan su sexualidad libre y sin opresiones. ¡Garantizar derechos no es delito!”, dijeron y cerraron con los típicos cánticos por “aborto legal”.
Actualidad de la causa
A comienzos de febrero, la defensa de Miranda solicitó el sobreseimiento, pero fue rechazado por el Juzgado de Garantías Nº 2 del Distrito Judicial de Tartagal. Ese rechazo fue apelado y se encuentra pendiente de resolución ante el Tribunal de Impugnación de Salta.
A fines de junio, Oscar Guillén asumió como nuevo defensor de la causa de la médica residente y presentó la nulidad ante el juez de Garantías N° 2 de Tartagal, Héctor Mariscal Astigueta. Allí, entre otros puntos, planteó que la acusación del fiscal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, recae en “numerosos vicios y defectos que se sustentan en lecturas hipotéticas e interpretaciones sesgadas, indefinidas y vagas”. El abogado entendió que a partir de esa base se construyeron y conjeturaron hechos que nunca existieron por parte de un “enceguecido acusador”.
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