La Fiscalía de Salta desestimó la primera imputación contra Miranda Ruiz, médica del Hospital de Tartagal que fue detenida en septiembre del año pasado por haber realizado una Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Sin embargo, en una nueva movida judicial denunciada por su defensa, la institución decidió mantener la segunda imputación que había presentado por presunto "aborto sin consentimiento informado", pese a que la paciente nunca demostró arrepentimiento ni malestar con la decisión o con la profesional.
La médica imputada, que se desempeña en el Juan Domingo Perón, es la única que no es objetora de conciencia en dicha localidad y, por eso, el caso inmediatamente se convirtió en un símbolo de las resistencias institucionales y políticas para implementar la ley que legalizó el aborto en todo el país.
Hace varios meses, el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, requirió al juez de Garantías Fernando Mariscal Astigueta la detención de la doctora Ruiz por haber realizado una ILE con pastillas a una joven de 21 años. Ahora, sin embargo, el fiscal desestimó esa primera imputación. "Ya no hay dudas sobre la justificación de la causal, tal como el propio fiscal afirma cuando manifiesta que 'no se pone en tela de juicio la causal de ILE'", informaron desde la defensa de la médica.
Pero el mismo fiscal decidió mantener la segunda imputación, por un presunto aborto "sin consentimiento informado". La defensa de Ruíz sostuvo que tomó esta decisión "de manera antijurídica". "Nadie le describe a Miranda cómo comete el delito que se le acusa. Recordamos que fue un tratamiento autoadministrado, es imposible obligarla a colocar pastillas debajo de la lengua por media hora", explicaron. Y añadieron: "A su vez, la paciente nunca se arrepintió y eso está ampliamente demostrado en el expediente".
"La primera acusación contra Miranda Ruiz, médica que garantizó el derecho al aborto de una mujer en Tartagal, Salta, fue desestimada. Aún así, la Justicia provincial sigue actuando con arbitrariedad en contra de sus garantías. La acompañamos y exigimos el cese de su persecución", escribió la ministra de Mujeres, Género y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta en sus redes sociales.
El caso
La joven abortó en agosto del 2021 y una tía no conviviente poco después denunció a Ruíz. Ante esto, el fiscal y el juez la detienen por el delito de aborto. Dos meses más tarde, amplían dicha denuncia y sostienen que se trató de una ILE "sin consentimiento informado".
"Nadie podrá ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación legal o se afirmen nuevas circunstancias", sostuvo la defensa, repitiendo un pasaje del Código Penal Procesal de Salta para argumentar que si se desestimó la primera imputación no puede ser juzgada por una segunda. Por eso, denuncian que se trata de un "caso de persecución simultánea, escalonada y múltiple" que atenta contra las garantías constitucionales de la representada.
A su vez, en el comunicado difundido tras la decisión del fiscal, lo acusan a él y al juez por actuar "desde el ámbito de la indefinición y la ambigüedad" y denunciaron: "La acumulación de arbitrariedades deja al desnudo los direccionamientos políticos del juez y el fiscal, quienes, en su intento de sostener lo insostenible, demuestran su ceguera y voluntad manifiesta de atentar contra las libertades y derechos ganados por las personas con capacidad de gestar".
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