Desde que comenzó a garantizarse por ley la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en nuestro país, el 24 de enero de 2021, no hubo un aumento en la cantidad de profesionales acogidos a la objeción de conciencia así como tampoco se registraron objeciones institucionales – por llamarlo de algún modo dado que las instituciones no tienen conciencia -. Por el contrario, lo que notaron los organismos competentes fue que más trabajadores de la salud decidieron capacitarse y el gran objetivo girará en torno de la positiva: no centrarse en qué lugares no se puede ejercer el derecho a decidir sino en qué espacios se puede.
“No hubo un aumento de objeción de conciencia en relación a la Interrupción Legal del Embarazo”, dijo Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, a El Destape. Explicó que la ley sancionada a fines del año pasado regula ese aspecto, algo que no había sucedido antes, brinda el permiso para ser objetor u objetora pero también genera obligaciones y marcos para no vulnerar los derechos de las pacientes, además del principio de buena fe para garantizar una derivación correcta y la posterior práctica dentro de los 10 días establecidos por la norma.
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La experiencia de la provincia de Buenos Aires es una de las más destacadas. “Es posible garantizar derechos en un contexto de pandemia”, dijo Carlota Ramírez, directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud provincial a El Destape. La funcionaria explicó que la gestión se centrará en la parte positiva para poner la energía en el lugar correcto. Los listados de objetores corresponden y corresponderán a cada centro de salud u hospital pero no al Ministerio ya que se concentrarán en saber dónde sí se puede realizar la práctica.
La objeción de conciencia es un problema de cada institución y la resolución es interna con colaboración del Ministerio. “Es un permiso para no cumplir con la ley, porque este es un derecho que hay que garantizar y en algunos casos da permiso para que no lo haga”, explicó Ramírez y agregó que “si todos se declaran objetores en una misma institución, se les propone ayuda para poder garantizar el derecho”. Pero “la ley ordena y es muy clara. La objeción es a la práctica, no pueden negarse a dar información o hacer una ecografía”.
Además, marcó una diferencia clara entre un objetor de conciencia y un obstructor. Éste tiene sanciones que antes no estaban. Ahora tienen que recibir a la persona gestante que decidió interrumpir su embarazo y si no pueden resolver el pedido la tienen que recepcionar igual, brindar información, realizar los estudios correspondientes y derivar a otro centro en un plazo de diez días con la historia clínica. Esa responsabilidad implica brindar un turno, un horario y un profesional. Básicamente, gestionar la derivación.
Más allá de eso, cuando comenzó a regir la ley recibieron listas con nombres de objetores de conciencia pero “al ministerio van los datos de los equipos que resuelven”. Para ello, hubo un trabajo de clarificación muy fuerte, se sacó una guía de implementación para orientar a los profesionales sobre el texto de la ley y cómo implementarla, reuniones con los equipos que las solicitaron “y no se encontró resistencia sino que se saldó un problema y hay mucha demanda creciente de capacitaciones”.
Desde el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidades explicaron que hacen un seguimiento de las acciones vinculadas con el acceso a IVE e ILE y de los casos de denegación de acceso a la práctica en articulación con el Ministerio de Salud de Nación. Además, empezaron a trabajar con las diversas jurisdicciones en la elaboración de un mapa dinámico sobre la situación de acceso a IVE en los territorios, los obstáculos e impedimentos que existen, las dificultades en el acceso al misoprostol, las situaciones de judicialización, entre otras. A partir de eso, se estuvo trabajando en el desarrollo de estrategias para la efectiva implementación de la Ley. Por ejemplo, un circuito de derivación de casos que llegan a los dispositivos de acompañamiento y abordaje integral del Ministerio (entre ellos la línea 144) y la línea de Salud Sexual del Ministerio de Salud
“La marea verde tuvo un impacto en el sector. Hoy hay muchas trabajadoras de salud que militaron” por la sanción del aborto legal, seguro y gratuito y en el Ministerio de Salud hay pañuelos verdes por todos lados. “Hay una decisión política pero también un proceso colectivo que inunda el sector, sobre todo en las generaciones más jóvenes”, dijo Carlota. Sobre todo los residentes, las camadas más jóvenes, empujan el cambio y brindan soluciones en aquellos lugares donde los más grandes, formados bajo otros paradigmas, deciden objetarse. “El aborto trae un debate muy rico al sector, que es el de la voluntad de las personas”, reflexionó. Esa cuestión de recetar un medicamento no por una patología sino por un deseo.
Si bien la perspectiva es optimista, hay núcleos duros en la provincia localizados en municipios más conservadores donde la llegada, la capacitación y la implementación es más dura. Algo que ocurre, sobre todo, cuando uno se aleja del núcleo más poblado del AMBA donde hay menos hospitales o centros de salud. Actualmente, el 87% los nosocomios provinciales garantizan el derecho y el trabajo se concentra en generar un acceso equitativo para que puedan acceder desde cualquier lugar de la provincia. De la totalidad de Centros de Atención Primaria de la Salud que existen en el territorio provincial sólo el 15% tienen equipos que garantizan el acceso al derecho. Este porcentaje asciende a 44% en hospitales municipales.
“El 90% aproximadamente de las mujeres que abortan en la provincia llegan en un primer trimestre”, explicó la funcionaria y dijo que es un porcentaje muy similar al registrado a nivel mundial. Al tratarse de una práctica ambulatoria, el médico sólo tiene que indicar cómo tomar la medicación y firmar la receta. “El aborto lo hace el cuerpo gestante en su casa”, resumió. Otro de los datos que se pudo recolectar fue que durante más de la mitad de las prácticas (52%) se concentra en la población comprendida entre los 18 y 27 años de edad. Casi el 5% corresponden a personas de 17 años o menos (de los cuales el 99% corresponden a personas entre 13 y 17 años y el 1% a niñas entre 8 y 12 años).
Ampliar equipos
A nivel nacional se inició un plan de formación y capacitación con alrededor de 3.000 participantes en todo el país. Por otro lado, se trabaja en un sistema de información federal que aún está en diseño, en etapa de prueba piloto y en 60 días se va a poder en funcionamiento de manera progresiva con las provincias para brindar información periódica y disponible mucho más robusta, explicó Valeria Isla.
El objetivo será aumentar la cantidad de equipos de salud y servicios que realizan la práctica. A diciembre del 2020, había 700 en todo el país en el sector público y 5.500 centros de salud y hospitales funcionan como distribuidores de métodos anticonceptivos. Esa brecha es la que hay que acortar y apuntar a que esos miles de lugares también garanticen el derecho a decidir.
Por su parte, las obras sociales y prepagas lo asumieron como una obligación, está en su agenda, hacen consultas y también hay un formulario de reclamos , detalló Isla quien también destacó la formación de nuevas camadas de médicos. Además, para este año el Estado nacional inició una compra de 70 mil tratamientos con misoprostol mediante un mecanismo de Naciones Unidas y se compraron otros 30 mil al laboratorio público de Santa Fe pero es posible que haya que reforzar la adquisición porque el cálculo se hizo antes de la sanciónde la IVE. Más allá de eso, ya hay provincias que también están comprando el fármaco.
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Con el cambio de Gobierno, en 2019 en el territorio bonaerense se encontraron sólo con 45 cajas de misoprostol y en 2020 distribuyeron más de 25 mil tratamientos. Actualmente, la población que accede a la IVE ya está caracterizada, se sabe cuántas concurren en el primer trimestre y visibilizar todo esto hizo que los equipos perdieran el miedo, lo que desarmó bastante la cuestión de la objeción de conciencia pese a que aún hay lobby.
En Buenos Aires registraron un aumento de solicitudes de IVE de casi el 50% en el primer trimestre del 2021 en relación con el año anterior – en todo el 2020 se hicieron más de 14 mil interrupciones - y se suplicó el número de equipos en el año de pandemia. Se pasó de 51 a 99 municipios con equipos y estiman que ya se superó ese número en los primeros tres meses del año. A diciembre de 2019, cuando asumió la nueva gestión, había 196 equipos registrados en la provincia y el 2020 cerró con 404 que reciben misoprostol del Gobierno local porque completan registros y realizan la práctica.
Esto es importante porque desde que se comenzó a implementar la ley hubo un aumento de consultas al 800-222-3444, un número que estuvo más difundido y que también tuvo una gran despenalización social. Según los datos oficiales, de las 3.781 secuencias IVE/ILE generadas en el periodo enero-febrero 2021, el 93,3% ingresó en el primer trimestre de edad gestacional (3.528 casos menores a 12 semanas), el 4,5% ingresó en el segundo trimestre temprano (171 casos entre 12 y 15 semanas) y el 2,2% en el segundo trimestre tardío (82 casos de 16 semanas o más). Además, la edad promedio fue de 26,5 años y el grupo que mayores demandas generó es el comprendido entre los 20 y 29 años (2.254 de 3.862 casos).
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