En 2021 un total de 1.493 intervenciones, en el marco de la Ley 27.610 de Interrupción Legal del Embarazo, fueron realizadas en Entre Ríos. Así lo reflejó el Informe ImplementAR, que arrojó que más de 64 mil mujeres y personas gestantes accedieron a su derecho, enmarcado en la norma aprobada a fines de 2020, en todo el país el último año. La provincia se ubicó en el 7° lugar del ranking nacional, detrás de Buenos Aires -26.500-; CABA -8.847-; Santa Fe -4.368-; Tucumán -4.162-; Mendoza -2.916- y Córdoba -1.895-. El estudio contempla además otros aspectos, como conclusiones de encuentros con referentes territoriales en la temática, una actualización profesional, datos en torno a los insumos, el acceso al aborto de personas con discapacidad y puntos vinculados al Plan Nacional de Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA).
En Entre Ríos, como en todo el país, la ley de Aborto Legal fue militada por una variada gama de organizaciones, desde la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito hasta movimientos feministas, pasando por partidos políticos y sindicatos. Todos abonaron por la norma que se frustró en 2018 pero que obtuvo los apoyos necesarios a fines de 2020, con el acompañamiento de todas las fuerzas y el empuje necesario del gobierno nacional. Poco más de un año después de su aprobación, si bien se avanzó, aún quedan aspectos por revisar o reforzar.
"Es difícil hacer un balance de la ley porque vivimos en un territorio muy desigual, ya sea a nivel nacional o provincial. En Entre Ríos hay equipos conformados y trabajando en Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguay y Gualeguaychú, por ejemplo; pero no en Feliciano, Federal o Federación. Es decir, si bien se ha lgrado avanzar con la implementación, el cumplimiento no es uniforme y depende muchísimo, en ocasiones, del empuje y el compromiso de compañeras que militan la ley en soledad", explicó a El Destape, María Elena Ale, integrante de la Campaña por el Aborto Legal y militante de Socorristas en Red. Y sumó: "Al Estado en muchos lugares se le dificulta hacer cumplir la norma. Nosotros sabemos que una ley por sí sola no garantiza un derecho, que hay que insistir, trabajar y seguir militando el aborto legal. Como también lo hacemos con la Educación Sexual Integral, que no se cumple y ya van a ser 16 años de su sanción. Sí sentimos que, si bien fue apoyada públicamente por el Presidente y su gobierno, no ha tenido la difusión necesaria desde el Estado. No se ha escuchado un spot ni se ha pegado un afiche. Estamos hablando de la ley que más se militó y más se discutió desde el regreso de la democracia. Que además fue transversal, atravesó no sólo a los estamentos gubernamentales, sino que a los partidos y las organizaciones. Debería tener una visibilización más importante".
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Alé dio cuenta del incumplimiento, además, de la gratuidad por parte de algunas obras sociales: "Iosper, que es la principal obra social de la provincia, no cumple con la gratuidad. Hemos hecho reclamos e incluso nos manifestamos en el Ministerio de Salud por este tema y le pedimos una audiencia a la ministra. Sabemos que se están ocupando, pero no hemos tenido mayores respuestas".
Socorristas en Red se conformó en Argentina en 2011, a partir del trabajo de cinco militantes feministas que lanzaron un sistema de alertas -roja para violencia de género, rosa para aborto-, tomando la genealogía practicada por un grupo de mujeres activistas italianas de los años 70. Diez años después, tienen alcance territorial, casi 60 organizaciones trabajando a la par y alrededor de 600 personas enroladas en una labor que va desde el acompañamiento hasta el asesoramiento, pasando por la derivación a equipos de salud de personas gestantes con intenciones de interrumpir un embarazo. "Hay quienes deciden hacerlo dentro del sistema público, mientras que otros prefieren lo particular, con el acompañamiento de una socorrista", explicó Alé. La labor incluye no sólo todo lo previo, sino que además el post aborto, con asistencia psicológicas y chequeos médicos. Hay una línea de teléfono y se atienden consultas que van desde la violencia de género hasta la necesidad de atención ginecológica.
Desde el Programa de Salud Sexual y Reproductiva de Entre Ríos, por otro lado, consideran que lo logrado hasta el momento es bueno y miran con optimismo cómo se está implementando la ley. "El balance que hacemos nosotros es altamente positivo. En primer lugar porque hay un grupo de profesionales de la salud que tiene la predisposición de garantizar el derecho y ahora lo hace a través del amparo de la ley. Y por otro lado, porque se han ido conformando equipos paulatinamente. Y gracias a ello hoy hay 34 efectores y centros de salud de toda la provincia donde se garantiza la práctica de manera integral y gratuita, hasta la semana 14, como lo indica la norma, de forma ambulatoria o con internación, dependiendo el caso", indicó a El Destape, Lucy Grimalt, la titular del área.
La salud entrerriana está regionalizada. A partir del trabajo para conformar grupos de trabajo para la implementación de la ILE se logró que todas las regiones tengan centros de atención que garanticen la ley, cada una con uno de referencia. En la Región I -departamentos La Paz, Paraná, Diamante, Victoria y Nogoyá- el centro de referencia es el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná; en la Región II -Concordia, Feliciano, Federal, Federación San Salvador y Villaguay- es el Hospital Masvernat de Concordia; en la Región III -departamentos Uruguay, Colón y Rosario del Tala- es el Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay y en la Región IV -Gualeguaychú, Gualeguay e Islas- los hospitales Centenario de Gualeguaychú y San Antonio de Gualeguay.
A la hora de interrumpir un embarazo, hay un proceso que se divide en dos partes: cómo llegar al procedimiento y luego la práctica en sí. "En el primero, sabemos que aún es difícil que una mujer o persona gestante sepa a dónde tiene que recurrir para realizar la práctica. Estamos trabajando en ello y entendemos que aún no se cuenta con toda la información, es un punto débil. En la práctica, cuando la persona acude a un centro de salud o efector, pasa por una Consejería de Derechos, donde se le informa sobre el procedimiento y cómo se hace", explicó Grimalt. "Luego se sigue con la medicación de forma ambulatoria, regresando a los 10 días para la ecografía donde se chequea que no hayan quedados restos. A partir de ahí se trabaja en una consejería de anticoncepción, para que la mujer defina cuál es el método que prefiere utilizar, siempre entendiendo que, si se realizó la práctica, es porque no quiere cursar un ermbarazo. En el caso de embarazos que pasan el primer trimestre, a partir de las 13 semanas, se hace con una internación, que es de 24 horas, por lo general. Luego, es el mismo procedimiento", detalló.
Pese a que la norma lleva más de un año de sancionada, hay profesionales de la salud que se niegan a ejercer la práctica: "La ley es muy completa y contempla la objeción de conciencia. Obvio que seguimos hablando de aborto, que es una práctica que estuvo socialmente legalizada mucho antes que estarlo de manera oficial. Pero aún nos encontramos con médicos que, por cuestiones religiosas o morales, se niegan. Y deben informalo oportunamente, para que la Dirección del centro de salud garantice con otro profesional el procedimiento", señaló Griamlt. Por último, cerró: "Asimismo, vale aclarar, sólo rige para los médicos, no para otros profesionales de la salud involucrados. No puede la asistente social que debe brindar información negarse; o el ecógrafo negarse. La ley está pensada con un paradigma diferente. Acá no es el profesional de la salud el que decide, es la persona gestante. La información es un derechoy está garantizada en la norma".
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