Javier Milei otorgó 0 cajas de misoprostol, mifepristona, combi-pack (el combinado de ambas drogas) y 0 cánulas para Aspiración Manual Endouterina destinados a la salud sexual desde diciembre de 2023. Es decir, no envió ni un solo insumo para que las mujeres y personas gestantes de todo el país puedan acceder a Interrupciones Voluntarias y Legales del Embarazo con métodos farmacológicos, pero tampoco garantizó que los equipos médicos cuenten con todo lo necesario en caso de tener que recurrir a procedimientos médicos, por más que estos no sean los más recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Ni abortar por aspirado se puede en el gobierno libertario, que incumple la Ley 27.610. Mientras tanto, las denuncias sobre barreras en el acceso a ILE/IVE aumentaron un 80% hasta el mes de agosto en comparativa con el año anterior, según reporta Amnistía Internacional, a través de un formulario de reclamo al que se puede acceder en su página.
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El número sobre el nulo envío de medicamentos se desprende de un pedido de información pública solicitado por Amnistía que, en conjunto con ELA y otras organizaciones de la sociedad civil, buscaban “monitorear el implemento de políticas públicas y velar porque las mujeres, niñas y personas gestantes puedan acceder a derechos sexuales”, tal como expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de la organización en Argentina, a El Destape. Esa es la última información oficial al respecto, con fecha del 28 de mayo, pese a que solicitaron un nuevo pedido en septiembre que vence ahora. Días antes de que Mario Russo abandonara su cargo, este medio se comunicó con el Ministerio de Salud para obtener las cifras de entregas más recientes, pero no obtuvo respuestas.
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Durante el gobierno anterior, para tener una referencia, se habían distribuido solamente en 2023 más de 62.000 Combipack (el blíster combinado de mifepristona y misoprostol que entregaba el Ministerio de Salud), más de 15 mil cánulas AMEU y más de 88 mil cajas de misoprostol, según la propia información que admitió el gobierno libertario en la respuesta al pedido de información pública. Hoy esas columnas fueron directamente eliminadas de la lista de insumos y salud reproductiva distribuidas desde enero a marzo.
Para justificar la decisión, desde el Gobierno argumentan que se trató de un problema de licitación. “No se distribuyeron insumos para acceder a IVE-ILE, tanto medicamentos como equipamiento para aspiración manual endouterina, por falta de stock. La distribución para los meses restantes dependerá del avance de la licitación pública que se encuentra en curso”, explican. Ese proceso terminaba en agosto para lograr distribuir insumos en octubre y noviembre, pero, como pudo constatar Amnistía a través de un acceso a información pública a provincias, la situación no avanzó y siguen sin recibir los medicamentos.
El presupuesto estaba. Aunque no estaba desagregado en las partidas asignadas para 2024, en el informe del Gobierno se detalla que $4.511.199.966 estaban destinados a Métodos Anticonceptivos de Corta y larga Duración y para Medicamentos IVE/ILE. El Destape se comunicó con el ministerio también para saber cuánto de ese dinero se ejecutó y qué se compró específicamente con el dinero para misoprostol, mifepristona y cánulas AMEU pero no obtuvo respuestas.
Quienes trabajan en territorio y batallaron hace menos de 4 años el logro del aborto legal, seguro y gratuito, hoy hacen malabares para paliar el desamparo de un gobierno que no atiende estas políticas públicas. Con pocos insumos y sin respuesta estatal, los hospitales y centros médicos imponen un requisito crucial para poder acceder a una ILE/IVE: que la persona que lo solicita no tenga obra social. “Se les está diciendo directamente a las que sí tienen prepagas: ‘No pueden atenderse porque no tenemos recursos’. Esto lo vemos con mucha gravedad porque se está restringiendo el acceso a la salud y porque las obras sociales no brindan turnos de forma rápida, es muy burocrático, exponiéndolas a que se realicen prácticas inseguras por fuera del sistema”, explica Julieta Bazán, perteneciente a la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. De esta forma, para la profesional, se vuelve para atrás, previo a la conquista del derecho: “Las personas van a llegar a las guardias con las consecuencias de haberse realizado una maniobra insegura por no haber podido acceder como corresponde”.
Hoy subsisten con los insumos restantes de la gestión anterior y con las compras particulares que las provincias lleguen a hacer, pero el panorama es desolador: “Hasta hace unos meses a cualquier situación de interrupción voluntaria del embarazo se le daba el tratamiento combinado -misoprostol y mifepristona-, que es el avalado por las organizaciones internacionales y nacionales. Cuando no se cuenta con eso, terminamos brindando solo misoprostol, situación que ya sucede desde julio en algunas provincias del norte, como Jujuy, Tucumán, La Rioja”, explica.
Mientras el conteo de pastillas desciende y las provincias intentan costear sus propios insumos, los laboratorios nacionales que producen los medicamentos no dan abasto, sobre todo para la producción de mifepristona, tal como es el caso del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), que genera pastillas desde 2018. Antes, para dar con el tratamiento combinado, muchas veces el Gobierno recurría a compras internacionales: “Ahora nos estamos enfrentando a la situación de que Nación no mandó más, las provincias tienen que comprar pero no pueden cubrir toda la demanda y, además, no tenemos a quién, solo se puede conseguir misoprostol en ese laboratorio”.
Solo acceden las que pueden pagar una caja por $100.000
Quienes tienen medios económicos y no pueden acceder a la medicación a través del sistema de salud público, terminan comprando la medicación en la farmacia de manera particular, a un precio que ronda los 100 mil pesos. Sin embargo, quienes no corren con esta suerte, “quedan atrapadas en un sistema que las expone a un aborto inseguro”, describe Bazán.
Ante esta situación y tal como había contado en mayo El Destape en una investigación especial, este Gobierno empujó a los profesionales a negociar con sus pares blisters de mifepristona y misoprostol para hacer frente a la desidia “casi como si fueran figuritas”. El trueque de medicamentos se volvió un método de supervivencia y la gestión entre médicos una manera de hacerle frente.
Un ejemplo de ello es el caso de dos mujeres que estaban cursando 12 semanas de embarazo en Salta y que recibieron esta semana un llamado de su médica para comunicarles que tenían que continuar con el procedimiento agendado con otra médica. Se les asignó otro profesional porque su doctora tuvo que cancelar toda la agenda de lunes a viernes en uno de los centros de atención primaria en los que trabaja porque se quedó sin medicación. “No se podía reprogramar. Las pacientes fueron derivadas ese mismo día a otra compañera que tenía insumos. Requirió toda una movida en el transcurso de esa mañana. Y para hoy ya no me agendaron pacientes”, alertó a este medio Macarena Villena, de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir de Salta.
La médica definió a la situación como “desoladora”: algunos pacientes llegan a consultar a las salitas para comprar la medicación ante el faltante de Nación, pero vuelven cuando se enteran que una caja de misoprostol ronda los $100000. “Por supuesto que muchos no van a poder costear ese valor. Y eso trae demoras cuando el tiempo nos corre, angustias de las usuarias sobre todo ( y la única realmente relevante) pero también de lxs profesionales que no podemos dar la respuesta que deberíamos”.
Para Belski, de Amnistía, “la falta de entrega de insumos a las provincias incrementa las desigualdades entre las distintas jurisdicciones del país. El acceso a los derechos no puede quedar sujeto al lugar en el que te ha tocado nacer. El Estado nacional debe garantizarlo en todo el territorio”.
En un hospital de Salta, en el que ya no hay mifepristona y siguen recibiendo misoprostol “en cantidad insuficiente” por parte de la provincia, los profesionales hacen recetas directamente. “Otros también lo están resolviendo con legrados, que no están recomendados por la OMS, ni cumplen con el protocolo y el Estado provincial hace caso omiso de la existencia y uso del AMEU”, graficó Sofia Fernández, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito Regional Salta. A pesar de la Ley IVE, Milei empuja a las mujeres nuevamente a abortos inseguros.
“Además, se evidencia el faltante de envíos de diferentes métodos anticonceptivos, disminución y baja ejecución presupuestaria y procesos de licitación que fracasaron”, alertaron por otro lado desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, que también presentó un pedido de informes más amplio que contemplara salud sexual en general incluyendo al desmantelado plan ENIA.
En esa misma línea, Bazán reconoce que “hoy las personas no pueden elegir qué método anticonceptivo utilizar. Dejaron de mandar métodos anticonceptivos de corta duración, todo lo que es pastillas, inyecciones mensuales y trimestrales. Las provincias están apuntando a la compra de métodos de larga duración porque no van a poder soportar el sostenimiento de las otras”.
Mientras el presidente se pronuncia en contra del aborto y desabastece al país de insumos para practicarlo, los discursos de odio empujan a que muchos profesionales que venían garantizando la interrupción del embarazo terminen dando un paso al costado: “Tienen miedo, sienten que van a ser perseguidos, estigmatizados y dejan de realizar la práctica”, cuenta Bazán, que trabaja en territorio. Desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir detectan estos casos y realizan un seguimiento, pero dan cuenta de que la situación actual es grave.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, instan a marchar este 28S por el Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, y advierten que el objetivo detrás del desmantelamiento a las políticas públicas y de los discursos de odio está en negar "el derecho al placer y a decidir": "La maternidad forzada es una forma de esclavitud para las mujeres, niñas y disidencias sexogenéricas y la negación del derecho al placer y a decidir son un instrumento para que nuestros cuerpos sirvan a este sistema desigual, explotador y patriarcal. El Gobierno debe respetar las leyes".
Sin posibilidad de acceder a métodos que eviten un embarazo pero tampoco a pastillas que permitan interrumpirlo, las personas gestantes del país de la “marea verde” quedan a merced de la buena voluntad provincial, la cantidad de insumos y la suerte.
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