Las mujeres y feminidades trans atraviesan en algún momento de la vida dificultades por el peso del patriarcado, la desigualdad de género y el etnocentrismo. Pero aquellas que deciden irse de su país de origen para buscar nuevas oportunidades padecen muchas veces también otras violencias específicas. “Lo más probable es que una mujer trans migrante, de un país latinoamericano, que no cuenta con recursos económicos, que no logró finalizar sus estudios primarios, transite mayores situaciones de discriminación y maltrato que una mujer cis migrante, blanca, de clase alta, europea, con un título universitario”, explica a El Destape Laura Paredes, responsable del Área de Capacitación de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref).
Las estadísticas parecen confirmarlo. Un informe reciente de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) mostró que casi la mitad de las víctimas de femicidio y travesticidio en la Ciudad de Buenos Aires entre 2016 y 2019 pertenecían a colectividades migrantes.
Existe una marcada sobrerepresentación de mujeres extranjeras entre las víctimas de femicidios, al menos en lo que respecta a la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. El informe de la UFEM registró que en CABA un 45,7 % de las víctimas eran extranjeras, “principalmente migrantes de países de la región”. En PBA la incidencia fue menor, del 7,7 %, aunque igual es una cifra significativa.
Con el prisma de la perspectiva de interseccionalidad forjada por los feminismos negros, desde CAREF explican que en la vida de estas mujeres se condensan diferentes opresiones, desigualdades y formas de dominación, pero no por aspectos propios o inherentes de las personas, “sino por un contexto que las expone una y otra vez a situaciones de vulnerabilidad, discriminación y violencia”.
“Las violencias específicas de género pueden encontrarse tanto en las motivaciones para esa migración (estar escapando de una situación de violencia de género), en los tránsitos (situaciones de violencia sexual), como en la inserción en el país de destino. Por otro lado, los trabajos más accesibles para ellas son los peores remunerados, feminizados, más precarizados e invisibilizados socialmente”, amplía además Paredes.
Este año la organización publicó la revista "Las que fuimos, las que somos" para poner en valor los múltiples relatos que escuchan día a día de mujeres cis y trans, cuyas historias de vida y militancia dan cuenta de una gran fortaleza y compromiso con la defensa de los derechos. “Es destacable el cúmulo de estrategias y respuestas creativas y solidarias que se multiplican desde las organizaciones de mujeres migrantes”, resaltaron desde CAREF.
“Cuando llegué tenía demasiada timidez. Antes, frente a ciertas agresiones verbales no reaccionaba porque pensaba que simplemente no valía la pena, pero a medida que aprendí el idioma y entendí a la gente, fui capaz de defenderme”, contó por ejemplo Seynabou Sane, de la agrupación de mujeres senegalesas Karambenor, en la revista.
“En todos los talleres en los que anduve siempre veía a las migrantes lomeando, invisibilizadas a pesar de que eran las que más trabajaban. Pero en los 90 fue peor. Estalló la discriminación contra los que veíamos de países limítrofes, especialmente contra nosotros, los bolivianos. Les agarró un odio que, de verdad, no lo entiendo", narró por otro lado Emilia Mamani, fundadora de la cooperativa de viviendas Centro de Madres 27 de Mayo. La mirada xenófoba del otro la impulsó a tejer redes. “Eso me llevó a que empezara nuevamente a aliarme con las mujeres”, enfatizó.
Marcelina Meneses, un motor para la comunidad de mujeres migrantes
Si de violencias, xenofobia y pactos machistas se habla no se puede dejar de lado la historia de Marcelina Meneses. El 10 de enero de 2001, una mujer boliviana que viajaba con su bebé en el tren Roca fue empujada a las vías luego de ser insultada por rozar a un pasajero con bolsas. El ataque xenófobo marcó un antes y un después para la comunidad migrante en el país y sentó un espacio de reflexión sobre su propia condición. Tal es así que el Día de la mujer Migrante establecido por la Legislatura de Buenos Aires en 2020 conmemora el asesinato de Meneses, tras la sanción de la Ley N° 4409.
“Antes de lo que pasó con Marcelina hubo muchos casos de xenofobia y esclavitud, pero por ese entonces todos tenían miedo de hablar. Con el caso de Marcelina la comunidad migrante toda dijo ´basta´ porque una cosa es la discriminación, el miedo que nos infundían a todos pero la falta de respeto y el asesinato de una mujer con su bebé fue otra cosa”, contó a El Destape Reina Torres, cuñada de Marcelina.
A pesar de que los familiares acusaron a la empresa Trenes Metropolitanos y de que se presentó un testigo que relató la catarata de insultos racistas que antecedieron al crimen, la causa prescribió. Sin embargo, sus familiares convirtieron el dolor por la muerte de Marcelina en motor. “Yo me volví activista por los derechos de los migrantes, después de ver desde otro lugar toda esa realidad que vivían mis padres, mis hermanos, que eran inmigrantes bolivianos”, explicó Torres, quien fundó luego el Centro Integral de la Mujer Marcelina Meneses para promover la defensa, la atención y el acompañamiento de los derechos de las mujeres migrantes y sus familias.
Ahora Torres trabaja codo a codo con el Inadi, Migraciones y otras organizaciones. Para la activista, aún quedan cosas por trabajar para que las migrantes puedan tener una vida plena en el país, principalmente lograr que la ley 4409 de CABA tenga su correlato en una ley de alcance nacional “para que se pueda trabajar este tema en todos los niveles del Estado”. “Muchas mujeres padecen falta de información y se sienten muy solas cuando sufren violencias, la mayoría de trata laboral y sexual. Lo que necesitamos es tener más albergues, refugios que las ayuden en la revinculación o que las ayude a regresar a sus países”, reclamó.
Las otras barreras, las burocráticas
En este grupo de la población, el acceso a la Justicia y otros derechos sociales se ven obstaculizados muchas veces precisamente por su condición de migrantes. “Si bien la normativa migratoria argentina garantiza el acceso a derechos básicos en condiciones de igualdad con quienes nacieron aquí, en la práctica las migrantes padecen situaciones de exclusión o discriminación y afrontan diversas trabas burocráticas y de otros tipos para el acceso a la documentación, programas sociales, salud, educación, justicia, vivienda, trabajo”, detalló Pardo.
Torres resaltó la necesidad de que se sigan desarrollando estrategias para que todas las mujeres tengan al menos sus documentos al día para poder acceder a sus derechos. “A veces hay trabas. En algunos casos se piden documentos y las personas que desconocen dejan el trámite por la mitad, entonces no pueden cobrar el IFE, la AUH ni ningún tipo de beneficio. Para peor, cuando son grandes esas mujeres no pueden acceder a una jubilación porque estuvieron años y años sin documentos”, amplió.
Para evitar que esto suceda, Caref brinda asesoramiento en forma gratuita, les brinda herramientas e información sobre cuáles son los derechos que las asisten en el país. “Sensibilizamos y brindamos herramientas para el acompañamiento de la población migrante y refugiada en diversas instituciones públicas, fundamentalmente a personas que trabajan en la atención”, explicaron sobre sus múltiples tareas diarias.
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