El impuesto rosa o tasa rosa, también conocido como “pink tax”, es aquel costo adicional o sobreprecio que poseen los productos cuando estos son destinados a mujeres, especialmente cuando se trata de artículos que son funcionalmente idénticos a sus equivalentes destinados a hombres y donde se observa con claridad que no hay diferencias en el costo de producción. En el Día de la Mujer Trabajadora, este 8 de marzo, se conmemora -entre otras cosas- la lucha por la igualdad de género y dicho impuesto deja a la vista cómo los estereotipos nos atraviesan social y culturalmente hasta en los más insignificantes detalles.
El nombre se debe, justamente, a que a veces la única “diferencia” entre estos productos es su color rosa como se observa en el caso más claro y conocido de las máquinas de afeitar descartables. De todas formas es importante aclarar que dicho color no siempre está presente en el producto pero sí, por el contrario, se puede observar con claridad la diferencia de precio mencionada. Y si bien no se trata de un impuesto en sí mismo, como el caso del IVA, afecta directa y cotidianamente a la economía de las mujeres.
Este fenómeno, que se da en todo el mundo, fue conceptualizado para ser reconocido y visibilizado como una problemática de género que atraviesa a la sociedad en conjunto. No distingue sobre edades y afecta a todo tipo de productos, en especial a los relacionados con la higiene y el cuidado del cuerpo (desodorantes, talcos, medicamentos) pero también a juguetes, útiles escolares, prendas de vestir para niños y adultos y hasta golosinas. Todos estos productos pueden valer hasta un 40% más del valor normal si son destinados al género femenino.
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Un informe publicado por el Departamento de Asuntos del Consumidor en la Ciudad de Nueva York, realizado en el año 2015, donde compararon un total de 800 productos de unas 90 marcas en 24 tiendas diferentes, concluyó que los productos comercializados orientados a mujeres cuestan en promedio un 7% más que los dirigidos a los hombres. Entre los más destacados figuran sobreprecios en juguetes y accesorios (7%), ropa infantil (4%), ropa para adultos (8%), productos para el cuidado de la salud de los ancianos y el hogar (8%) y productos de cuidado personal (13%).
Por otro lado, a través de un segundo estudio llevado a cabo por el Estado de Francia -y como consecuencia de una campaña del grupo feminista Georgette Sand-, se propuso que ciudadanas y ciudadanos compartieran en redes sociales fotos donde el Pink Tax queda a la vista para comprobar si era o no cierto dicho sobreprecio. Se analizaron tres tipos de productos y tres tipos de servicios, donde el impuesto quedó en evidencia; como resultado, el gobierno de Emmanuel Macron se comprometió a regular la problemática.
Mientras que el Banco Mundial también publicó un informe, basado en datos del Boston Consulting Group y publicaciones de la revista Harvard Business Review, donde estima que las mujeres toman -aproximadamente- el 70% de las decisiones de compra a nivel mundial en relación a muebles para el hogar, vacaciones, viviendas, automóviles y electrónica, entre otros. Lógicamente, esta situación está estrechamente relacionada con que las mujeres siguen siendo quienes se ocupan de las tareas de cuidado.
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En algunos lugares, también se reconoce el “impuesto al tampón”, atravesado por la ya mencionada tasa, donde productos como los tampones y otros productos de gestión menstrual -toallitas o protectores diarios- no tienen las mismas exenciones de impuestos como sí tienen otros productos que son considerados de necesidad básica. Frente a esto, mujeres canadienses lanzaron la campaña “No Tax on Tampons” (No al Impuesto a los Tampones) logrando reunir más de 74 mil firmas, lo que permitió lograr que no paguen dicho impuesto desde julio del 2015. En Estados Unidos, algunos estados como Nueva York (donde los entregan gratuitamente), Nueva Jersey, Pennsylvania, Illinois, Maryland, Massachusetts y Minnesota ya eliminaron dicho impuesto sexista.
¿Y en Argentina?
En marzo del año pasado, la consultora Focus Market presentó un informe “Impuesto Rosa Argentina” donde se reveló que en nuestro país el porcentaje de diferencia de precio, en promedio, es del 12% -un punto porcentual por encima del reflejado en el 2021- y aseguró que este sobreprecio existe en, al menos, 14 productos. A esto se le debe sumar, según estimaciones del Gobierno Nacional, que las mujeres son quienes sufren mayores niveles de desempleo, problemas de inserción laboral y precarización. Tanto es así que la brecha salarial actual es del 22% en empleos formales y se acrecienta hasta el 39%, en los informales.
Desde EcoFeminita resaltan que la existencia de dicha tasa surge de la reventa, es decir no de los productores sino de los vendedores que determinan estos precios. ¿En qué se basan? Existe la hipótesis, según explica el medio, de que las mujeres pueden estar dispuestas a pagar de más por su vestimenta o realizar un gasto mayor en lo que refiere a higiene, cuidado y aseo personal. Algo que, lógicamente, parte desde la obligación por cumplir con estereotipos y demandas socialmente construidas.
Según un relevamiento del Palacio Legislativo del Congreso de la Nación, en 2018, las máquinas de afeitar tenían un sobreprecio de un 47% en el país. Mientras que en mayo del año siguiente, la Defensoría el Pueblo de la provincia de Buenos Aires también elevó un informe donde resaltó que los productos dirigidos a la mujer costaban un 15,56% en promedio (especialmente los artículos de perfumería e higiene personal, productos de farmacia y juguetes).
"Se ve una clara discriminación de precios por género. En función del conocimiento de mercado, los productores de estos artículos aplican valores diferenciados, lo que es una práctica que debe dejarse atrás si queremos una igualdad real entre las personas", dijo en su momento el titular, Guido Lorenzino. Cuatro años más tarde y más allá de las victorias conseguidas por los feminismos, todavía se observa una gran desigualdad y por eso, queda mucho camino por recorrer.
La Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) desarrolla, hace unos años, una campaña de comunicación y sensibilización denominada "el impuesto que no deberías pagar: campaña contra el Pink Tax". Y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) presentó un informe donde deja a la vista los costos adicionales en el consumo de las mujeres considerando solo el ciclo reproductivo. Sobre esto, resaltan: "El precio de los productos con versiones orientadas al público femenino representa entre un 5% y 100% más sobre el producto masculino o genérico" .
Proyecto de Ley de Equidad de Género en los precios de bienes de consumo: ¿de qué trata?
Ante dicha problemática, que se refleja como fenómeno global, desde el Frente de Todos (FdT) presentaron un proyecto de ley para batallar contra el Pink Tax desde el propio Estado Argentino. Según la senadora salteña Nora Del Valle Giménez, el objetivo es achicar, disminuir y eliminar las brechas de género relacionadas con el consumo de los diferentes productos. “Es una forma de ayudar, apoyar, mejorar la calidad de vida y fundamentalmente, seguir por las huellas de la lucha por la equidad de género”, manifestó en aquella ocasión.
Tras presentar el proyecto bajo el lema #NoAlImpuestoRosa, a fines de mayo del 2022, manifestaron su objetivo de modificar la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor -específicamente el Art. 8- para legislar y garantizar el “trato digno” y la “equidad en los precios de bienes de consumo”. Es decir, buscan prohibir que un producto de idéntica calidad y características tenga un precio diferente según el género al que está dirigido comercialmente.
"Lo que pensamos es, en el marco del proyecto que presentamos, poder crear un programa que permita avanzar en la posibilidad de contar con precios con igualdad de género. En ese sentido, el programa incluye convenios, difusión, canales para que las personas puedan denunciar cuando se encuentren con estos sobreprecios. Se trata de distintas instancias que nos permitan resolver esta situación", explicó a El Destape la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad en la Cámara de Diputados, Mónica Macha. Y sumó: "Hay muchos proyectos presentados en esta línea, el último fue el de la senadora Giménez que fue presentado el año pasado".
Este sobreprecio que se observa en el mercado, genera un "significativo perjuicio" para las consumidoras mujeres y califica al "impuesto rosa" como parte de una problemática que "tiene que ver con la reproducción de roles y estereotipos asignados cultural y hegemónicamente a los varones y a las mujeres en una sociedad aún regida por valores del patriarcado y el machismo". En esa línea, en el proyecto remarcan: "Creemos que los perjuicios económicos que sufren las mujeres por esta discriminación puntual aumentan aún más la desigualdad de géneros".
"Es necesario generar instrumentos específicos que garanticen el monitoreo del Estado, de sus acciones y políticas en la administración pública nacional, para garantizar el cumplimiento efectivo de la equidad de género y la no discriminación persistente hoy", señala. Y concluye: "Se propone que el Poder Ejecutivo deba asegurar, por medio de acuerdos y convenios, que las empresas productoras, distribuidoras y comercializadoras de los productos de consumo masivo no pongan a la venta productos que en sus precios generen discriminación basadas en el género".
La propuesta es fiscalizar y efectuar el control diario de estos bienes, generando un mecanismo para que consumidoras y consumidores realicen denuncias vía web, telefónica o a través de una aplicación móvil.