Tarifas dolarizadas, cláusulas leoninas, la puerta abierta para nuevos juicios contra el Estado y 746 millones de dólares de ganancia garantizada. Estas son las claves de la renovación de las concesiones de los accesos Norte y Oeste hasta el 2030 que acordó Mauricio Macri con sus ex socios de la multinacional española Abertis.
Los acuerdos son con Autopistas del Sol (AUSOL) y con Grupo Concesionario Oeste (GCO), ambas controladas por Abertis, y aputan a garantizarles el recupero de las supuestas inversiones que hicieron desde 1994, cuando Carlos Menem les dio las concesiones de los accesos Norte y Oeste, respectivamente. AUSOL reclama 499 millones de dólares, GCO otros 247 millones, y el Gobierno de Macri les reconoce esos montos. Como las concesiones vencen a finales de 2018, la solución que acordaron Macri y Abertis para que copten ese dinero es prorrogarlas hasta el 31 de diciembre del 2030 con las tarifas dolarizadas y un acuerdo que sólo beneficia a la empresa.
El moño a esta maniobra fueron los decretos 607 y 608 que se publicaron el martes en el Boletín Oficial. El primero lo firmó la vicepresidenta Gabriela Michetti, a quien Macri le delegó la firma en línea con los consejos de Laura Alonso, su enamoradiza titular de la Oficina Anticorrupción. Es el que corresponde a AUSOL, empresa donde los Macri fueron socios hasta hace poco tiempo y donde, tal como publicó el periodista Alejandro Bercovich, el presidente dispuso un aumento extraordinario de tarifas para luego vender su participación a un precio inflado, cuestión que fue judicializada. El segundo decreto, que corresponde a GCO, lo firmó Macri. Los acuerdos son calcados, sólo cambian los montos y la autopista que se queda cada una.
“Después de muchos años de conflictividad y renegociaciones infructuosas entre las PARTES, se alcanza una situación de equilibrio contractual razonable, que además garantiza la continuidad y mejora del servicio, en beneficio de los usuarios”, aseguran los acuerdos. Nada más lejano a la realidad, donde cada pago del peaje quedará dolarizado.
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AUSOL y GCO: la empresa siempre tiene la razón
Todo el acuerdo gira en torno a que el Estado da por cierto que AUSOL y GCO deben recuperar esos 746 millones de dólares y que, ante la imposibilidad de que lo hagan antes de que venzan las concesiones a fin de este año, es necesario extender la concesión y dolarizar tarifas.
“A los fines de posibilitar una solución amigable, el CONCESIONARIO (las empresas) limita sus pretensiones a la recuperación de lo invertido”, afirma el acuerdo, como si la multinacional Abertis, que gestiona 8.500 kilómetros de autopistas en 14 países realizara un acto de solidaridad. Lejos de eso, el acuerdo implica que el Estado les va a garantizar ganancias en dólares en un país cuya moneda es el peso. Lo amigable de la solución son los favores de Macri.
“Resulta conveniente extender el plazo de la CONCESIÓN para de ese modo posibilitar distribuir en el tiempo el recupero de la inversión, evitando así la aplicación de mayores aumentos de tarifas a cargo del público usuario”, asegura el acuerdo. Pero como Macri les garantizó dólares, las tarifas tendrán que aumentar al ritmo de la devaluación. Los argentinos pagarán peajes en dólares.
Cómo es el acuerdo
El punto central del acuerdo es la dolarización de la Tasa Interna de Retorno (TIR), que es la tasa de interés o rentabilidad de una inversión. El Gobierno buscó instalar que se trata de una mejora en las condiciones para el Estado, ya que el nuevo acuerdo reduce la TIR del 13,06% del contrato original de la década del 90 a un 8%. Pero la clave es que el contrato original era durante el 1 a 1, mientras que la dolarización de las ganancias de una empresa en el contexto actual implica otras cuestiones. Por empezar, como la empresa cobra en pesos, redundará en aumentos de tarifas al ritmo de la devaluación.
“El nuevo PLAN ECONÓMICO FINANCIERO consiste en un mecanismo de compensación destinado a la recuperación, dentro del PLAZO DE VIGENCIA, de la INVERSIÓN NETA, la que se fija en la suma de cuatrocientos noventa y nueve millones de DOLARES (US$ 499.000.000) (…) implicando una tasa interna de retorno de Ocho por ciento (8%)”, dice el punto 5.3 del acuerdo con AUSOL. El de GCO es calcado y la cifra son 247 millones de dólares.
La dolarización de tarifas fue descartada en 2006 por Néstor Kirchner cuando se renegoció la concesión de GCO. El decreto 298/2006, que Kirchner firmó el 15 de marzo de 2006, estableció: “La Tasa Interna de Retomo (TIR) del nuevo PLAN ECONOMICO-FINANCIERO de la CONCESION del ACCESO OESTE para todo el período de concesión será calculada en pesos constantes de septiembre de 1993”.
“Consecuentemente, el CONCESIONARIO renuncia a exigir un Plan Económico Financiero de la Concesión del ACCESO OESTE con una Tasa Interna de Retorno calculada en dólares estadounidenses”, sostiene el decreto. En el nuevo acuerdo que impulsó Macri ni se lo menciona.
Este decreto iba en línea con la ley 25.561 de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario, más conocida como Ley de Emergencia Económica, donde se estableció la pesificación del las tarifas. Frente a esto, Macri hizo una jugada doble. Primero, no prorrogó la Ley de Emergencia a partir de 2018. Luego, logró que el procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frias lo habilitara a apartarse de los parámetros contractuales del Acuerdo de Renegociación iniciado en 2006. Así, quedó con las manos libres para esta renovación leonina.
Las concesiones serán hasta el 31 de diciembre del 2030, excepto si las empresas “recuperan” antes los 746 millones de dólares. En otra cláusula leonina, la 5.5, se establece que si para el 2030 las empresas no “recuperaron” esa plata, “deberá ser pagada por el CONCEDENTE (el Estado) al CONCESIONARIO (AUSOL o GCO) en DOLARES”. Si esto sucede, el acuerdo estipula que el Estado tendría 30 días para pagarles y en caso de mora pagaría un interés del 12% anual. Un sinónimo de leonina es abusiva.
Por si todo esto fuera poco, la cláusula 5.12 protege las ganancias de las empresas ante cualquier iniciativa del Congreso o del Poder Ejecutivo. “Los cambios legislativos, regulatorios y/o jurisprudenciales que afecten significativamente el equilibro económico financiero del CONTRATO DE CONCESIÓN serán tenidos en cuenta en el PLAN ECONÓMICO FINANCIERO a los fines de la readecuación de dicho equilibrio”. En síntesis, ponen los intereses de las empresas por sobre el interés público hasta el 2030. Una cláusula de inmutabilidad a toda costa que, según especialistas consultados por El Destape, es una típica cláusula redactada por el abogado de la empresa que aceptó el Gobierno de Macri.
A la protección anterior le sumaron la cláusula 13.2, que dice que el Estado “no establecerá en el futuro ningún adicional tarifario, con o sin asignación directa, que no sea percibido por el CONCESIONARIO para sí y en su propio beneficio”.
Trampitas
El acuerdo que firmó Macri para prorrogar las concesiones con garantía de 746 millones de dólares tiene varios artículos que, según especialistas a los que consultó El Destape, dejan abierta la posibilidad de juicios contra el Estado de forma deliberada.
Abertis tiene un solo juicio en el CIADI. Es contra Argentina y reclama 1.793 millones de dólares. El acuerdo estipula que deberá retirar esa demanda, pero deja varias trampitas para retomar el envión. Una es la cláusula 15.6, que dice que el desistimiento de los juicios sólo corre si el acuerdo se cumple en su totalidad y no hay ninguna modificación por parte del Estado. Ante cualquier cambio, por mínimo que sea, la empresa podrá “reclamar bajo el derecho local y/o internacional, según corresponda, sus derechos preexistentes”. Esas dos palabras, “derechos preexistentes”, son clave para, en el léxico de los abogados especializados en litigios internacionales, iniciar un nuevo juicio. La cláusula siguiente impone que el Estado no podrá reclamar nada previo a este nuevo acuerdo.
La cláusula 19.5 abre directamente la posibilidad de que los accionistas extranjeros de las empresas inicien juicios en el CIADI.
El aumento de tarifas
El acuerdo entre Macri y Abertis repite que es en beneficio de los usuarios. Sin embargo, la revisión de los aumentos de tarifas que acordaron indica lo contrario. No solo porque quedan atadas a las ganancias en dólares que Macri le garantizó a la empresa.
El nuevo acuerdo establece un aumento de tarifas anual que garantice la TIR de 8% en dólares. Pese a que el Gobierno asegura que no habrá aumentos este año, el acuerdo dice que “la primera REDETERMINACIÓN TARIFARIA (…) se llevará a cabo dentro de los tres (3) meses de ENTRADA EN VIGENCIA (pero nunca antes del 30 de junio de 2018)”. La cuenta cronológica es clara. Con el acuerdo ya vigente, el próximo tarifazo del peaje será entes de fin de año. Además del aumento anual, el acuerdo establece que Abertis “tendrá derecho a que la tarifa se actualice mediante la aplicación del CER” de forma semestral, es decir, por inflación.
¿Inversiones? ¿Multas?
Parte de la publicidad de este acuerdo fue que Abertis se comprometió a hacer inversiones en las autopistas. Lo curioso es que Macri les garantizo ingresos dolarizados pero aceptó inversiones pesificadas. El acuerdo con AUSOL asegura que harán inversiones por 7.312 millones de pesos, el de GCO por 3.960 millones. Al cambio actual (promediando 28,5 el dólar), implica que AUSOL promete invertir 256 millones de dólares y GCO unos 138 millones. A sus inversores, sin embargo, Abertis les dijo que los montos a invertir son de 430 y 250 millones de dólares, respectivamente.
El acuerdo que firmó Macri (o Michetti en su nombre) libera de responsabilidad a las empresas por los incumplimientos en las inversiones durante todos estos años. “Por razones de elemental justicia”, justifica Macri esta decisión, basado en “la alteración de las principales variables económicas originales de la CONCESION”, es decir, la implisión del 2001 y el fin del 1 a 1. Para colmo, las multas que sí acepta la empresa las va a deducir de la inversión que prometió. Conclusión: no pagarán las multas e invertirán menos.
La cláusula 8.2 del acuerdo dice: “Quedan sin efecto y, en consecuencia, dispónese la terminación y cierre de los expedientes respectivos, todas las Actas de Constatación y demás actos y actuaciones del OCCOVI (Órgano de Control de Concesiones Viales), y en su caso, del ORGANO DE CONTROL, iniciados con respecto a alegados incumplimientos del CONCESIONARIO”. En criollo, archivan todas las multas.
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