YPF pagó el miércoles 287,5 millones de dólares en lugar de los 14.000 millones que le demandaban en el mayor juicio que tuvo en su contra, conocido como el caso Maxus. Pagó, si, pero la negociación llevada adelante de forma coordinada entre sus abogados y la embajada Argentina en Estados Unidos logró evitar un juicio que involucraba el valor bursátil de toda la empresa, producto de un conflicto ambiental en Estados Unidos que YPF heredó. Junto con el apartamiento de la empresa del juicio por la estatización de YPF, donde la jueza Loreta Preska ya la eximió de responsabilidad, hacen un combo que libera a la petrolera de bandera de grandes juicios en su contra que podían poner en riesgo su sustentabilidad.
¿Qué es el caso Maxus? Radicado en el estado de Delaware, es una demanda que le llegó a YPF de rebote. La denuncia original es contra Chemicals, una subsidiaria de Maxus. En 1986 Maxus le vendió Chemicals a Occidental Petroleum Corporation (Oxy), pero en la venta asumió que la indemnizaría por daños ambientales que eventualmente hubiera provocado. Esa firma tenía una planta industrial sobre el río Passaic, en Nueva Jersey, donde se producía un componente del denominado químico “agente naraja”, tristemente célebre por su uso durante la Guerra de Vietnam, y que es altamente contaminante.
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Años después, en 1995, la YPF aún sin privatizar compró Maxus. Nunca quedó claro porqué José Estenssoro, por entonces presidente de YPF, decidió esta compra, pero lo cierto es que Maxus tenía numerosos problemas y en lugar de otorgarle proyección internacional a la petrolera argentina que desde 1993 ya cotizaba en Wall Street pasó a depender del envío de fondos desde YPF para mantenerse. Y, para colmo, YPF "compró" también los compromisos de Maxus en su venta previa de Chemicals. Luego vino la privatización de YPF en manos de Repsol, que se desentendió prácticamente de Maxus. Y luego la reestatización, con lo que el Estado como accionista también heredó este problema.
La gestión de Miguel Galuccio en YPF ordenó un estudio sobre la situación real de Maxus. El tema fue seguido cuando Gallucio fue reemplazado por Miguel Ángel Gutiérrez como presidente de YPF, ya en tiempos de Mauricio Macri. Con ese informe en mano se decidió avanzar con la quiebra de Maxus. Uno de los temas clave era que quedaba pendiente la cuestión de la contaminación, compromiso asumido por Maxus antes de que fuera de YPF. El estado de Nueva Jersey denunció a Occidental Petroleum por la contaminación que generaba Chemicals y entonces Occidental Petroleum le reclamó a YPF que cumpliera lo acordado con Maxus y se hiciera cargo de esos daños ambientales de esa ex subsidiaria. Como YPF había comprado Maxus demandaban a la petrolera argentina por los daños ambientales que, denunciaban, eran de 14.000 millones de dólares.
El caso Maxus pintaba para ser de larga data, algo perjudicial para una compañía que cotiza tanto en Buenos Aires como en Wall Street ya que siempre quedaba el fantasma de la posibilidad de perder un juicio que involucrara todo el valor de sus acciones. En 2022 el entonces juez Christopher Sontchi resolvió que no se haciera un juicio abreviado sino un juicio con audiencias, más largo. Sontchi se retiró y fue reemplazado por el juez Craig Goldblatt. Pero a principios de 2023 las negociaciones para evitar el juicio se aceleraron y en abril llegó el acuerdo.
A principios de este año los juicios Maxus y nacionalización de YPF eran dos grandes riesgos sobre la petrolera argentina. En marzo la jueza Preska falló contra el Estado argentino pero no contra la empresa, una gran noticia ya que la eximía de cualquier pago en ese juicio. Y en abril YPF y el gobierno lograron un acuerdo por el caso Maxus que reducía la demanda de 14.000 a 575 millones de dólares a pagar a medias entre YPF y Repsol.
Puntualmente el acuerdo fue entre YPF, Repsol y el Fideicomiso de Liquidación Maxus. El 6 de abril pasado firmaron un acuerdo conciliatorio y de liberación, que significa que se daban de baja todos los reclamos contra la empresa argentina a cambio de un pago consensuado, todo sujeto a que lo aprobaran también las autoridades ambientales estadounidenses.
El acuerdo fue que el Fideicomiso de Liquidación Maxus desestimaría todas las demandas iniciadas a cambio de 575 millones de dólares a pagar a medias entre YPF y Repsol, 287,5 millones cada una más los intereses a partir del 1 de mayo de 2023.
YPF y Repsol se comprometieron también a no demandar al Departamento de Justicia de Estados Unidos, a la Agencia de Protección de Medio Ambiente y a los estados de Ohio y Wisconsin y viceversa, esos entes estatales firmaron también que no irán contra las empresas.
La empresa informó del pago a la Comisión Nacional de Valores y a la Securities and Exchange Commission (SEC, su homóloga de Estados Unidos).
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