En el último capítulo de la causa por la reestatización de YPF en la justicia de Estados Unidos el punto clave no es tanto la reciente decisión de la jueza Loretta Preska sino avizorar qué es lo que se viene con la gestión de Javier Milei en un tema al que le ha dedicado muchos de los títulos más rimbombantes.
En Estados Unidos las sentencias en casos como este son ejecutables a los pocos días. En septiembre la jueza Preska falló contra la Argentina y para el cálculo de la sentencia tomó todos los argumentos del fondo buitre Burford para llegar a la cifra de 16.000 millones de dólares. La Argentina apeló el fallo y reclamó que se suspenda la ejecución de la condena hasta que se resuelva la situación. Anteayer la jueza Preska aceptó a medias: dijo que estaba de acuerdo en suspender la ejecución del pago si el país ofrecía como prenda las acciones del Estado Nacional en YPF (el 51% del 51% reestatizado) y los créditos a favor que tiene el proyecto Yaciretá antes del 5 de diciembre.
¿Es una solución viable? En principio no, ya que cualquier movimiento con las acciones del Estado en YPF tiene que pasar por el Congreso. El artículo 10 de la ley de Expropiación del 2012 dice que "la expropiación de tales acciones es por causa de utilidad pública y que se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del H. Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros". Más allá de la discusión de las mayorías necesarias, lo concreto es que antes del 5 de diciembre el Congreso no va a sesionar y menos para este tema.
Al igual que en el juicio que hicieron los fondos buitre acreedores del país en esa misma sede (caso que resolvió Thomas Griesa, predecesor de Preska), el escenario más probable es que el país tenga que afrontar los próximos tramos de esta causa con una sentencia ejecutable vigente y riesgos de embargos. No hay, sin embargo, nada embargable que valga 16.000 millones de dólares. Es un punto muerto también para los especuladores de Burford.
Con este panorama y a pocos días del recambio presidencial, la gestión de esta causa quedará en manos del próximo Procurador del Tesoro, cargo para el cuál no hay hasta ahora ni un nombre trascendido. Y, dada la volatilidad de las afirmaciones del novel presidente, hasta que no exista una designación oficial publicada en el Boletín Oficial es difícil dar por válido que alguien tendrá un cargo a partir del 10 de diciembre. La experiencia previa con Mauricio Macri en la Procuración del Tesoro puede servir para aventurar el futuro de este organismo fundamental, ya que es la cabeza de los abogados del Estado. Macri desarmó el prestigioso equipo de Internacionales que defendía al país en estos casos; el actual Procurador Carlos Zannini lo rearmó con Sebastián Soler al frente de esa área clave. ¿Qué hará Milei con la defensa del Estado ante un fondo buitre?
En un escenario de continuidad con la actual gestión de defensa del país en esta causa, lo que tendría que encarar el gobierno de Milei sería una nuevo pedido de que se suspenda la ejecución de la sentencia ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. El Procurador del Tesoro que designe Milei también tiene que dar continuidad a la apelación de la sentencia en sí misma que ya hizo este Gobierno para proteger los intereses de la Argentina.
Milei dijo que tiene en sus plantes reprivatizar YPF pero no en el corto plazo. Habla de estabilizar la empresa para luego venderla más cara a la vez que reitera críticas a Axel Kicillof por este juicio. Los cálculos agregados de los que se jacta ser especialista el nuevo presidente no le dan la razón: aún si la Argentina tuviera que pagar esta sentencia injusta la reestatización de YPF le permitió financiarse en dólares a una tasa baja mientras recapitalizaba la petrolera de bandera y desarrollaba el potencial energético del país con Vaca Muerta como principal ejemplo. La cuenta completa de la reestatización de YPF es positiva aún con esta sentencia en contra. Siguiendo la lógica de Milei, si su idea es revalorizar la empresa no parece conveniente que el país pierda este juicio y menos que coloque las acciones del Estado Nacional como prenda para el pago de la sentencia ya que bajaría mucho su cotización.
Por otro lado, tal como informó El Destape, hace unas semanas el fondo buitre Burford puso de nuevo a YPF en la mira. En marzo pasado la jueza Preska había excluído a la petrolera la sentencia por su reestatización, en la que solo fue condenado el Estado argentino. La Argentina anticipó que apelaría y Burford amenazó que si eso sucedía su estrategia sería meter de nuevo a YPF en el expediente. El país apeló y el fondo buitre ahora hizo lo propio con la exclusión de YPF del pleito. Todo eso aún está en discusión. Tarea para el próximo presidente de la petrolera, que desde La Libertad Avanza dejaron trascender que se la entregarán a su principal financista en blanco de la campaña, Techint.
El motivo de esa maniobra de Burford no fue la actitud de la Argentina de defenderse frente a una sentencia injusta, tal como había anticipado. La verdadera razón es que consideran que es más fácil y rápido cobrarle a una empresa que cotiza en Wall Street que a un país soberano. Y, además, se trata de una compañía estratégica, cuyo valor es exponencialmente más alto que su cotización dadas las reservas en hidrocarburos con las que cuenta.
¿Por qué YPF estaba ya afuera del juicio y ahora Burford quiere meterla de nuevo? En primer lugar, hay que aclarar que la reestatización del 51% de YPF se hizo por ley del Congreso argentino. Eso fue lo que cumplió el gobierno de CFK, una ley. Pero, tal como ya detalló El Destape, cuando Carlos Menem y Roberto Dromi diseñaron la privatización de YPF dejaron una trampa en su estatuto. El artículo 7 de ese Estatuto estableció que si alguien adquiría el 51% de las acciones de YPF tenía que hacerles al resto del 49% de accionistas una oferta pública (una OPA) por sus acciones por un valor mucho mayor al que tenían. El objetivo era garantizarles a los accionistas privados que el Estado nunca volvería a tomar el control de YPF.
Esta cláusula, que habla de adquisición pero no de expropiación como efectivamente sucedió, es la que dejó la puerta abierta para este juicio. El gobierno de CFK cumplió con la ley de expropiación del 51% de YPF. Si hubiera hecho otra cosa hubiera violado la ley. Pero la Justicia de EEUU pone a un estatuto de una empresa privada por encima de una ley soberana, cosa que la Justicia argentina, con todas sus falencias, no haría. Lo único que miró la jueza Preska es si se cumplió el Estatuto de una empresa privada, todo lo demás no le importó.
¿Qué hará ahora Preska? Por lo pronto reconoce que hay cuestiones pendientes de resolver y por eso suspende la ejecución de la sentencia. Pero puso dos condiciones imposibles de cumplir. Historia abierta, pero ahora en manos de Milei.
Cerrar sesión