El fondo buitre Burford Capital, que compró el juicio por la expropiación de YPF, reconoció ante sus accionistas que la cifra final que tendrá que pagar la Argentina tras el fallo de la jueza Loretta Preska puede ser 3.350 millones de dólares menos que lo que pusieron a circular en la prensa. En concreto, pasar de 8.400 millones de dólares a 5.050 millones, un 40% menos. Burford tiene lo que festejar: aún con el cálculo más bajo tendrá una ganancia del 24.900% sobre los apenas 18 millones de dólares que invirtió en este juicio; pero para la Argentina ahorrarse 3.350 millones de dólares no es algo menor. El dato es fundamental ya que la jueza Preska no sólo no puso un monto sino que ni siquiera determinó la tasa de interés que tiene que aplicarse, dos puntos clave que la Argentina irá a discutir en los próximos meses.
En un comunicado a sus accionistas, Burford reconoce lo siguiente:
- “Inevitablemente, habrá diferencias entre estos escenarios hipotéticos y la realidad final. Además, por las razones expresadas anteriormente, incluida la probabilidad de un descuento sustancial si el Caso se resuelve a través de una resolución negociada, no los respaldamos como posibles resultados, sino que los presentamos únicamente para información del inversionista en función de la información actualmente disponible, y renunciamos a cualquier obligación de actualizarlos”.
¿A qué se refiere Burford con los “escenarios hipotéticos y la realidad final”? A que hay distintas formas de calcular el monto que deberá pagar la Argentina y ellos mismos proponen dos cuentas con 3.350 millones de dólares de diferencia. La jueza Preska no definió ni monto ni tasa. Y todo es apelable.
En el mismo comunicado Burford les advierten a sus accionistas:
- “Con una sentencia ejecutable en mano, los demandantes deberán negociar una resolución del asunto con Argentina, lo que sin duda resultaría en lo que probablemente sería un descuento sustancial en el monto de la sentencia a cambio del pago acordado, o emprender una campaña de ejecución contra Argentina, que probablemente sería de larga duración dependiendo de la experiencia en ejecución de sentencias de Burford y sus asesores. Burford no proporcionará públicamente ninguna información sobre sus estrategias de cumplimiento o liquidación”.
- “los asuntos de litigio a menudo se resuelven por un monto considerablemente menor que el monto de cualquier sentencia dictada por los tribunales”
- “el Caso continúa en litigio activo; todos los litigios conllevan riesgos significativos de incertidumbre e imprevisibilidad hasta la resolución final, incluido el riesgo de pérdida total”.
Con sus accionistas son más realistas que con la prensa comercial argentina que salió enseguida a festejar el fallo de Preska que condenó al Estado argentino, una muestra más de que para ese sector del empresariado y su correlato político, Juntos por el Cambio, la soberanía y la estabilidad monetaria tienen mucha menos jerarquía que el calendario electoral. Pero este caso aún no terminó y las cifras que se manejan son otras.
Un poco de historia para entender como se llega a esas cuentas. Como informó El Destape, todo parte de una trampa que dejaron Carlos Menem y Roberto Dromi en el Estatuto de YPF al privatizarla. El artículo 7 de ese Estatuto dejó plasmado que si alguien adquiría el 51% de las acciones de YPF tenía que hacerles al resto de los accionistas una oferta pública por sus acciones (en criollo, ofrecerse a comprar las acciones del otro 49%) por un valor mucho mayor al que tenían. Este punto, comprar las acciones a un valor superior, muy superior, es la clave de este juicio y tenía un objetivo: garantizarles a los accionistas privados que Menem buscaba atraer que el Estado nunca volvería a tomar el control de YPF.
En 2012 el Estado expropió el 51% que era de Repsol, no hizo esa oferta pública de acciones y la jueza Preska ahora dijo que tiene que indemnizar a accionistas minoritarios del otro 49%, el Grupo Petersen de la familia Eskenazi y el fondo Eton Park. El juicio, sin embargo, lo compró el fondo buitre Burford, que a su vez lo trozó y vendió buena parte pero siguió a cargo del litigio.
Hay que recordar que en este caso está en juego si un Estatuto de una empresa privada está por encima de una decisión soberana del Estado Argentino y de su Congreso, que votó la expropiación del 51% de YPF. En los tribunales argentinos, amén de los jueces serviciales, eso tiene una jurisprudencia clara en favor del derecho público; en los estadounidenses, tal como desmuestra el fallo de Preska, no. Y es por esto que el fallo de Preska condena al Estado al pago de una indemnización que aún no tiene monto ni tasa de interés pero libera de culpa a YPF como empresa, esta última muy buena y poco resaltada noticia para el país.
La clave de la cifra final de ese pago que tendrá que hacer la Argentina está en la fecha en que se considere que el Estado tomó el control de YPF a y ahí está la diferencia millonaria que el propio fondo buitre Burford reconoce.
La trampa en el Estatuto de YPF estipula que esa oferta de comprar las acciones en caso de que alguien se quede con el 51% de la empresa tiene 4 opciones de cálculo: A, B, C y D. Hay que pagar la que de más. Burford, en su demanda, pone lo que llama la “Fórmula D”, que es (obviamente) la cuenta que le da más beneficios. La jueza Preska les dio la razón. Es una fórmula compleja, donde el cálculo se hace en relación a la valor de las acciones y los ingresos de la empresa en los 4 trimestres previos a que se tendría que haber comunicado la oferta de compra de las acciones. Y la clave es que el valor es mucho más alto el 13 de febrero de 2012, donde quiere poner la fecha Burford, que a mediados de ese año, donde buscará colocarla el Estado.
El propio fondo buitre reconoce esta diferencia sideral de montos en el comunicado a su accionistas tomando en cuenta 2 fechas: una el 16 de abril, cuando CFK firmó el decreto que intervino YPF; otra el 7 de mayo de 2012, primer día hábil luego de que el Congreso votó la expropiación del 51% de las acciones. Según el fondo buitre se tienen que contar 40 días antes de alguna de estas fechas para el cálculo, por eso la primera la colocan en el 13 de febrero. El comunicado de Burford tiene que informar esto y muestra la diferencia de 3.350 millones de dólares entre una fecha y otra y dice:
- “El cálculo de los daños usando una fecha de aviso que es 40 días antes de la toma de control del 16 de abril de 2012 se incluyó en el escrito de juicio sumario presentado públicamente por los Demandantes e implicaría una consideración de oferta pública de adquisición de aproximadamente $7.5 mil millones para Petersen y $900 millones para Eton Park, antes de intereses . No hay evidencia presentada públicamente que realice el mismo cálculo durante 40 días antes del 7 de mayo de 2012, pero los datos públicos implicarían una consideración de oferta pública de aproximadamente $ 4500 millones para Petersen y $ 550 millones para Eton Park, antes de los intereses, aunque se necesitarán más análisis de expertos. necesarios para llegar a cifras precisas”.
Hay 3.350 millones de dólares de diferencia entre estas fechas reconocido por el propio Burford. Toda la prensa empresarial tomó como base los 7.500 millones por Petersen sumado a los 900 millones de Eton Park, lo que les daba un mínimo de 8.400 millones de dólares. Pero Burford dice que puede ser mucho menos y terminar en 5.050, unos 3.350 millones de dólares menos. Un 40% menos. Y eso sin contar si la Argentina puede discutir esa fecha y tirarla para más adelante.
A esto se suma que la jueza Preska tampoco determinó la tasa de interés y dijo que será entre el 6 y el 8%. El monto final, en definitiva, sigue abierto.
¿Por qué Burford reconoce esto públicamente? Porque se trata de un fondo buitre que cotiza en Bolsa y por lo tanto tiene que informar correctamente a sus accionistas más allá de lo que filtra a la prensa. Es cierto que tras el fallo de Preska su acciones subieron un 65% y tiene sentido: compraron la parte de Petersen por 18 millones de dólares y, aún en el cálculo menor que informan, cobrarán 4.500 millones por eso. Son 250 veces lo invertido, un 24.900% más. En el mismo comunicado el CEO de Burford, Christopher Bogart, dice que este juicio es uno de los 4 pilares de valor del fondo. Pero reconocen a su vez que las cifras que se discuten pueden estar muy por debajo de lo publicado. Y, pese a que los accionistas del fondo buitre festejen, para la Argentina 3.350 millones de dólares menos no es algo menor.
En su comunicado, Burford incluyó un comentario de Jonathan Molot, su Jefe de Inversiones que estuvo encima del caso YPF. Dijo que “Burford está en una posición única para perseguir este tipo de casos y asegurar ganancias para los clientes y ganancias sustanciales para los accionistas, no solo por su tamaño y escala, sino por los recursos internos y externos que podemos aportar de manera única”. ¿Cuales serán esos recursos externos? Molot agregó que este caso “representa de qué se trata Burford y ejemplifica la contribución que hacemos al sistema de justicia civil, sin nosotros no habría justicia en este complicado y prolongado caso de Petersen y Eton Park”. La contribución a la Justicia es que un fondo buitre gana un 24.900% más y pone en riesgo a un país.
Burford también reconoce lo obvio: que el caso va a tomar varios meses más hasta que tenga un número y una tasa de interés firmados por la jueza Preska. Y esto, obviamente, es apelable por la Argentina. En este punto Burford amenaza con volver a cargar contra YPF. “Después de ver la apelación de Argentina, los demandantes vamos a decidir si contra apelamos”, dicen en relación a la decisión de Preska de dejar afuera de la demanda a YPF.
Es otro punto clave: es más rápido cobrarle a una empresa privada, que cotiza en Wall Street, que a un Estado soberano. De hecho Burford ya podría empezar con embargos preventivos contra la Argentina pero serían puro show mediático; el país no tiene activos para embargar en el exterior para un juicio de semejante envergadura y si, por ejemplo, quisieran embargar un satélite, lo más probable es que el embargo dure 24 horas hasta que la jueza lo levante.
El fondo buitre dice en su comunicado que la resolución de una apelación demora alrededor de un año, pero que la “sentencia (de Preska) sería ejecutable mientras la apelación esté pendiente, a menos que Argentina deposite una fianza para garantizar su cumplimiento, lo que consideramos poco probable, o a menos que un tribunal conceda una suspensión relativamente inusual”. Según averiguó El Destape, lo inusual sería que un Estado soberano como la Argentina tenga que poner una garantía, a diferencia de si esto fuera un pleito entre privados. Y que la defensa argentina, cuando tenga que apelar, pedirá que se aplique un efecto suspensivo a la sentencia final de Preska.
El caso también puede llegar a la Corte Suprema de EEUU, pero Burford señala que el máximo tribunal de ese país ya rechazó tratar el caso cuando se dirimía si seguía en los tribunales de Nueva York o en los de Argentina. Es cierto y es muy probable que siga esa línea.
Ahora hay dos semanas para que Argentina y Burford digan como quieren seguir, aunque la jueza Preska ya anticipó que los dos temas que faltan, el monto y la tasas de interés, se resolverán en audiencias que serán más cerca de fin de año.
Hubo, luego de la sentencia, muchos ataques a Axel Kicillof, actual gobernador bonaerense y ministro de Economía en 2012, al momento de la expropiación de YPF. Se lo acusó de que el fallo de la jueza Preska es producto de que se hizo mal la toma de control de YPF. Lo cierto es que Burford reclama el mismo monto que si se hubiera hecho esa oferta pública por el 49% de las acciones en 2012. Pasaron más de 10 años y la Argentina no sólo no tuvo que pagar nada aún sino que pudo rearmar YPF, poner en marcha Vaca Muerta, proyectar hacia la exportación de gas y petróleo, colocarse como un jugador clave en energías renovables y litio y generar ganancias. Ahora hay una sentencia pero sin monto y con una tasa de interés que estará, según la jueza, entre el 6 y el 8%. No parece tan mala la decisión ejecutada por Kicillof; incluso si hay que pagar, hasta se puede leer que se financió en dólares a más de 10 años con una tasa menor a la de otros préstamos. Y eso sin contar que aún falta mucho, incluso años, para empezar a pagar.
El vaso medio vacío
El fallo de la jueza Preska, si bien condenó a la Argentina, dejó algunos puntos que no fueron resaltados por la prensa empresarial y que tienen una lectura positiva para el país y para YPF en detrimento de los intereses del fondo buitre Burford.
En primer lugar, tal como informó El Destape, que YPF no fue condenada. Eso es buena noticia para la empresa y también para el país. Burford pretendía que se sancionara a la empresa por no haber obligado al Estado argentino a respetar la trampa Menem-Dromi en el Estatuto. La jueza Preska dijo que esos Estatutos “no obligan a YPF para hacer cumplir los requisitos de la oferta pública de adquisición o sanciones por no hacerlo”. El comunicado de Burford dice que “sin embargo, no se habrían pagado daños adicionesles si YPF también hubiera sido declarada responsables”. Es cierto, pero lo que no dicen es que es una muy mala noticia para ellos, ya que una empresa privada tiene bienes embargables a disposición, que es mucho más rápido y efectivo cobrarle a una compañía y que cobrarle a un país les va a costar mucho más, en especial en tiempo.
Que YPF quede exonerada de cualquier pago no solo beneficia a la empresa sino al país; no hay chance de soberanía energética sin una petrolera controlada por el Estado, que apueste a la inversión en proyectos como Vaca Muerta, la producción de GNL o el litio tanto para consumo interno como para exportaciones que generen dólares. Un fallo adverso la hubiera colocado en un riesgo casi letal.
La segunda cuestión positiva, como tampoco consignaron la enorme mayoría de los medios, es que la jueza Preska condenó a la Argentina por no realizar la oferta pública de acciones que marcaba la trampa Menem-Dromi del Estatudo de YPF pero descartó que el país actuara de mala fe. ¿Qué significa esto? Burford demandó al país por ambas cosas y dijo que el gobierno de CFK hizo una campaña deliverada para bajar el precio de las acciones de YPF para pagarlas más barato. ¿En que se basó? En notas periodísticas, notable coincidencia con los fundamentos de las causas de lawfare. Pero Preska rechazó ese argumento, con lo cuál no solo no afectó la reputación del país sino que redujo el cálculo del monto final.
La tercera, que la jueza Preska dice que “no puede cuantificar los daños compensatorios de los Demandantes” porque no tiene clara la fecha en la cuál Argentina debería haber hecho esa oferta pública para comprar las acciones de los Eskenazi y Eton Park. Por eso la fecha es clave y será materia de puja entre la Argentina y el fondo buitre Burford.
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