El fondo buitre Burford puso de nuevo a YPF en la mira. En marzo pasado la jueza Loretta Preska había excluído a la petrolera la sentencia por su reestatización, en la que solo fue condenado el Estado argentino. La Argentina anticipó que apelaría y Burford amenazó que si eso sucedía su estrategia sería meter de nuevo a YPF en el expediente. El país apeló y el fondo buitre ahora hizo lo propio con la exclusión de YPF del pleito.
¿Significa que YPF vuelve a estar inmediatamente adentro del juicio? No. Es apenas un primer paso. Tanto la Argentina como Burford avisaron un intención de apelar pero en el sistema estadounidense los argumentos se presentan más adelante.
El motivo de esta nueva maniobra de Burford no es la actitud de la Argentina de defenderse frente a una sentencia injusta, tal como había anticipado. La verdadera razón es que consideran que es más fácil y rápido cobrarle a una empresa que cotiza en Wall Street que a un país soberano. Y, además, se trata de una compañía estratégica, cuyo valor es exponencialmente más alto que su cotización dadas las reservas en hidrocarburos con las que cuenta.
¿Por qué YPF estaba ya afuera del juicio y ahora Burford quiere meterla de nuevo? En primer lugar, hay que aclarar que la reestatización del 51% de YPF se hizo por ley del Congreso argentino. Eso fue lo que cumplió el gobierno de CFK, una ley. Pero, tal como ya detalló El Destape, cuando Carlos Menem y Roberto Dromi diseñaron la privatización de YPF dejaron una trampa en su estatuto. El artículo 7 de ese Estatuto estableció que si alguien adquiría el 51% de las acciones de YPF tenía que hacerles al resto del 49% de accionistas una oferta pública (una OPA) por sus acciones por un valor mucho mayor al que tenían. El objetivo era garantizarles a los accionistas privados que el Estado nunca volvería a tomar el control de YPF.
Esta cláusula, que habla de adquisición pero no de expropiación como efectivamente sucedió, es la que dejó la puerta abierta para este juicio. El gobierno de CFK cumplió con la ley de expropiación del 51% de YPF. Si hubiera hecho otra cosa hubiera violado la ley. Pero la Justicia de EEUU pone a un estatuto de una empresa privada por encima de una ley soberana, cosa que la Justicia argentina, con todas sus falencias, no haría. Lo único que miró la jueza Preska es si se cumplió el Estatuto de una empresa privada, todo lo demás no le importó.
En este marco es que la jueza Preska, en un primer fallo de marzo pasado donde estableció las bases de lo que sería luego su sentencia, condenó al Estado pero dijo que esos Estatutos “no obligan a YPF para hacer cumplir los requisitos de la oferta pública de adquisición o sanciones por no hacerlo”. O sea, para Preska YPF no tuvo la culpa de que el Estado argentino no cumpliera el estatuto privado de la empresa. En ese primer fallo Preska también estableció que “la República perjudicó a los demandantes porque tenían derecho a recibir una oferta pública que les hubiera proporcionado una salida compensada, pero no lo hizo”. En criollo, culpó a la Argentina pero no a YPF por incumplimiento del estatuto tramposo. Eso dejó a salvo a YPF.
En septiembre, cuando la jueza Preska firmó su sentencia, solo condenó a la Argentina. Burford festejó ya que, tal como detalló El Destape, de todos los cálculos posibles para una sentencia tomó los que le daban una suma de más de 16.000 millones de dólares. La Argentina siempre dijo que tenía que pagar cero y apeló.
Burford habia amenazado con ir contra YPF si la Argentina apelaba el fallo en su contra. El país es evidente que no podía aceptar la sentencia de primera instancia, con lo que era un apriete sin sentido. Argentina apeló y ahora Burford apela la decisión de la jueza Preska de salvaguardar a la petrolera de este caso. YPF informó de la decisión de Burford en un comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y dijo que "continuará defendiéndose conforme el procedimiento legal aplicable y las defensas disponibles".
Hay que recordar que Burford nunca fue accionista ni parte de YPF. ¿Qué pasaba en 2012, cuando CFK impulsó la recuperación del control de YPF para el Estado? Argentina comenzaba a tener problemas en materia energética y la YPF controlada por Repsol no tenía una mirada estratégica sobre el desarrollo productivo en el país sino que su negocio era la rentabilidad rápida y la fuga de esas ganancias hacia la sede central. Es más: la defensa argentina en este juicio, a cargo de la Procuración del Tesoro (PTN) mostró datos de cómo Repsol y los Eskenazi se repartían dividendos por encima de las ganacias de YPF: un 118% entre 2006 y 2001. Mientras tanto, entre 2001 y 2011 bajó su producción un 41% en petróleo, un 23% en gas, sus reservas de crudo bajaron un 66% y las de gas un 82%. Estaba en juego, como decía el título 1 de la ley de expropiación, la soberanía hidrocarburífera del la República Argentina. Juntos por el Cambio no se llamaba así, pero sus diputados y senadores votaron en contra, entre ellos Patricia Bullrich, Laura “técnicamente no es delito” Alonso, Federico Pinedo y Ramón Puerta.
¿El fondo buitre Burford Capital era dueño de acciones de YPF en 2012, cuando el Congreso votó la expropiación del 51% de la empresa que tenía la española Repsol? No. Los accionistas minoritarios eran la familia Eskenazi y el fondo Eton Park. ¿El juicio lo inician los Eskenazi y Eton Park en 2012, cuando el Estado expropia el 51% de las acciones de YPF? No. Empezó en 2015 y lo empujó el fondo buitre Burford Capital, cuyo negocio es la compra de juicios multimillonarios como este. Burford Capital le compró a los Eskenazi el 70% de los derechos de indemnización de ese juicio por 15 millones de euros, por entonces unos 18 millones de dólares. Y ahora logró una sentencia por más de 16.000 millones, unas 888 veces más.
¿Por qué Burford compró el juicio? Los Eskenazi se habían endeudado con Repsol y el Credit Suisse para quedarse con el 25% de YPF y pagaban esa deuda con los dividendos que sacaban de la empresa. Cuando el Estado recuperó la conducción de YPF y empezó a reinvertir los dividendos en lugar habilitar su fuga los Eskenazi dejaron de pagar su deuda, la empresa española desde la que operaban quebró y finalmente le vendieron el juicio a Burford. El dato es importante porque se pasó de un sistema de bicicleta financiera y desinversión a que YPF comandara el desarrollo de Vaca Muerta y su rol en el mercado, clave para el desarrollo energético del país. El negocio especulativo, sin embargo, se mantuvo: Burford toma este caso como una inversión financiera, no productiva.
Los que en estos días afirman que la decisión de CFK y Axel Kicillof hace que la Argentina pierda dinero en este juicio ocultan no sólo la relevancia del cambio de rumbo de YPF, que habilitó entre otras tantas cuestiones el desarrollo de Vaca Muerta, sino que fue José Alfredo Martínez de Hoz quien habilitó que los juicios contra el país se hagan en el extranjero (algo, vale decir, que ningún gobierno posterior modificó) y que fueron Menem y Dromi quienes diseñaron su privatización con cláusulas que impidieran su recuperación por parte del Estado mientras firmaban decenas de tratados de protección de inversiones extranjeras (que tampoco ningún gobierno posterior modificó). La decisión de CFK y Kicillof significó soberanía energética; las de Menem, Dromi y Martínez de Hoz especulación y tribunales de Estados Unidos que habilitan un saqueo por parte de un fondo buitre que opera desde guaridas fiscales y obtendrá ganancias de más de un 20.000% respecto de lo que pagó por este juicio sin generar un litro de petróleo ni un puesto de trabajo. Incluso si el país tiene que pagar se puede leer que se financió en dólares a más de 10 años con una tasa menor a la de otros préstamos y con eso apuntaló Vaca Muerta y el desarrollo energético.
Burford sabe todo esto y ahora va de nuevo por YPF.
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