Por culpa de Macri, cientos de familias todavía no tienen su vivienda en la Ciudad

La relación política entre los gobiernos nacional y porteño goza de buena salud en medio de la pandemia por el coronavirus, pero hay un punto conflictivo que no parece encontrar una solución aún: el desarrollo urbanístico Estación Buenos Aires del plan Procrear. El expresidente Mauricio Macri cambió las condiciones del programa en 2019 y dejó al Estado en una posición que la gestión actual no piensa aceptar.

El complejo de 2396 departamentos forma parte de la línea de Desarrollos Urbanísticos que ofrece el esquema de acceso a la vivienda que ideó el kirchnerismo en 2012.  El predio consta de un terreno de 18 hectáreas ubicado en el límite de Parque Patricios y Barracas, entre las calles Amancio Alcorta, Miravé, Lavardén y Luna. Se trata del Desarrollo Urbanístico más grande del país.

El mismo comenzó a ejecutarse en 2013, luego de la cesión de tierras nacionales y el financiamiento del Estado a través del Banco Hipotecario. Fue en el marco de un impulso habitacional que emprendió la gestión de Cristina Kirchner. De hecho, también dio inicio el desarrollo urbanístico ubicado en los terrenos ferroviarios aledaños a la estación Sáenz del ferrocarril Belgrano Sur.

En aquel momento, Nación se hizo cargo de todos los costos correspondientes, incluida hasta cuotas de ABL adeudas por décadas. Además, dispuesto a las reglamentaciones legales de la jurisdicción porteña, del total del terreno en el que se desarrollaron las construcciones, el Gobierno le cedió el 65% del espacio verde a la Ciudad. 

Bajo su modalidad clásica, la implementación de Procrear en la Ciudad parecía un círculo virtuoso para ambas partes. Pero todo cambió en febrero de 2019, cuando la gestión de Macri dividió el control del otorgamiento de unidades habitacionales entre Nación y Ciudad exclusivamente para este proyecto. 

Según lo dispuesto por el convenio firmado el 15 de febrero del año pasado, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) debe llevar a cabo los procesos de inscripción, selección y preasignación de "los interesados en adquirir las viviendas". Por su parte, el Banco Hipotecario figura como fiduciario, mientras que el acuerdo es completado por el Banco Ciudad, entidad responsable de otorgar los créditos UVA de hasta 30 años y a una tasa preferencial para los seleccionados.

El origen del conflicto

Desde Nación apuntaron que el problema yace en la destrucción del espíritu del programa. Procrear se convirtió en un intermediario entre el Estado y el sector financiero, a partir del sistema de créditos UVA.  

El crédito que otorga el Banco Ciudad a los beneficiarios se fija por un sistema de scoring a través del IVC, y no con sorteos a través de la lotería nacional, como era originalmente. Inmediatamente que se le otorgara el crédito a cada familia, el banco iba a pagarle el valor de esa vivienda al Procrear. En teoría, esto iba a servir para que el fondo fiduciario del programa pudiera contar nuevamente con recursos para seguir construyendo otras viviendas. Aquí yace el conflicto más grande.

Es que el fondo fiduciario de Procrear está compuesto en su mayoría por activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, por lo cual hasta 2015, el organismo previsional invirtió en Procrear a partir de Valores Representativos de Deuda. Claro, el método incluía la obligación de que ese fondeo sea devuelto por el programa Procrear una vez consumadas las obras.

¿Qué sucedió? En Nación explicaron que se encontraron con 380 viviendas entregadas en el marco de este convenio, con todos los gastos y costos afrontados por Procrear, y donde no se había recuperado un solo centavo por estas unidades habitacionales. El monto se estima en más de 1500 millones de pesos, que había sido invertido por el Estado a través del FGS.

Sin embargo, ese dinero no se recuperó porque el nuevo convenio firmado con la Ciudad estipula que solamente Procrear iba a cobrar si las viviendas estaban en condiciones de ser escrituradas. Según pudo saber El Destape, el Gobierno sostiene que esas viviendas no estaban en condiciones de ser escrituradas, por lo cual se entregaron pero el dinero no se cobró. 

En este juego de posiciones, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat a cargo de María Eugenia Bielsa se encuentra firme en su posición. En ese sentido, la idea de reestructurar y modificar el convenio toma cada vez más fuerza, ya que lo consideran pésimo para los intereses del Estado nacional.

Por su parte, la Ciudad permanece en la postura de traspasarle la responsabilidad de adjudicación de viviendas a Nación. Además, remarcan que más de 700 viviendas ya fueron asignadas, mientras que esperan que Hábitat prosiga normalmente con los trámites restantes. 

Los perjudicados

Pero en el medio de esta disputa quedaron las familias que esperan su vivienda y que esperan una resolución para seguir adelante. Los damnificados afirman que los sorteos pueden realizarse de manera virtual, como así la entrega de la documentación también. 

Hace algunas semanas, las autoridades de Nación y Ciudad se reunieron para acelerar los procesos de firmas de boletos y entregas de viviendas para aquellos que tengan tipología asignada. Pero la dilatación de los tiempos continúa y por ese motivo, las personas perjudicadas harán una caravana en auto desde la Avenida Belgrano y 9 de julio para expresar su enojo.

La respuesta del Gobierno es tratar de eximir a las familias del conflicto y respetar sus derechos, ya que no tienen ningún grado de culpabilidad. En marzo se entregaron cerca de 200 viviendas bajo estas condiciones y se prevé que 84 beneficiarios reciban su viviendas en las próximas semanas, por lo que insisten que de su parte no se interrumpieron los procesos.

Sin embargo, lo que si puntualizaron en Nación es que necesitan mayores certezas sobre los valores de las viviendas, la conformación de los listados de adjudicatarios y el análisis de todos los requisitos y condiciones de transparencia y seguridad.

Ahora restará saber cómo avanzan las negociaciones durante las próximas semanas para saber que pasará con el futuro del convenio y cómo afectará esta negociación a la línea de entendimiento bajada por el presidente, Alberto Fernández, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.