El Gobierno nacional oficializó el Decreto de Necesidad y Urgencia que extiende hasta el 31 de marzo el congelamiento de alquileres, prórroga contratos y suspende desalojos. Además aumentó de seis a doce el número de cuotas para saldar deudas por diferencia de precio o falta de pagos con el objetivo de generar una política de desendeudamiento para las familias que acumularon números en rojo durante todo el año de pandemia del coronavirus. La semana pasada desde Inquilinos Agrupados aseguraron que "dos meses es un tiempo que da un aire suficiente para que las familias" no pierdan su hogar.
Cómo adelantó El Destape, la norma prorroga el congelamiento del precio de las locaciones de los contratos de locación de inmuebles hasta el 31 de marzo y rige para cada cuota mensual. Además, extiende la vigencia de los contratos de locación con vencimientos pactados por contrato durante la vigencia del decreto. Se abren varias opciones: los inquilinos podrán hacer uso de estos dos meses para permanecer en sus hogares aún con el acuerdo finalizado; dar por cerrado el mismo antes del 31 de marzo o mantener la fecha pactada.
Estas disposiciones se aplican a inmuebles destinados a vivienda única urbana o rural; habitaciones destinadas a vivienda familiar o personal en pensiones, hoteles u otros alojamientos similares; inmuebles destinados a actividades culturales o comunitarias; inmuebles rurales destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias; inmuebles alquilados por personas adheridas al régimen de Monotributo, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria; inmuebles alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión; inmuebles alquilados por Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) y por Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el INAES.
Uno de los puntos más importantes es la prórroga de la suspensión de desalojos, también hasta el 31 de marzo. La misma rige para todo el territorio nacional y alcanza a los lanzamientos ya ordenados y que no se realizaron antes de la fecha de entrada en vigencia del decreto.
Además determina la extensión del número de cuotas para abonar deudas, ya sea por congelamiento de actualizaciones o falta de pago mensual. Los saldos negativos generados por la diferencia entre el monto acordado contractualmente y el efectivamente aplicado - o sea, sin aumentos semestrales - se podrán saldar en doce meses con pagos mensuales, iguales y consecutivos a partir de la finalización del decreto y sin intereses. En tanto, las deudas generadas por falta de pago también podían abonarse en 12 cuotas pero con intereses compensatorios.
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Para evitar inconvenientes por los puntos regulados, el DNU e invita a las provincias y la Ciudad a establecer la mediación previa y obligatoria, en forma gratuita o a muy bajo costo con el fin de dar resolución a controversias vinculadas a la aplicación de la norma.
Finalmente, instruye al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat a, en forma coordinada con los Entes Ejecutores de los proyectos de viviendas construidas con aportes del Estado, destinar un cupo de éstas para ser transferidas en propiedad a grupos familiares que sean locatarios de hogares único, familiar, habitual y permanente.
La semana pasada, cuando se conoció la decisión del Gobierno de extender el Decreto, desde Inquilinos Agrupados aseguraron que se trata de "una medida necesaria y urgente que debía tomar el gobierno. Dos meses es un tiempo que da un aire suficiente para que las familias no sean desalojadas y para que el gobierno pueda implementar un plan de control y cumplimiento de la ley de alquileres y reglamente los artículos que faltan de la ley, por ejemplo el registro de contratos en la AFIP".
Al respecto, Gervasio Muñoz, referente de esa organización, sostuvo que “el mercado inmobiliario está acostumbrado a fijar sus propias reglas, aumentar precios, elegir a quien le alquila y a quien no, e incumplir decreto y leyes. El mercado inmobiliario es uno de los grandes responsables de la crisis habitacional en Argentina". Para visibilizar la problemática, esta semana generaron una intervención artística en Plaza de Mayo bajo la consigna "Nos quedamos".
El decreto original, el 320/20, se firmó y publicó el 29 de marzo del año pasado, nueve días después de iniciada la cuarentena obligatoria porque la emergencia sanitaria "torna de muy difícil cumplimiento, para una importante cantidad de locatarios y locatarias, hacer frente a sus obligaciones en los términos estipulados en los contratos, redactados para una situación muy distinta a la actual, en la que la epidemia producida por el coronavirus ha modificado la cotidianeidad, los ingresos y las previsiones de los y las habitantes del país".
En los fundamentos, el Gobierno consideró que las "medidas adoptadas por el presente decreto son razonables, proporcionadas con relación a la amenaza existente, y destinadas a paliar una situación social afectada por la epidemia, para evitar que se agrave y provoque un mayor deterioro en la salud de la población y en la situación social". Luego, con los mismos argumentos, la norma se extendió en septiembre hasta el 31 de enero del 2021 para volver a prorrogarse hasta abril.
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