El gobierno nacional reabrió el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) con el objetivo de actualizar la información sobre los barrios existentes en el país y avanzar en los procesos de urbanización. Así lo anunciaron este lunes el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, y la secretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño.
El registro se había cerrado en 2016 y reúne información de 4.416 villas y asentamientos de todo el país. Con la apertura se incorporarán todos aquellos que se crearon hasta diciembre del 2018 y permitirá incluir las ampliaciones de los perímetros de los barrios e incluir los que tienen más de 2000 habitantes -el censo anterior era desde los 10 mil habitantes-, para contemplar también los asentamientos rurales.
El registro permite acceder al Certificado de Vivienda Familiar, solicitar los servicios, acceder a las políticas de integración urbana y otros beneficios. El ministro Arroyo prometió “transformar la realidad de los barrios populares en la Argentina".
“Estamos poniendo en marcha una política de Estado”, dijo Arroyo durante un encuentro virtual junto a organizaciones sociales, religiosas y ONGs.
Arroyo resaltó que "la urbanización de los barrios populares potencia el desarrollo local y es un gran plan de empleo". Se trata de "uno de los tres ejes" centrales de la gestión, según aseguran en Desarrollo Social, en coordinación con provincias y municipios.
El cálculo del gobierno es lograr la urbanización de unos 400 barrios por año, lo que equivale a una década ininterrumpida de y sin retroceso para lograr la regularización de todas las barriadas. Actualmente están en marcha procesos de urbanización en 130 barrios populares de todo el país.
Desde el ministerio aseguran que las obras benefician a 60 mil familias y crean “decenas de miles de puestos de trabajo”.
De acuerdo al decreto 358/17 se considera barrios populares a aquellos que se encuentren integrados por un mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de la población no cuente con título de propiedad ni con acceso regular a por lo menos dos de tres servicios básicos: red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y red cloacal.
La secretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño, resaltó la importancia de la participación de Techo, Cáritas y las organizaciones sociales “tan presentes y vivas en el corazón de cada barrio”.
Miño destacó la necesidad de identificar los barrios que quedaron fuera del registro para poder obtener datos concretos que permitan planificar políticas de corto, mediano y largo plazo. “Esta actualización habilita a que las familias de los barrios puedan acceder al registro y tener el certificado de vivienda emitido por la Anses, y de esta manera pedir los servicios básicos necesarios para vivir dignamente”, agregó la funcionaria.
Para el secretario de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Esteban "Gringo" Castro, la apertura del Renabap es “una gran necesidad porque en el momento en que creó el registro todavía estaban vigentes condiciones que permitían los desalojos de las familias, que por suerte se frenaron”.
Castro señaló también que “los barrios populares son el resultado de una política de descarte que generan los gobiernos liberales".
Desde Desarrollo Social remarcaron que el registro es el primer paso para avanzar con proyectos de integración social y urbana que garanticen mejoras en los barrios, el acceso a servicios públicos, la creación de lotes con servicios y regularización de la tierra en favor de los vecinos.
La integrante de Cáritas, Rosa María López, destacó el anuncio como "un logro enorme”, y celebró la continuidad del registro porque “quedan muchos barrios todavía y la verdad que caminar juntos posibilita buscar soluciones, que se puedan garantizar viviendas dignas para las personas que no tienen techo”.
Desde la Fundación TECHO, Fernanda Drucker, agradeció la posibilidad de participar del registro y destacó “la consolidación del Renabap como política de Estado”.
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