El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se metió en el debate (?) por la propiedad privada en la Argentina. Se pronunció a favor de lo que nadie cuestiona, la defensa a esa propiedad privada, y pidió atender, al mismo tiempo, otra problemática que (casi) nadie pone en discusión: el déficit habitacional de la Argentina. Un drama de muchos años. Dijo en Twitter que un derecho no puede ser en desmedro del otro y que “generar suelo urbano asequible, urbanización e integración social” es una “urgencia”. El problema con el que se topa ese argumento es la realidad porteña donde, como explicó Nicolás Lantos el domingo pasado, se persigue la gentrificación: torres y más torres que elevan el valor de las propiedades de esa zona y las lindantes. Que son exclusivas y excluyentes. Todo ésto en un territorio que se caracteriza por tener una población inquilina, déficit y (aunque no lo crean) también subsidios habitacionales. Sí, eso que le critican a Kicillof.
La Ciudad también subsidia
Esta semana se generó un debate feroz por el subsidio que el Gobierno bonaerense le da a las familias en situación de vulnerabilidad para evitar tomas. Son hasta $50.000 según el grupo familiar. Algo que no quedó del todo claro cuando se comunicó y generó una oleada de fake news. No se trata de montos fijos sino de montos otorgados según las necesidades (alguien puede necesitar $15.000 y otro $50.000). Un plan de asistencia que ya existía y estaba desactualizado en montos. Ahora bien, la Ciudad tiene una política similar desde 2006. El tope máximo es de $96.000 en doce cuotas, también según las características de los beneficiarios.
Para las personas que vivan solas, el subsidio será de $5.000 mensuales; para familias de dos integrantes, de $6.000; para tres miembros, de $7.000; para cuatro o más integrantes o grupos integrados por alguna persona con discapacidad, de $8.000. También está la opción de pagar la totalidad en una sola cuota si ésto genera una solución habitacional definitiva.
Fuentes del Ministerio de Desarrollo y Hábitat de la Ciudad explicaron a El Destape que cada seis meses se realiza un seguimiento de las personas que son parte de un desalojo para ver en qué situación están y si pudieron mejorar con ese subsidio. En caso de necesitar su continuidad después de los 12 meses estipulados, se puede prorrogar sin tope. La situación es distinta para los que opten el pago de $96.000 en una sola cuota. Deberán firmar una declaración jurada comprometiéndose a no querer volver a ingresar al programa.
Jonatan Baldivieso, abogado y presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, dijo a este medio que éste “es un sistema perverso, en el mundo debe ser una de las pocas políticas públicas que ha generado tantas demandas contra el gobierno”. Aseguró que le valió cinco mil procesos judiciales y cinco mil derrotas, ya sea por problemas para acceder al mismo, por el fin de la asistencia o porque el valor está muy por debajo del de mercado y, básicamente, no alcanza para nada. Si alguien puede alquilar algo por $8.000 al mes, es casi mago.
Por eso, y como ya contó El Destape en otras notas, uno de los problemas más grandes es el déficit habitacional. Más torres lujosas no se traducen en una solución sino en una herramienta de especulación. “Uno de cada 7 vive en villas, uno de cada 6 tiene problemas habitacionales”, dijo Baldivieso. “El Gobierno empezó a construir viviendas en barrios populares pero esos procesos comenzaron en 2016, ahora están terminando y haciendo relocalizaciones. Se enfocaron en esos complejos habitacionales y habrán solucionado el problema de unas cuantas personas pero no van a llegar a cubrir el incremento de familias en barrios. Cuando uno construye y no regula el mercado, siempre vas a ir de atrás, apagando el fuego”. O sea, creció mucho más la población de los barrios populares que la cantidad de viviendas.
Todos inquilinos
Según un informe del Observatorio de la Vivienda de la Ciudad, de 2018, el 35,1% de los porteños son inquilinos. Casi cuatro de cada diez personas. Mientras que el 52,2% son propietarios de la vivienda y el terreno y un 12,7% lo es sólo de la vivienda. En los últimos 14 años la proporción de hogares inquilinos creció 11 puntos porcentuales (pasó de 23,9% en 2003 a 35,1% en 2017) y los hogares propietarios han decrecido en casi iguales proporciones (64,4% en 2001 y 52,2% en 2017). O sea, menos dueños, más inquilinos.
Sin el ánimo de bajonear a nadie, pero con los datos en la mano, la situación no pareciera mejorar. El sueño de la casa propia es cada vez más lejano. Así lo muestran números oficiales del Gobierno porteño. A fines de 2006 se necesitaban 248 salarios mínimos para comprar una vivienda (sin especificar de qué tipo ni metros cuadrados), o sea casi 21 años si se invertía ese ingreso de forma completa. A principios de 2019 se necesitaron 562 SMVM, o sea 47 años. Un poco más del doble.
En tanto, si hablamos de un sueldo medio, en 2015 se necesitaban 283 salarios para acceder a una vivienda en la Ciudad, casi 24 años para ser propietario. A principios del año pasado, ese número subió a 504 ingresos, hablamos de 42 años. También, casi el doble.
Costa Salguero y el modelo de Ciudad
La venta de Costa Salguero, aprobada en diciembre del año pasado, fue frenada por una medida cautelar y no hay plazos certeros para saber cuándo habrá sentencia firme sobre el tema. Mientras tanto, avanza el cambio del uso de esas tierras para habilitar un negocio inmobiliario. El próximo 27 de noviembre habrá una audiencia pública no vinculante pero que, si suma muchos rechazos sociales, puede generar algún cambio (la inscripción es acá).
Todo este proceso se trata de “una disputa de sentidos sobre cómo se entiende la ciudad”, explicó Baldivieso. Ese organismo fue uno de los que impulsó la medida cautelar para frenar la venta de Costa Salguero. “La Justicia dio un apoyo. Los jueces están diciendo que es inconstitucional, no es un criterio urbanístico”, explicó y remarcó que los magistrados se hicieron eco de la repercusión mediática que tuvo la cuestión para dar su visto bueno al parate de entrega de tierras públicas. Ésto, interpretó, “debería traducirse en que debería archivarse todo” dado que no tiene sentido avanzar en negociados inmobiliarios, en construcciones enormes si la tierra no puede quedar en manos privadas porque el Estado no lo va a hacer.
Baldivieso interpretó que las políticas porteñas se basan en un eje muy marcado, con un “trasfondo inmobiliario y una orientación a realizar la mayor cantidad de transferencias de lo público a lo privado. Es una política neoliberal vinculada a la concepción de las ciudades”, algo que calificó como “infinitamente peor” a lo que ocurrió en los 90 porque se están privatizando servicios públicos, transfiriendo costos a la ciudadanía (proyecto para que las bicicletas sean pagas los fines de semana), recolección de residuos o un acceso deficitario al sistema público de salud y de educación que empuja a los ciudadanos a buscar soluciones privadas.
Esta visión, vinculada a la vivienda, crea sectores con mucha capacidad de accesos a bienes y servicios sobre suelos con valores altos al resto de la ciudad. Y son éstos los que funcionan como variable de comparación para determinar los otros valores. Así, “arrastra al resto de la ciudad e incluso el AMBA porque el precio lo van fijando los sectores más ricos que son los que tienen más acceso a servicios públicos”.
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