En el último año hubo 411 asesinatos estatales, de los cuales 348 ocurrieron después del 20 de marzo, cuando comenzaron las medidas de aislamiento por la pandemia. Los datos corresponden al Informe de la Situación Represiva Nacional que elabora Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) cada año desde 1996, aunque por primera vez sin un acto público en Plaza de Mayo, sino a través de una transmisión especial desde el auditorio de ATE.
En el archivo se incluyen “todos los casos de muerte de una persona en aplicación de la política represiva o la utilización de los recursos del aparato estatal, en cualquiera de las modalidades, por parte de todas las fuerzas, y la represión tercerizada".
Desde la organización aclaran que “no es un trabajo pulido y perfecto” y que este año, por las restricciones a la circulación, tuvieron dificultades adicionales para las tareas de registro y chequeo.
El trabajo ubica en primer lugar las muertes en cárceles, comisarías o bajo custodia del Estado. Detectaron 272 casos (66,18%) en lugares de encierro. Las víctimas fueron Federico Rey, en Florencio Varela; José Candia, en Corrientes; Marcelo Montenegro y Dardo Yapura, en Jujuy.
El denominado “gatillo fácil” ocupa el segundo lugar, con 103 casos, lo que representa el 25,06% del total. Luego las muertes intrafuerza o intrafamiliar, con 17; bajo otras circunstancias, con 12, entre las que se incluyen las desapariciones forzadas; y “causa fraguada o consecuencia de otros delitos”, con 7 casos.
Los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri y la gestión de Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad dejó las cifras de asesinatos estatales más altas desde 1983, con 1.831 muertes, una cada 18 horas.
El informe reconoce también algunas medidas y señales del gobierno de Alberto Fernández, como la derogación de la llamada “doctrina Chocobar” de Bullrich; la prohibición del uso de las epistolar Taser, la eliminación del programa “Ofensores en trenes” y del Servicio Cívico Voluntario en Valores. También la derogación de otra reglamentación de Bullrich con la prohibición para efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de portar armas fuera de su horario de servicio.
Otra medida reconocida por Correpi fue la derogación del Protocolo de detención de personas del colectivo LGBT, también creado por Bullrich. La ministra Sabina Frederic anuló esa medida por considerar que refuerza la "criminalización" y "da un marco de simulada legalidad a prácticas abusivas y violatorias de los derechos humanos".
En la última semana también se endureció la restricción de portar armas para agentes de fuerzas de seguridad con denuncias por violencia de género. El ministerio de Seguridad reforzó una medida vigente desde 2012.
A pesar de esas medidas, desde Correpi advierten que no se avanzó en tomar otras igual de urgentes para reducir la intervención represiva de las fuerzas, y cuestionaron la designación de Sergio Berni como ministro de Seguridad bonaerense.
La presentación estuvo a cargo de María del Carmen Verdú e Ismael Jalil, abogados y referentes de Correpi. "Este año, cuando más se esperaba privilegiar un modelo de contención social desde todos los niveles del estado, en el mejor de los casos se optó por un mix en el cual el modelo policial copó la parada", dijo Verdú. La consigna del Informe 2020 de Correpi fue “Las necesidades del pueblo son esenciales, ¡la represión no!”.
"Cerrando este año 2020, de tan graves consecuencias para la totalidad del pueblo trabajador, ratificamos que la política represiva no es un fin en sí mismo, sino la herramienta para imponer el control social y el disciplinamiento cuando el consenso no alcanza", aseguró Jalil.
El informe destaca también cuatro desapariciones forzadas seguidas de muerte: Facundo Astudillo Castro y Francisco Cruz, en la provincia de Buenos Aires, Luis Espinoza, en Tucumán, y Carlos Orellano, en Santa Fe.
El listado de fuerzas de seguridad responsables de las muertes del último año registradas por Correpi está encabezado por el Servicio Penitenciario, con 57,66% de los casos. Las policías provinciales están en segundo lugar, con el 29,20%. Le siguen la Policía Federal Argentina con el 5,35%, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, con el 5,35%, Gendarmería Nacional con 3 casos y uno a cargo de un agente de seguridad privada
Con estos datos actualizados, el Archivo de Casos de Personas Asesinadas por el Aparato Represivo del Estado que elabora Correpi suma 7.587 muertes desde 1996. En el último año sumaron los 411 registros durante el 2020, y 85 casos de años previos.
También participaron de la presentación Noemí Robelli, mamá de Leo Sotelo, asesinado en diciembre de 2016 por el policía bonaerense Giuliano Armando Fattori, y Gloria Páez, mamá de Carlos Abregú, asesinado en marzo de 2013 por el policía federal Aníbal Alejandro Aguirrez Manzur.
"Fue muy duro. No pudimos salir a la calle a visibilizar los casos que se fueron en la pandemia. En cárceles y comisarías, en Guernica, hubo mucha represión. Mucha policía en las calles, en nuestros barrios", dijo Noemí.
"Con pandemia o sin pandemia, siempre persiguen a los pibes en los barrios”, advirtió Gloria, y denunció que "la policía se apropió de las barriadas, la gente se sentía intimidada por la policía en las calles”.
El trabajo de archivo comenzó en 1996 cuando Delia Garcilazo, mamá de Rodolfo “Fito” Ríos, propuso hacer una lista de todos los asesinados por las fuerzas de seguridad en todo el país desde el final de la última dictadura, en respuesta al gobierno de Carlos Menem que negaba los casos que ya denunciaba la organización.
"La prueba más contundente del valor de esta herramienta para las luchas populares son los esfuerzos de tantos gobiernos nacionales y provinciales a lo largo de los años para intentar desacreditarla, como intentó no hace mucho la ex ministra de Patricia Bullrich", dijo el abogado Ismael Jalil.
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