La represión a integrantes de la comunidad Qom de la localidad de Fontana, en Chaco, a manos de efectivos de la policía provincial volvió a poner en agenda una problemática que está enraizada y es urgente erradicar: la violencia institucional. El presidente Alberto Fernández definió lo sucedido como algo “inaceptable” y “una deuda de la democracia" y celebró el apartamiento de los efectivos involucrados por parte del gobierno local. También se refirió a la necesidad de “trabajar más profundamente” en la cuestión ya que no fue un caso aislado. Hubo otros hechos en San Luis, Santiago del Estero y Tucumán, donde se produjo la desaparición forzada seguida de muerte de Luis Espinoza. En diálogo con El Destape, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, manifestó su preocupación sobre el tema, explicó los proyectos que están trabajando para abordar la problemática y salió al cruce de las críticas de Cambiemos. “La violencia institucional es uno de los ejes más importantes que vamos a trabajar”, asegura el funcionario nacional, que sufrió esa violencia en carne propia: es hijo de desaparecidos, fue apropiado durante el Terrorismo de Estado y restituido por las Abuelas de Plaza de Mayo.
-Hubo una serie de sucesos represivos alarmantes en los últimos días, como los que acontecieron en Chaco y Tucumán, por ejemplo. ¿Cuál es la posición de la secretaría al respecto y cómo se está trabajando para abordar la problemática?
-En el caso de Chaco, apenas nos enteramos tuvimos contacto con la secretaría de DD.HH. de la provincia, que ya está interviniendo, y tratamos de vincularnos con la familia. La provincia iba a anunciar que va a ser querellante en la causa y que estaba brindando atención psicológica a la familia. En el caso de Tucumán, donde la provincia pasó a disponibilidad a los policías que intervinieron en la desaparición seguida de muerte de Luis Espinoza, nosotros con nuestro abogado de la delegación en Tucumán, Carlos Garmendia, tuvimos contacto con la familia. Nos pusimos a disposición de ellos. Cuando apareció el cuerpo el abogado de la secretaría de DD.HH. estaba ahí. En el caso de San Luis también estamos en contacto con las familias y la fiscalía. Estamos presentes en muchos casos que no llegaron a tener conocimiento público, por eso nos sorprende la posición de Cambiemos, que hace un uso político de estas situaciones. Agarramos una secretaría de DD.HH. diezmada, que no tenía contacto con los familiares, que aplaudía la doctrina Chocobar. Es el colmo que Cambiemos haya sacado un comunicado en contra de la violencia institucional cuando gobernaron 4 años y tuvieron casos de violencia institucional paradigmáticos. Nosotros estamos convencidos que esta es una problemática que hay que erradicar de la democracia. Y hay que ser muy firmes. Es una deuda de la democracia y nosotros pecamos a veces tal vez de no poder articular cuando tuvimos la posibilidad sobre estos temas. Estábamos tal vez señalando una comisaria porque ahí había habido un secuestro y torturas en la dictadura y nos íbamos felices y quizás en esa comisaría a la noche torturaban a un pibe de barrio. Estamos trabajando y poniendo los recursos del Estado para erradicar esto. Es importante la formación de las fuerzas en materia de DD.HH. Vamos a impulsar una ley para que todas las fuerzas del país se capaciten en DD.HH. Los estándares debemos volver a subirlos”.
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¿De qué constaría el proyecto de ley para formar a las fuerzas?
El 8 de mayo que es el día de la lucha contra la violencia institucional, íbamos a lanzar una campaña muy grande pero nuestra agenda se vio interrumpida por la pandemia. No pudimos lanzarla. El proyecto de formación de las fuerzas lo tenemos casi listo. De hecho, hay provincias que nos están pidiendo formación, por ejemplo. La idea es que un curso armado para las fuerzas de seguridad que lo dictará la secretaría de DD.HH. que sí o sí tienen que tener aprobado los que quieran ingresar a la fuerza. Y los que están en funciones deberán cursarlo, más allá del curso de DD.HH que puedan tener en la carrera de la policía local. La idea es que esto se tiene que acordar a nivel país.
¿Molestó mucho la crítica de Cambiemos respecto a los casos de violencia institucional?
Nunca les importó el tema y hoy que está en la agenda internacional por lo que pasa en Estados Unidos sacan un comunicado como si fuera una de sus banderas. Tenemos esta problemática, obvio, pero con un Estado que tiene muy claro que quiere combatir la violencia institucional. Los que hoy están arengando son los que aplaudieron la doctrina Chocobar por cuatro años y no recibieron a las familias de las víctimas, al contrario, las escuchaban, las perseguían. Además desdibujaron la dirección de violencia institucional de la secretaría. Redujo el personal, vaciaron el programa que daba asistencia a las víctimas. No tenemos abogados, está vacía esa área.
Respecto a la problemática de las domiciliarias a represores en el marco de la pandemia, que provocó un comunicado de diversos organismos de DD.HH. ¿cuál es la posición de la secretaría?
Nosotros somos querellantes en muchas de las causas de lesa humanidad y como tales, en cada pedido de liberación o domiciliaria que se le quería dar a un genocida nos pedían la opinión. Los organismos de DD.HH. y peritos de parte fueron a la cárcel de Ezeiza y las unidades y hospitales donde están alojados a ver el estado de situación y la verdad es que el análisis es que se puede contener a las personas mayores allí. Según las recomendaciones de los organismos internacionales de DD.HH, la domiciliaria en casos de lesa humanidad es el último recurso.
La Comisión y la Corte Interamericana de DD.HH recomiendan, en el marco del COVID-19, prestar atención a los presos que integran los grupos de riesgo, entre otras cosas, por el hacinamiento que hay en las unidades penales pero fueron muy restrictivos en los casos de delitos graves, en general.
Entendiendo eso, nosotros actuamos en consecuencias. Creo que nos abocamos a llevar adelante lo que son las recomendaciones que nos daban. A nosotros en este tema nos molesta la doble vara: nadie se horroriza con que le den la domiciliaria a los represores, que después además, la violan. Son personas que violaron, secuestraron, robaron bebés, tiraron personas vivas desde aviones. Ahora, con el preso común todo el mundo se horroriza. Nunca hubo una voluntad del gobierno nacional de hacer liberaciones masivas, como se dijo.
En la Cámara Federal de Casación Penal el nivel de rechazo a las domiciliarias en el marco de la pandemia supera el 90% pero en la sala II se benefició a varios represores.
Es que esa es la doble vara.
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