Esta semana ingresó en Diputados un proyecto de ley que tiene por objetivo “prevenir y erradicar la violencia institucional” ejercida por las fuerzas de seguridad, policiales y del Servicio Penitenciario. El texto, presentado por diputados nacionales del Frente de Todos, establece la creación de centros de recepción de denuncias y de un Registro Nacional de Violencia Institucional.
Contempla un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos y prohíbe la portación de armas letales en manifestaciones públicas. Además, refuerza como prioritario el acompañamiento psicológico y la asistencia jurídica especializada y gratuita a las víctimas.
El texto del proyecto de Ley Integral Contra la Violencia Institucional señala que los casos de gatillo fácil, torturas y desaparición de personas representan “un flagelo heredado de la dictadura militar”, una deuda democrática que aún no fue saldada por los diferentes gobiernos constitucionales.
La iniciativa fue firmada y presentada esta semana por un grupo de legisladores del Frente de Todos, encabezados por Paula Penacca, presidenta de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja, el diputado nacional y presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, Hugo Yasky, y el diputado Leonardo Grosso, integrantes de las dos comisiones.
"Es una deuda de la democracia trabajar en políticas de Estado para erradicar la violencia institucional y además prevenirla, y hay muchas herramientas que pueden construirse por ley”, explica Paula Penacca a El Destape.
El texto reconoce que la erradicación definitiva de la violencia institucional no podrá lograrse por la simple sanción de una ley. La intención es generar un marco normativo a una serie de políticas públicas y dar la señal desde todo el arco político de que “el Estado Argentino no está dispuesto a tolerar más violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de sus fuerzas policiales y de seguridad”. Se plantea como un nuevo consenso democrático plasmado en una ley.
Hay dos aspectos centrales: abordar el comportamiento de la propia fuerza, y reforzar la protección a las víctimas.
En primer lugar, señalan que es clave que el Estado nacional y las provincias dispongan de áreas específicas para recibir denuncias de casos de violencia institucional, y poner en marcha una respuesta inmediata. Para eso, se crearían los Centros de Recepción de Denuncias de Violencia Institucional atendidos por personal civil ajeno a las fuerzas de seguridad. La ley dispone de acompañamiento psicológico y asistencia jurídica gratuita.
El proyecto no plantea modificaciones del Código Penal, pero sí en el régimen disciplinario de la fuerza para romper los comportamientos corporativos. Por ejemplo, las fuerzas no podrán brindar patrocinio jurídico institucional a sus miembros sean investigados por un supuesto delito de violencia institucional.
La ley establece también una serie de principios básicos sobre el empleo de armas de fuego y armas no letales. Además, deja expresamente prohibido que los agentes que actúen en concentraciones o manifestaciones públicas porten armas letales, estén o no en contacto directo con los manifestantes.
“La represión ha sido corriente en el marco de protestas populares en nuestra historia democrática y no podemos permitir que siga sucediendo”, advierte el texto. También obliga a portar una identificación clara de los agentes en los uniformes, y prohíbe la participación de personal de civil y el uso de móviles no identificables en operativos preventivos de manifestaciones.
Otro de los problemas que el proyecto intenta resolver es la dispersión o falta de información oficial, centralizada y sistematizada de los casos de violencia institucional que ocurren en todo el país. Ordenar esos datos sería el desafío del Registro Nacional de Violencia Institucional. “Nos va a permitir tener un diagnóstico federal adecuado para seguir pensando nuevas políticas públicas”, señala la diputada Penacca.
La iniciativa propone, además, la creación del Programa Nacional Contra la Violencia Institucional de asistencia en formación, capacitación y reentrenamiento en Derechos Humanos y en regulación del uso de la fuerza para las fuerzas, en el ámbito de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que será de implementación obligatoria para todas las jurisdicciones.
Los contenidos de esa formación deberán basarse en las obligaciones internacionales contraídas por el Estado argentino en los distintos tratados y convenios sobre derechos humanos, y considerar especialmente los derechos de niños y niñas, adolescentes, mujeres y las personas mayores; las personas con discapacidad, con afectaciones a la salud mental o con consumo problemático de sustancias; las personas migrantes, las personas discriminadas por su orientación sexual, identidad o expresión de género, los pueblos originarios y otros grupos vulnerados.
La idea de avanzar en una ley de violencia institucional había sido anticipada por Máximo Kirchner cuando estaba caliente el caso de Facundo Astudillo Castro y las sospechas sobre el accionar de la Policía Bonaerense. En la misma línea se habían comprometido, en agosto de 2020, Frederic y Pietragalla ante las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
El diputado Hugo Yasky señaló en la presentación que el objetivo es “revertir parte de los efectos del discurso del odio que naturaliza tanto la represión a la protesta social como la criminalización de la pobreza que se intenta mostrar en algunos medios como atributo de autoridad”.
El otro autor del proyecto, Leonardo Grosso, destacó que la ley “viene a plantear un reconocimiento público y político del problema de la violencia institucional, que no es una bandera coyuntural ni un elemento para tirar dentro de la ‘grieta’. Venimos a hacernos cargo de que existe, no tenemos doble vara”.
El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, destacó que cuando “hay reglas y normativas claras, es muy difícil que las fuerzas puedan correrse de eso, independientemente de la conducción política de turno”.
La iniciativa se presentó en un acto virtual donde también participaron diputados nacionales, tanto del Frente de Todos como de otros bloques, legisladores de la Ciudad, el ex juez de la Corte Suprema y miembro de la CIDH, Eugenio Zaffaroni, la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós, funcionarios del poder ejecutivo, referentes de organizaciones vinculadas a los derechos humanos, familiares y abogados de víctimas de la violencia institucional.
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