María Belén Guevara, de 27 años, fue desalojada junto a sus cuatro hijos y golpeada por la Policía de la Ciudad en la madrugada del viernes 15 de enero. Una veintena de efectivos, en un operativo desproporcionado, ingresaron a uno de los complejos de viviendas de la Villa 31 que deben ser entregadas por el gobierno porteño, y la detuvieron. A ese maltrato le siguió un raid de traslados por distintas comisarías porteñas y durante largas horas nadie supo a dónde la habían trasladado.
La joven estaba en situación de calle tras ser expulsada por no tener el dinero suficiente para pagar el alquiler de una pequeña habitación en el mismo barrio. Se había refugiado en el lugar para proteger a su familia durante una noche de fuerte temporal en la ciudad. Belén colabora en un comedor comunitario del barrio y es militante del MTR 12 de Abril. Sus hijos pequeños -el mayor tiene 9 años- están al cuidado de uno de sus tíos, también en la Villa 31.
Más de cien organizaciones de derechos humanos, sociales y sindicales reclaman su libertad inmediata y la señalan como un caso testigo de las cientos de mujeres empobrecidas que sufren situaciones similares, en un contexto de profunda crisis habitacional y social en la capital del país.
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“Hacemos responsables de su detención y maltrato a la Policía de la Ciudad y de las lesiones producidas por esta fuerza de seguridad”, advierte el comunicado que firma la Campaña por Un Verano Sin Violencia Institucional, un grupo de organismos que se unieron en diciembre de 2020 preocupados por la "desigualdad" que, según denuncian, genera el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
Ramiro Geber, abogado de Belén y co-presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos CABA, señala que “una vez más se está criminalizando la pobreza”. En diálogo con El Destape, explica que la mujer “tuvo que ir de alquiler en alquiler, de casa en casa, porque nadie le quiere alquilar con los 8 mil pesos una vivienda mensual para ella sus cuatro chicos”.
El abogado advierte que “es uno de los casos testigos de la deficiencia institucional en cuanto a la política habitacional del gobierno de Larreta”. Según relató, la casa que ocupó Belén esa noche de lluvia es parte del complejo de viviendas que “está por ser asignado a distintas familias, entre ellas a Belén, y que el gobierno demora en entregarlas”.
“En ese mismo núcleo habitacional se guarneció para protegerlos de la lluvia, con un colchón. Estuvo un día y medio. Hubo un operativo policial, con armas largas, entraron a la casa, golpearon a Belén y después la detuvieron, los chicos terminaron con uno de los tíos que vive en el barrio”, señala Gerner.
La detuvieron por el delito de usurpación y tiene una causa pendiente por hurto. “La fiscalía actuante de esa causa dice que Belén elude en forma sistemática el actuar de la justicia porque no brinda un domicilio donde ser notificada, pero ella vive en la calle”, explica el abogado de Belén.
Las legisladoras del Frente de Izquierda Alejandrina Barry y Myriam Bregman, que preside la Comisión de Violencia Institucional de la Legislatura porteña, presentarán un repudio a la detención de Belén Guevara. “No podía pagar más el alquiler y en una noche de tormenta tuvo que entrar en una casa con sus hijos, llevada por una necesidad extrema. El desalojo fue muy violento por parte de la policía, fue golpeada”, advierte Barry a El Destape.
La legisladora señala que “es una situación desesperante que viven miles de mujeres y de familias” en la Ciudad de Buenos Aires. Barry es operadora social en la Villa 21-24 y destaca que en los barrios “es imposible pagar un alquiler, son mujeres que se quedaron sin trabajo y el subsidio habitacional sigue siendo el mismo desde hace un año”.
Crisis habitacional en la Ciudad
La crisis habitacional en la Ciudad, con alquileres inalcanzables, la sufren especialmente los sectores más empobrecidos con desalojos violentos en pensiones, hoteles informales y habitaciones en construcciones precarias. Fue un drama constante durante el último año en una crisis agudizada por la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales.
El estallido de contagios de Covid-19 en las villas durante el 2020 mostró una notable desigualdad con el resto de los barrios porteños. El hacinamiento, sumado a la falta de servicios básicos como el agua potable, cloacas o conexiones eléctricas seguras, representan un combo trágico para cientos de familias durante la pandemia. Ante el rebrote de casos registrado en las últimas semanas, como reconoció el propio Horacio Rodríguez Larreta, la precariedad de esas miles de familias aún no fue solucionada.
“Una vez más se está criminalizando la pobreza, porque una vez más es el mismo Estado el que por un lado le está tramitando una casa para sus hijos, una ayuda que nunca llega, y por el otro lado el mismo Estado le reprocha que no tiene casa”, dice el co-presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos CABA, Ramiro Geber.
El abogado de la joven responsabiliza al Poder Judicial “que define como “clasista, para ricos”, y al gobierno porteño por ofrecer “promesas que nunca llegan”, además de construir “grandes negocios inmobiliarios, incluso en las villas de la Ciudad, donde se muestran paredes pintadas pero sin cloacas, agua potable ni servicios”.
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