Se realizarán peritajes sobre el patrullero Toyota Ethios secuestrado este martes en la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) de Bahía Blanca, en búsqueda de rastros biológicos, huellas u objetos dentro del vehículo que puedan pertenecer o vincularse a Facundo Castro. Se trata de un móvil policial que realizó un “movimiento inusual y sospechoso” en la zona donde fueron hallados los restos humanos.
El patrullero estuvo detenido durante 35 minutos a 800 metros de donde estaba el esqueleto, con “saltos” llamativos de tiempo y espacio, según un informe de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, tras el análisis de geolocalización del vehículo que había solicitado la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querellante institucional en el caso. El recorrido fue realizado el 8 de mayo, alejado por varios kilómetros de su rutina, como ya informó El Destape.
También harán peritajes a tres teléfonos celulares pertenecientes a agentes policiales de la dependencia, y sobre la documentación en papel y libros de guardia para verificar si se advierten adulteraciones, tal como ordenó la Fiscalía Federal N°1 de Bahía Blanca.
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Mientras se esperan los resultados de la autopsia, la investigación adquirió otra velocidad esta semana con una serie de movimientos y medidas de prueba en sintonía con la exigencia de los abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio, en lo que podría significar un cambio de actitud del fiscal Ulpiano Martínez, recusado en dos oportunidades por la querella. Sin embargo, la relación con la familia está rota, y este miércoles la propia Cristina Castro denunció al fiscal ante la Procuración General de la Nación por irregularidades en la causa.
Fuentes del caso analizaron que “el ruido aumentó esta semana con Cristina en Buenos Aires, tal vez eso despertó al fiscal”. El cambio de ritmo en el caso se dio en simultáneo con la reunión de la madre de Facundo con el presidente Alberto Fernández, en Olivos, una conferencia de prensa en la sede de Amnistía Internacional Argentina, un encuentro con el secretario de Derechos Humanos de la Nación y otro con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, este jueves en La Plata.
Además, según se informó oficialmente desde la fiscalía, la empresa de monitoreo Megatrans S.A. deberá extraer el GPS o AVL del patrullero secuestrado y realizar el peritaje para constatar si el dispositivo sufrió modificaciones o desperfectos técnicos. El comunicado destaca que se le requirió a la empresa “que explicara las anomalías advertidas en los registros, cómo es el funcionamiento del GPS incorporado al móvil, que indicara si el vehículo en cuestión posee cámara 360° y que aportara cualquier otra información que pudiera resultar de utilidad para la investigación”.
Por otra parte, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Poder Judicial de la Nación (DAJUDECO) deberá informar sobre los registros de llamadas entrantes y salientes, entre el 30 de abril y el 30 de mayo, de los números de teléfono de los celulares secuestrados.
La comisión del área de Ciberdelito de la Policía Federal Argentina extraerá datos de los dispositivos con la tecnología UFED y enviarán la información a la División Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la PFA y a la DATIP.
El fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez pidió al Centro de Monitoreo de Villarino (CeMoVi) información de cámara ubicada en el acceso a Colonia La Merced, a pocos metros del límite entre los partidos de Bahía Blanca y Villarino, y que en ese sitio de control el Municipio tenía instalado un scanner facial. Deberán enviar las grabaciones del 10 al 16 de agosto.
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