Un diputado de JxC violentó verbalmente a una fiscal de Salta y fue denunciado

El diputado de Juntos por el Cambio de Salta Martín Grande es conocido por incitar a la población a tomar dióxido de cloro en plena pandemia, por estar en contra del aborto y por comparar a las mujeres con marsupiales. Ahora, el legislador que se candidatea a senador, violentó verbalmente a la fiscal Verónica Simense por llamarlo a declarar como testigo de una causa de corrupción y la calificó de "atorranta", un insulto misógino y degradante. 

En una entrevista con FM Noticias 88.1, el legislador tildó a la fiscal como "atorranta" por “llamarlo a declarar a pesar de tener inmunidad de opinión” en el marco de la causa de facturas apócrifas en la Municipalidad de Salta. Grande siguió con su monólogo ante el silencio cómplice de los dos periodistas, Agustín Poma y Alexis Miranda, quienes no le llamaron al atención al diputado por violentar de esa manera a una funcionaria de la justicia. 

"Recién me llegó un mensaje de la fiscal, de que no caza brujas, pero parece que caza brujos. A pesar de que tengo libertad de opinión porque hablé del tema Burgos me llevó a declarar. Es una ineficiente funcionaria que te lleva a declarar sin tener nada para declarar. Yo nunca me voy negar a declarar, pero tengo libertad de opinión y me lleva a mí a declarar cuando es ella la que tiene que llevar a declarar  a Burgos y a sus cómplices. Es una incapaz, es una mal ejemplo. Me parece a mi una atorranta", despotricó Grande en el programa radial.

Inmediatamente, la fiscal se hizo eco de la situación y repudió la actitud del legislador a través de su cuenta de Twitter: "Ahora también me trata de 'atorranta'. Un Diputado Nacional que se dirige hacia una mujer en esos términos (aunque ya me había dicho que era una mentirosa y otras expresiones) no merece el más mínimo respeto. Basta de violencia hacia las mujeres!". Y criticó: "Mejor que se dedique a trabajar que poco y nada hizo en la Cámara. Ud si debería dar cuentas de su trabajo".

En tanto, Grande ensayó una especie de disculpas en sus redes, pero que no da cuenta de su violencia verbal ni de su misoginia:  

No es la primera vez que el diputado expresa un discurso violento y misógino. En plena pandemia, incitó a los y las salteñas a tomar dióxido de cloro para tratar el coronavirus, a pesar de que científicamente está comprobado de los daños que provoca al cuerpo. Además, fue uno de los militantes "anti-derechos" en el debate histórico del 2020 por el aborto legal. No sorprende su violencia, pero sí que nadie le llame la atención. 

La fiscal denunció al diputado Grande

En diálogo con El Destape, la fiscal Simense confirmó que realizó una denuncia penal contra Grande en el Juzgado de Violencia Familiar y Género en el cual se inició una serie de medidas cautelares que van desde que el diputado asista a capacitaciones en el marco de la Ley Micaela y y que se abstenga de realizar algún tipo de manifestación contra la funcionaria judicial. 

"Primero, le pedimos que se abstenga de realizar algún tipo de acto de violencia verbal hacia mi persona y a nombrarme, que se lo obligue a capacitarse con la Ley Micaela, que borre el tuit donde me vuelve a tratar de 'atorranta'", especificó la fiscal e indicó que la denuncia fue "enmarcada dentro de la violencia simbólica y mediática, no solo porque es diputado nacional, sino también porque es un comunicado social a través de su radio".

"Es espantoso que ocurran cosas así todavía. En diciembre, ya se había referido a mí en términos de que soy material descartable, ineficiente en mi trabajo y una serie de cosas que no se pueden permitir", manifestó la magistrada. Además, explicó que la violencia con la que se refirió el diputado en la entrevista radial tiene con que fue "citado a declarar como testigo en el marco de una denuncia penal, ya que expresó y daba a entender que conocía a quienes podían estar involucrados en esta causa de corrupción".

Ahora, se espera que el juzgado actúe y haga lugar a la denuncia. "Hay que repudiar estos actos y estos tratos que sufrimos las mujeres", expresó Simense.

La Ley Micaela fue aprobada en 2018 y establece la "capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado", es decir el poder judicial, legislativo y ejecutivo. Parece que el alcance de la ley a los legisladores aún no llegó.