El Procurador interino, Eduardo Casal, hizo un movimiento repudiable en vísperas a su salida del cargo de jefe de fiscales por no haber cumplimentado el procedimiento legal para ocupar esa silla. En una Resolución, le "recomendó" a trece fiscalas no volver a reunirse con el Ministro de Justicia, Martín Soria, y les pidió que canalicen, de ahora en más, cualquier duda por vías institucionales pertinentes. Si bien el documento no tiene efectos ni institucionales ni políticos, tal como explicaron desde esa cartera, generó mucho repudio porque la nueva gestión apunta a implementar la perspectiva de género en el Poder Judicial. Las funcionarias del Ministerio Público Fiscal respondieron rápidamente a tal repudiable situación y apuntaron contra un "carácter discriminatorio contra las mujeres" dado que es habitual que tengan lugar este tipo de interacciones.
El 12 de abril, Soria se reunió con un grupo de fiscalas en un encuentro que fue público y cuyo temario se difundió en distintos canales de comunicación, incluso medios hegemónicos. No se trató de una cuestión secreta, como las que supo tener Mauricio Macri con el juez Gustavo Hornos o el fiscal Mariano Borinsky, con quienes se vio en Casa Rosada y la quinta presidencial de Olivos en innumerables ocasiones para llevar adelante el lawfare en Argentina.
En el encuentro, Soria y las fiscalas abordaron la necesidad de incorporar la perspectiva de género en el Sistema de Justicia y el rediseño institucional del Ministerio Público Fiscal. Las funcionarias judiciales expresaron una homogénea voluntad de acompañar la “mejor Ley posible” para transformar el Ministerio Público Fiscal. "Es la primera vez que se inicia una gestión en Justicia con prioridad en agenda de género. No es poco como gesto político y lo tomamos como un compromiso", sostuvo Mariela Labozetta, titular de la UFEM (Unidad Fiscal de Violencia contra las Mujeres), una de las presentes en la reunión.
Tras el encuentro, la abogada María Florencia Arietto, elevó una presentación ante la Procuración junto a la presidenta del PRO Patricia Bullrich, para intentar acusar "que las magistradas podrían haber cometido una falta grave por “Asesorar o evacuar consultas fuera de los casos inherentes al ejercicio de su función”, o una falta leve consistente en “Incumplir las tareas o funciones asignadas en el área donde se desempeñan, de conformidad con la misión del Ministerio Público Fiscal de la Nación”", según consta en la resolución de Casal, y solicitaron un sumario.
Si bien el Procurador interino no advirtió que las fiscalas hayan ido en nombre del Ministerio Público, sí analizó que "no puede pasarse por alto" que "se pueden generar situaciones equívocas en tal sentido", respecto a un debate sobre la modificación de la ley que regula al organismo y que continúa esperando su tratamiento en la Cámara de Diputados, ya con media sanción del Senado.
En cuatro páginas, Casal resolvió "recomendarle" a las fiscalas "que, en lo sucesivo, canalicen las inquietudes de este tenor por las vías institucionales pertinente". Esto se interpretó como una expresión opaca en términos institucionales, repudiable en términos políticos y una foto descolorida de un tiempo que quedó atrás ante la inminente salida de Casal.
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La respuesta
Con una nota, las fiscalas le respondieron a Casal y le manifestaron su "profunda preocupación por el dictado de una Resolución que entendemos que tiene un carácter discriminatorio contra las mujeres". Recordaron que las interacciones entre integrantes del Ministerio Público Fiscal con autoridades ejecutivas y legislativas son innumerables en la historia, muchas con repercusión pública.
Incluso, recordaron que días después de la reunión, Soria estuvo con otros fiscales en tres eventos diferentes con características idénticas: una charla "sobre la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público". Por eso, analizaron que "la única diferencia entre los tres eventos fue que la reunión protagonizada por mujeres tuvo por finalidad conversar sobre una agenda de género en la justicia. Y fue la única respecto de la cual se entendió que podía resultar equívoca en términos institucionales".
Desde Justicia dejaron claro algo, la perspectiva de género es uno de los lineamientos rectores de esta gestión y de eso se charló en el encuentro. Las fiscalas explicaron que esa agenda es "una demanda social que nos toca representar hasta el máximo de nuestros esfuerzos y capacidades como mujeres integrantes de un sistema judicial que no ofrece una respuesta adecuada frente a las violencias por motivos de género".
Esa falta de perspectiva de género no sólo se evidencia en la ausencia de respuestas, o respuestas tardías, sino en el uso del lenguaje y en la participación de mujeres en la impartición de Justicia. "Usted dirige un organismo en el cual las mujeres no alcanzan ni el 30% de los cargos de fiscales", sostuvieron las funcionarias y agregaron que "la necesidad de trabajar para revertir el lugar minoritario y subordinado que ocupamos las mujeres no admite dilaciones".
Las firmantes son las fiscalas Gabriela Baigún, Laura Belloqui, Cecilia McIntosh, Indiana Garzón, Josefina Minatta, Mariela Labozzetta, Virginia Miguel Carmona, Cinthia Oberlander, Iara Silvestre, Ana Russo, Maria Schianni y María Hermida.
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