Cada 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) dispuso este día en honor a la lucha de las hermanas militantes dominicanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo, del cual eran opositoras.
Las hermanas Mirabal se convirtieron en nuestra América Latina en un símbolo contra la violencia de género. Violencia que asume múltiples formas: la trata de personas, el maltrato, el acoso, la violencia sexual, laboral, económica, institucional y psicológica. Todas estas formas son violaciones a los derechos humanos que afectan al 70% de las mujeres alrededor del mundo. Violencias que trascienden diversidades políticas, económicas, de clase. Las violencias contra las mujeres son transclasistas, persistentes. Pero no inexpugnables.
Es nuestra responsabilidad desde el Estado trabajar todos los días para erradicarlas. Construyendo acciones y políticas públicas que fortalezcan y articulen la perspectiva de género en los tres poderes, en todos los organismos y niveles de gobierno. Desde la Secretaría de Innovación Pública creemos firmemente que la apropiación de la tecnología, las herramientas y sistemas digitales agilizan el rol del Estado como actor fundamental para evitar la discriminación, para promover la diversidad y para remover patrones socioculturales sexistas que fomentan y sostienen las desigualdades de género.
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Si nombrando identificamos las violencias, renombrando podemos erradicarlas. Por eso, desde la Subsecretaría de Innovación Administrativa realizamos tareas de relevamiento y análisis para definir un protocolo de implementación de lenguaje igualitario con perspectiva de género aplicable al diseño de trámites, documentos oficiales, de trabajo y a la interfaz gráfica del sistema integral de documentos electrónicos de la Administración Pública Nacional. Con la implementación de este protocolo, estamos incorporando el lenguaje inclusivo en la plataforma integral de Gestión Documental Digital, en los canales de asistencia y soporte a las personas usuarias, manuales, instructivos de uso y capacitaciones.
El paso siguiente es la concientización. En este sentido fue vital la promulgación de la Ley Micaela (N° 27499), en 2018, que estableció la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres y diversidades para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Con formación, con capacitación, dialogando, encontrándonos, intercambiando, debatiendo, podemos deconstruir comportamientos naturalizados desde el sector público hacia toda la sociedad. Para aplicar esta ley, la tecnología también marcó la diferencia. Gracias al trabajo en conjunto con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad pudimos desarrollar y poner a disposición la Plataforma de Aprendizaje Virtual de Punto Digital para llevar el curso ABC Ley Micaela de manera accesible a integrantes de la administración pública de todo el país. La plataforma posibilitó que el curso se siga realizando de manera virtual en el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Las herramientas de contención y asesoramiento también son claves: por eso creamos y mejoramos dos canales de asistencia para estos casos. Una es la aplicación móvil de la Línea 144, que complementa la línea telefónica y realiza un diagnóstico que permite identificar los signos de violencia en la pareja y pone a disposición un mapa interactivo con los centros de atención de cada provincia. Por otra parte, durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio y teniendo en cuenta las cifras alarmantes de violencia íntima e intrafamiliar, generamos un mecanismo de orientación a través de Whatsapp junto al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad para asistir y contener a mujeres en situaciones de violencia de una manera directa, privada, confiable y en silencio, posibilitando que pidan ayuda sin alertar a su agresor.
Porque queremos un Estado transversal y diverso, siguiendo la línea de trabajo del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades y la decisión presidencial sobre cupo laboral trans, bajo el decreto 721/2020 -que establece un cupo superior al 1% para personas travestis, transexuales y transgenero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo en la Administración Pública-, nos reunimos con representantes de TRANS-TI, una organización de impacto social de servicios digitales que colabora en el proceso de empleo de personas trans, y trabajamos en la implementación de la Ley de Cupo Laboral Trans para lograr una incorporación formal del colectivo. Para erradicar las violencias debemos incluir. Es nuestra obligación trabajar para garantizar los derechos de poblaciones que históricamente fueron violentadas, estigmatizadas y perseguidas por su identidad o expresión de género, y saldar una deuda histórica generando igualdad de oportunidades.
En el mismo sentido, la decisión política del Presidente de la Nación de enviar al Congreso el proyecto de Ley de interrupción voluntaria del embarazo, complementado con el proyecto de los 1000 días, que garantiza derechos básicos para quienes desean maternar, marca la identidad y el rumbo de este gobierno del que formo parte: el horizonte es de justicia social, de equidad, ampliación y restitución de derechos.
La construcción de una sociedad más respetuosa, inclusiva y libre de violencias depende de nuestro compromiso, de la organización colectiva y la construcción de políticas públicas transversales y transformadoras que generen oportunidades, promuevan el respeto y tracen un futuro de igualdad y diversidad, robusteciendo los canales de contención y concientización, para que cada día sea más real y tangible el país que soñamos. Nuestra libertad será no tener, nunca más, miedo.
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