El gobierno del presidente Javier Milei dará un paso más en su ataque hacia los derechos de las mujeres: el oficialismo enviará un proyecto al Congreso para eliminar la Ley de Paridad en las listas legislativas de cara a las elecciones 2025. La "Ley de Igualdad ante la Ley", así eligieron llamarla en base a su tan pregonada "batalla cultural", reemplazaría la ley 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, una norma pionera en América Latina que había puesto a Argentina en la vanguardia de la región desde 1990. Los colectivos feministas están en alerta, en una semana signada por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemoró en todo el mundo.
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Fuentes de Casa Rosada confirmaron a El Destape que para tener algún tipo de explicación sobre los argumentos de Milei detrás de esta decisión hay que mirar el mensaje que recientemente publicó en X el vocero presidencial, Manuel Adorni. Sin dar precisiones respecto a la nueva iniciativa que quieren enviar, Adorni remarcó que "el Gobierno Nacional dispondrá las medidas necesarias para eliminar cualquier política ideológica y discriminatoria que habilite el ingreso a los empleos públicos por criterios que no sean específicamente los referidos a la propia idoneidad de las personas", no sin antes remarcar que "la Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento, ni de religión: todos sus habitantes son iguales ante la ley".
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La mano derecha de Santiago Caputo, que se identifica en X como Macarena, confirmó entre ataques que la idea del Gobierno es avanzar específicamente sobre el cupo en los cargos legislativos. "Tu aparato reproductor no define tu capacidad legislativa", indicó.
Argentina (1991), junto con Costa Rica (1990), fue el primer país en introducir el cupo femenino en la región, garantizando (al menos en los papeles) la representación de un piso de 30% de mujeres en los cargos legislativos, a partir de la Ley Nº 24.012. Fue sancionada para establecer la igualdad de derechos entre personas de ambos sexos dentro del ámbito gubernamental, ampliando el espacio correspondiente a la decisión política y promoviendo la participación efectiva de la mujer en las listas de candidatos a cargos electivos.
Desde entonces, el número de diputadas se quintuplicó de inmediato: el promedio de mujeres electas por renovación pasó de 4,9% a 25,5%, de acuerdo a un relevamiento que hizo Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).
Por otro lado, en noviembre de 2017 se sancionó la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política (Ley 27.412)., que modifica el Artículo 60 bis del Código Electoral estableciendo como requisito para la oficialización de listas de Senadores y Diputados nacionales, como Parlamentarios del Mercosur, la obligatoriedad de ubicar de manera intercalada mujeres y varones desde el primer candidato hasta el último candidato suplente.
CIPPEC analizó la representación de las mujeres en la Cámara de Diputados desde la transición democrática. Respecto al impacto de la 27.412, remarcaron que, tras su adopción, la proporción de diputadas electas pasó, en promedio, de 35,2% a 44,4%.
En el Senado no pasó lo mismo porque, según indican, las cuotas de género recién comenzaron a implementarse en la renovación de 2001, cuando senadores y senadoras dejaron de ser electos y electas por las legislaturas provinciales. "Y dado que cada partido nomina sólo dos candidatos/as, la Ley de Cupos imponía de facto una integración paritaria. A lo largo de estas dos décadas, la proporción de senadoras electas fue en promedio 37,8%, con pequeñas oscilaciones siempre entre 33,3% y 41,7%", puntualizaron en su informe.
La Ley 27.412 se probó por primera vez en las elecciones PASO de 2019, dos años después de su sanción. En el balance que publicó CIPPEC de 2021, remarcaron que ese año se eligieron 127 diputados y diputadas: "Ese año casi la mitad de los diputados y diputadas electos (44,1%), junto con dos tercios de los senadores y senadoras electos, ocuparon el primer lugar en la lista".
En el Senado la renovación es por tercios. "Cada provincia elige tres senadores/as, y esos tres lugares se reparten entre los dos partidos más votados, lo que hace que la composición por sexo oscile en un rango estrecho: cada provincia elige como mínimo una senadora y como máximo dos. Al elegirse en distritos pequeños, en el Senado se exacerba el impacto de la posición en las listas. Así, que el número de senadoras no sea el mínimo depende de que haya mujeres que sean primeras candidatas, y eso ocurrió en una minoría de las listas que compitieron", indicaron.
"Este es el Gobierno del 'bait'": la estrategia de "provocar y desviar el debate"
Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) advirtieron que en las últimas semanas el Gobierno recrudeció su ataque hacia las mujeres y diversidades. Votó en contra de la resolución de la ONU para garantizar que el Estado se va a comprometer en erradicar la violencia de género, sentó posturas discursivas en contra del derecho al aborto, impulsó un proyecto contra las supuestas "denuncias falsas" de género y hasta se anunció con bombos y platillos que las personas privadas de su libertad no van a poder citar la Ley de Género para pedir traslados de penales.
El colectivo alertó por la estrategia que están llevando adelante de "tirar la carnada a ver si pica con un claro sentido de provocar y desviar el debate". "Este es el Gobierno del ´bait´", graficaron y sumaron: "No entendemos por qué Milei se ensaña tanto con las mujeres cuando a mucha gente le falta trabajo o un plato de comida todos los días. El 52,9% de la población argentina es pobre y 6 de cada 10 personas pobres son mujeres. ¿Qué están haciendo por ellas? Además de intentar perseguirlas penalmente para evitar que denuncien violencia de género, no vemos una sola propuesta que mejore su calidad de vida. De eso deberíamos estar hablando".
Los límites del proyecto del Gobierno: la Constitución y los tratados internacionales
Para Melisa García, de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), la confrontación no es solo simbólica porque "hay un detrimento constante de las políticas de género y de promoción de derechos de mujeres, niñeces y diversidades", que va en contra de "todos los compromisos internacionales que la Argentina ha asumido" en lo que hace al compromiso del Estado argentino de promover políticas y creación de políticas públicas y también de legislación.
"Esto que está planteado viola un montón de leyes que son parte, no solamente las que busca eliminar, sino otras anexas: la Convención Belén-Dópará, que es parte de nuestro ordenamiento jurídico, también la CEDAW, que tiene raigambre constitucional; es decir, que está a la altura de ese artículo, incluso está muchas veces en igualdad de condiciones, o lo podemos ver de manera por encima, si se quiere, al artículo 19 de la Constitución Nacional", puntualizó la abogada.
Se refirió a ese artículo en particular porque considera que ese es al que hace referencia el Gobierno en la argumentación de Adorni. "Se aferran al art 19 de la Constitución Nacional con esta idea literal sobre 'la igualdad ante la ley' y esto de que la genitalidad no tiene nada que ver con la idoneidad". Según explicó, el objetivo de posicionar primero la idoneidad por sobre la cuestión del género "es una forma de encubrir una discriminación histórica y una desigualdad histórica respecto de las mujeres en nuestra sociedad, con respecto a los varones y ni hablar con respecto a las diversidades".
"Creo que es importante en este momento exigir a los legisladores y legisladoras que están en ese Poder Legislativo, que están justamente para representar al pueblo, que puedan traccionar, que sostengan los derechos que tanto costó conseguir", subrayó.
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