La vicepresidenta Victoria Villarruel anunció que presentó una denuncia y un pedido ante la Justicia para ser querellante en la causa por los daños sufridos en los edificios del Senado y señaló que “quien comete un delito debe responder” por los mismos. Se suma así a la presentación como querellante del Ministerio de Seguridad de la Nación por la denuncia contra manifestantes que fueron reprimidos durante el tratamiento de la ley Bases en el Senado. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires requirió cargar en los que protestaron los costos de reparación y operativo de seguridad.
A través de las redes sociales, Villarruel, quien hoy está cargo del Poder Ejecutivo por el viaje del presidente Javier Milei para participar del G7, comunicó que “presentamos hoy ante el Juzgado de la jueza (María) Servini de Cubría nuestra denuncia y la solicitud para ser querellantes por los daños sufridos en los edificios históricos del Senado de la Nación hace dos días. Se terminó el país de los violentos. Quién comete un delito, debe responder.”.
La vicepresidenta ayer había anticipado iban a “denunciar a los delincuentes que atentaron contra las instituciones de la democracia. Vamos a hacerles pagar todos los daños materiales dirigidos hacia los edificios históricos y veredas del Congreso Nacional. La Argentina de la sedición y la anarquía terminó”.
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Militantes y ciudadanos realizaron una marcha el miércoles pasado para protestar contra la sanción de las leyes Bases y Paquete Fiscal, donde las fuerzas de seguridad reprimieron a los manifestantes, lo que arrojó como consecuencia la detención de 33 detenidos.
En un comunicado se informa que "la causa de la denuncia es por el intento de interrumpir la sesión que estaba llevando a cabo en el Honorable Senado de la Nación, el día miércoles 12 de junio, cuando estaba en curso la sesión ordinaria donde se trataba el “Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión, sobre Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.
También se informó que el Senado de la Nación realizó un relevamiento presupuestario por los daños ocasionados al edificio de la Cámara y al anexo del mismo. Precisó que “los delitos que se le adjudican a los responsables son daños simples y agravados, delitos en la contra la seguridad pública, instigación a cometer delitos intimidación pública, incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones organizaciones o pertenencias que tengan por objeto imponer ideas o cometerlas por la fuerza o por el temor”.
Con información de Noticias Argentinas
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