La vicepresidenta Victoria Villarruel celebró el martes la decisión del Ministerio de Justicia, que encabeza Mariano Cúneo Libarona, de revisar las indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado y volvió a referirse a las políticas de derechos humanos como un "curro".
"Lo dije en campaña, hay que revisar las millonarias indemnizaciones que se dieron en nombre de los DDHH. Auditar el curro de los DDHH que sirve a los fines políticos de un sector que siempre ha combatido al país y sus instituciones. Celebro la decisión del ministro Cúneo Libarona y del presidente Javier Milei", manifestó Villarruel en redes sociales.
La Vicepresidenta hizo referencia al anuncio que realizó este lunes Cúneo Libarona en relación a que el Ejecutivo llevará adelante una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las Leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar, informó Noticias Argentinas.
El anuncio de Cúneo Libarona
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que el Gobierno nacional auditará todas las indemnizaciones que se otorgaron en el marco "de las leyes de reparación patrimonial" para víctimas o familiares de víctimas del terrorismo de Estado. "El Ministerio determinó llevar a cabo dicha auditoría debido a que se han detectado distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago", indicó la cartera en sus redes sociales. "La Auditoria surge a partir del fallo de procesamiento dictado en la causa Martínez Moreira, Adrián y otros s/ defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilicita, y que confirmó la Sala Il de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal", explicó el Ministerio de Justicia. El caso al que se refirió el comunicado fue confirmado por la Cámara de Apelaciones en noviembre del año pasado. En el mismo, se declaró culpable a Adrián Martínez Moreira en casi 80 hechos como organizador de una asociación ilícita y de otros delitos como falso testimonio, estafa procesal y fraude a la administración pública.
Hubo cinco personas declaradas culpables, pero Martínez Moreira fue identificado como el organizador de la banda criminal. "En la causa se investigaron distintos hechos realizados por la organización con el objetivo de obtener beneficios económicos: a través de denuncias y pruebas falsas, se presentaron en causas judiciales por crímenes de lesa humanidad y expedientes vinculados al cobro de indemnizaciones contempladas en las leyes reparatorias por graves violaciones de derechos humanos", indicó el Gobierno anterior en un comunicado en diciembre pasado.
De hecho, en agosto de 2021, durante el mandato del ex presidente Alberto Fernández, la Secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante en la causa. "La Secretaría aportó pruebas documentales, ofreció testimonios y, ante la Cámara Federal logró que también se lo procese a Martínez Moreira por estafa procesal, al haber presentado prueba falsa a un juez civil para que le otorgara la nueva identidad que le permitió construir el relato de falso hijo de desaparecido", señaló en noviembre el Gobierno.
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