Alberto Fernández satisfecho con la decisión judicial que rechazó la propuesta de Vicentin

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, mostró satisfacción por la decisión de la Justicia de rechazar la propuesta de los accionistas en el concurso de acreedores de la empresa Vicentín. De esta manera, el juez civil y comercial de la ciudad santafesina de Reconquista, Fabián Lorenzini, rechazó la homologación del acuerdo presentado por la empresa y abrió la vía del cramdown o salvataje a partir del próximo lunes.

"Finalmente, el juez que interviene en el concurso de Vicentin, dispuso rechazar la propuesta de los accionistas y ordenar la apertura del período de concurrencia (art. 48 LCQ). Eso significa que, como siempre reclamamos, no se va a consumar la trampa de aquellos acreedores privados que, perjudicando al Banco Nación y a los 1.290 productores agropecuarios, pretendían quedarse con la empresa pagando unas monedas", expresó en sus redes sociales.

Con respecto a los próximos días, el máximo mandatario nacional manifestó: "Se ha logrado abrir la instancia que permite alcanzar lo que siempre buscamos: mantener la unidad productiva para evitar su desguace y conservar las fuentes de trabajo". Y agregó: "No era un problema de 'tibieza', como muchos plantearon. Corregimos nuestros pasos y se actuó con inteligencia para preservar los derechos del Estado del mejor modo".

"Ahora sí, el Banco Nación, como acreedor privilegiado, velará en la etapa que se inicia para que se cumplan los objetivos que siempre nos guiaron: hacer que Vicentín siga siendo una gran empresa argentina", sentenció Alberto Fernández.

Vicentín, la principal empresa agroexportadora de capitales argentinos, entró en cesación de pagos en diciembre de 2019 y en marzo siguiente pidió su concurso preventivo, con créditos verificados por casi US$ 1.500 millones. En el medio, a causa del escandaloso préstamo, se denunció penalmente al expresidente Mauricio Macri -se dio durante su gestión-, el extitular de la entidad financiera, Javier González y a quien estaba a cargo de la Oficina Anticorrupción en ese momento, Laura Alonso, por "defraudación al Estado".