“Lawfare” y causa Vialidad: manual de instrucciones para armar una causa

Esta semana se ha iniciado una etapa de aceleración en Argentina del llamado “lawfare”, proceso que se encuentra en expansión en todo el mundo pero sobre todo en América Latina. El avance de la causa Vialidad, a meses del inicio de la campaña, y el pedido del fiscal Diego Luciani para que Cristina Kirchner, al acusarla de ser jefa de una asociación ilícita, sea condenada a 12 años de prisión efectiva e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos es la cara más opulenta y visible de un fenómeno que se reproduce todos los días desde hace mucho tiempo pero de forma subterránea, casi imperceptible.

“Ya no hay partidos militares, hay partidos judiciales. Son para estigmatizar y apartar los gobiernos populares. No se trata solo de estigmatizar y confundir, sino que protegen a los que verdaderamente roban en el país”, dijo en su discurso desde el Senado la vicepresidenta, haciendo referencia a los nuevos “métodos de aniquilación” (sin tanques) de quienes se resisten a defender los intereses del imperio y las consecuencias que genera la judicialización de la política como el deterioro de las representaciones colectivas y la credibilidad en las instituciones democráticas del Estado.  Y agregó: “Tengo la condena escrita. Del 19 para acá nos enteramos de todas las visitas de Casación a Macri. También lo de esta Corte, que hizo todo a menú del tribunal oral”.

El proceso del lawfare, tanto en Argentina como en cualquier lugar del mundo, se entiende cuando se lee de atrás para adelante. En todos los casos podemos identificar tres grandes etapas: primero se plantea un objetivo a largo plazo ligado a los intereses de los sectores concentrados de la economía mundial y las finanzas que tienen aliados en la arena local, como por ejemplo el ex presidente Mauricio Macri; a continuación se evalúan las barreras y obstáculos políticas a eliminar, tales como los gobiernos o liderazgos políticos de corte nacional y popular como el de Cristina en Argentina o Lula da Silva; y en una tercera instancia se ponen en marcha, de forma simultánea e ininterrumpida  múltiples estrategias judiciales, culturales y comunicacionales que serán las encargadas de dar forma a un clima social de época en el que una condena judicial a ciertas figuras, incluso cuando no hayan cometido delito alguno,  es entendida como lo esperable o lo “justo”.

El éxito minucioso del lawfare es directamente proporcional a su grado de imperceptibilidad.  Para que funciona el plan  su fórmula debe ser invisible. También tiene que ser entendido y sentido por las grandes mayorías como una acción del orden natural de las cosas, o lo que muchos entienden como el “sentido común”. Justamente el siglo XXI, los cambios en los modelos de subjetividad que pregona, los medios de comunicación concentrados y el uso de las redes sociales para como fuentes de información periodística, son el caldo de cultivo perfecto para la consolidación de estrategias que son judiciales a priori, pero cuyas raíces son sociales y políticas.

El lawfare como golpe por goteo

La denuncia contra CFK, sin todo el armado subsiguiente que la amplifica y legitima, sería solamente una anécdota más en los tribunales. Para que trascienda se debe involucrar a jueces y  fiscales, pero también a interlocutores que forman parte del embate y lo hagan masivo. Son los medios, lxs periodistas, los funcionarios opositores, los contenidos digitales y muchxs influencers, los que construyen al armado de un hecho político y moral de esa instancia, y lo trasladan directamente a la conversación social. Y es en esa cadena de transmisión permanente, conformado por miles de eslabones que responden a un mismo centro, que se pierde por completo la imagen real del hecho y se transforma en un imaginario maleable y adaptable a los intereses de quienes detentan el poder real.

Desde hace más de una década, sobre todo a partir del conflicto con el campo en 2008, que todos los días los medios de comunicación corporativos instalan en la agenda denuncias y acusaciones sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y buscan deteriorar su imagen pública. Luego con la llegada de Mauricio Macri al Gobierno Nacional, la venia de la Corte y el soporte de los poderes corporativos nacionales y globales, se pasó del ataque mediático al plano netamente judicial. Pero para conseguir un cierto nivel de consenso social habilitante de la culpabilidad de Cristina, hecho que la justicia no puede probar, debieron dar rienda suelta a un trabajo continuo, por goteo, milimétrico de construcción de sentido y emocional con las audiencias.

Valeria Vegh Weis, docente de Criminología en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Quilmes, escribió un artículo llamado “El lawfare como golpe por goteo”. En el escrito señala que los golpes blandos también ocurren por “goteo”, es decir, “a través de la acumulación cotidiana de noticias, denuncias y testimonios por una diversidad de hechos que coinciden en atacar a un o una dirigente determinada. El ‘golpe por goteo’ tiene la particularidad de que no precisa acusaciones particularmente sólidas, sino que se construye a partir del goteo de pequeños casos que pueden incluso consistir en acusaciones frívolas, sin evidencia, presentadas a pesar de la certeza de la imposibilidad jurídica de que se avance en un procesamiento”.

Criminologías mediática e influencer

Como el agua del mar sobre las piedras, el objetivo del lawfare es corroer y desgastar la imagen pública de una persona a través de la presentación permanente y articulada de diferentes causas, denuncias, críticas vinculadas a hechos de corrupción. En el libro “¡Bienvenidos al lawfare!”, escrito por Eugenio Raúl Zaffaroni, Cristina Caamaño y Valeria Vegh Weis explican por qué y cómo se utiliza la figura de “corrupción”: “‘Corrupción’ es una incriminación general muy fuerte y quedará hermosa en las campañas de los medios de comunicación. ¿Qué ciudadano de bien no se siente ultrajado al oír sobre el mal destino de sus impuestos?”. Pero el problema es que la corrupción no es un tipo penal y para instalar la denuncia penal la acusación debe ser por delitos como “enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa, negociaciones incompatibles, exacciones legales, malversación de caudales públicos, peculado, cohecho, soborno transnacional, tráfico de influencia, administración infiel o fraude en perjuicio de la administración pública”.

Para eso referentes y dirigentes opositores al kirchnerismo inventan y crean historias que luego justifican la persecución y el estigma. El factor clave es la “sobreabundancia”, la presencia permanente en los medios, que  garantiza que sea imposible para los sectores acusados dar respuestas políticas a todos los ataques, y al mismo tiempo limita el tiempo y la posibilidad de la ciudadanía para reflexionar o analizar cada caso con la seriedad y complejidad que lo requiere. La lógica que se construye es que algo de todo lo que se dice  y denuncia de esas causas tiene que ser “verdad”. “En otras palabras, la gente de a pie y el poder judicial constituyen mundos completamente separados, solo unidos por el puente de las criminologías mediática e influencer”, explica  la docente Vegh Weis.

Según José Norte Sosa, consultor y director de Reputación Digital, en 2019, luego de que Cristina Fernández se presentara en Comodoro Py para presenciar el juicio oral en su contra en la Causa Vialidad en las redes  “hubo mas de 300.000 menciones que hacían referencia al juicio de Cristina". Entre esas menciones se destacaban los hashtags negativos, en su mayoría de Twitter, de los cuales casi el 80% eran trolls o robots, comentarios repetidos, emitidos por cuentas con muy pocos seguidores. Es decir que en las redes una gran parte de la información que circula ni si quiera es producida por personas. A esta práctica se la denomina “criminología influencer” y tiene la ventaja de que se consume como cualquier otro producto digital, entretenimiento, meme, sticker, o giff, sin la pesada carga de la “política”, y se inscribe en la subjetividad mecánicamente, por efecto de la repetición.

El lado B del lawfare: la protección de los sectores aliados

“En esta farsa de hoy que es lawfare en América Latina, cuando ya no hay partidos militares pero hay Partido Judicial, dan un paso más. Acá no se trata de estigmatizar o confundir a los gobiernos populares con asociaciones ilícitas, ahora protegen a los que verdaderamente roban en el país”, explicó Cristina apuntando que la otra cara de la persecución a su persona es la protección de los sectores aliados a los intereses del establishment. Es decir mientras la articulación del sistema mediático-judicial busca la muerte política y jurídica de ciertos dirigentes cercanos al campo progresista, trabaja en salvar de esa misma muerte a dirigentes y funcionarios funcionales al capitalismo financiero, que paradójicamente suelen sostener estructuras sistémicas de corrupción.

En su escrito Vegh Weis hace referencia a esto como un doble proceso de “sobre- e infra-criminalización” e identifica que probablemente la persecución contra Lula sea un ejemplo por excelencia de sobre-criminalización ya que “se abusó del derecho penal con tipos penales abiertos y una sentencia que logró inhabilitarlo jurídicamente de participar en política y que incluso logró privarlo de su libertad física”. Los procesos judiciales contra Lula y Cristina no hubieran sido posible jamás sin un trabajo de deterioro de su imagen desde los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales que al escrolear ofrecen permanentemente información, que se incorpora como verdad, sobre supuestos delitos sin prueba alguna.

Un suceso ejemplar en este sentido fue la detención y el encarcelamiento del exvicepresidente Amado Boudou, quien fue sometido a un proceso judicial y mediático de extrema violencia en el marco de la causa Ciccone. Más allá de la privación de la libertad, el mayor hito de su procesamiento fue el efecto disciplinamiento. No es casual que Amado haya sido expuesto a un escarnio público cuando se lo sacó de su casa en piyama, sin respetar su derecho a la privacidad ni las garantías constitucionales. Aquí se entiende que lo más importante del lawfare no es tanto la condena, como la foto en la tapa de los diarios o el titular en letras rojas que siempre vincula al Kirchnerismo con los hechos de corrupción, utiliza expresiones como “el escándalo de la corrupción”, y reafirma prejuicios negativos aludiendo a una cierta serialidad de los hechos. A esto se suma el elemento afectivo o de las emociones, que constituyen la base de las identificaciones. Las más fuertes son la indignación, el temor, el miedo, el odio y la venganza.

Mientras, del otro lado, el de Mauricio Macri es un claro caso de infra – criminalización. “Es más, se comprueba que Mauricio Macri siguió e hizo inteligencia a los familiares del ARA San Juan, la tragedia más grande que tuvo la Armada Argentina en tiempos de democracia. Está probado con videos, con fotografías, con todo, y sin embargo lo sobreseen. ¿Quién lo sobresee? El arquero del Liverpool, del mismo equipo que juega en Los Abrojos con el presidente de este tribunal, que es Giménez Uriburu, con Luciani, que es el fiscal. Ellos son y a ellos los protegen y no les va a pasar nada. ¿Pero saben qué? A los que sí les pasan cosas son a los argentinos, que no tienen guita, que no les alcanza nada por el endeudamiento que tuvimos y por cómo destruyeron lo que hace 12 años pudimos construir”.

Si bien el proceso contra Cristina Fernández de Kirchner y la causa vialidad se enmarcan en el plano de lo judicial, se trata de dispositivos que se proponen objetivos que van mucho más allá de lo jurídico. Sin importar la resolución del caso, o si se concreta la condena, las consecuencias del lawfare en el plano de lo colectivo y político serán a largo plazo y difíciles de remediar.