La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el procesamiento de una ex funcionaria del área de Salud durante el gobierno del presidente Mauricio Macri, acusada de dejar vencer un lote de 600 mil vacunas contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa. La imputación recayó sobre quien, en ese entonces, era la titular de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DICEI), Susana Del Valle Devoto, entre noviembre del 2016 y enero del 2018.
Cabe recordar que en octubre del 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, la Oficina Anticorrupción presentó una denuncia por las vacunas vencidas que dejó el macrismo; que luego recayó en el juzgado del magistrado Sebastián Casanello. Los ex ministros de Salud, Jorge Lemus y Adolfo Rubinstein, también estaban complicados en la causa. Los delitos señalados de los que se los acusa son "propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa" en su variante culposa e "incumplimiento de los deberes de funcionario público".
En el fallo, la Cámara ratificó lo expuesto por el juez Casanello -de primera instancia- y aseguró que las vacunas dTap "se encontraban vencidas en una cámara del Frigorífico Oneto y Cía. SAIC" mientras que el Ministerio de Salud abonó un total de 6.610.306 dólares para cumplir con el Calendario Nacional de Vacunación del año 2017; algo que no se llevó adelante en ningún punto del territorio. Ante esto, Del Valle Devoto fue procesada por “incumplimiento de sus deberes de funcionaria pública mediante la omisión de las obligaciones a su cargo respecto al tratamiento de las dosis mencionadas”.
Los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens advirtieron que la conducta de Devoto incurrió en los “delitos propios de omisión, cuya característica radica en que la acción típica resulta un mero no hacer lo que el ordenamiento legal manda”. La ex funcionaria –añadieron- “tenía el deber de velar por un adecuado funcionamiento de los procesos de adquisición, distribución y almacenamiento de los insumos destinados a los planes de vacunación y, sin embargo, omitió hacerlo”.
Cabe destacar que las 600 mil dosis llamadas "triple bacteriana" -protegen contra la difteria (infección aguda de la nariz y la garganta), el tétanos y la tos convulsa (tos ferina o coqueluche, infección altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis)- se aplica a mujeres gestantes y niños/as de 11 años, según el Calendario de Vacunación. Según la OA, estas vacunas llegaron a pasar siete meses en la terminal de cargas de la Aduana. Nadie chequeó la cadena de frío, y del dinero que se gastó en la compra y luego su almacenamiento. Y además se constató que la incidencia de las tres enfermedades a prevenir aumentó en 2019 por la falta de inmunización de la población el año anterior.
Si bien la factura es del 26 de noviembre de 2016, habían sido encargadas en septiembre. Había seis lotes: uno vencía en abril de 2018, tres en junio y dos en agosto de ese mismo año. El embarque llegó a Buenos Aires el 7 diciembre de 2016, y entró a la aduana y quedó en la terminal de cargas (de Aeropuertos Argentina 2000) durante siete meses, hasta el 13 de julio del año siguiente.
Cuánto perdió el Estado, según la denuncia
Párrafo aparte merece el dispendio de las sumas de dinero abonadas en concepto de adquisición, almacenamiento y destrucción de las 600.000 dosis de vacunas dTap que motivan esta denuncia. En tal sentido, se ha detallado extensamente que dichas actividades irrogaron para el Estado Nacional la inversión de la suma de al menos U$S 6.951.404,03 la cual se conforma de la siguiente manera:
• Adquisición de Vacunas dTaP por U$S 6.610.306.
• Almacenaje en TCA-AA2000 por U$S 52.739,36.
• Almacenaje en Frigorífico Oneto y Cia. por U$S 205.207,69.
• Disposición y Destrucción por US$ 83.150,98
Cerrar sesión