El juez Ariel Lijo rechazó que los denunciantes por la privatización de parte del plan de vacunación en la ciudad de Buenos Aires sean querellantes en la causa. Luego de demorar más de lo permitido esta decisión, el juez le negó esa posibilidad a los abogados Natalia Salvo y Yamil Castro Bianchi, que presentaron dos denuncias por separado que apuntan al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y al ministro de Salud porteño Fernán Quiros. De esta forma les niega acceso al expediente, a solicitar medidas de prueba e incluso a recusar al fiscal del caso, el procesado Carlos Stornelli.
“No resultan titulares del bien jurídico protegido ni acreditan un perjuicio real y directo que derive del hecho investigado” alegó el juez Lijo. Se ve que ni Salvo ni Castro Bianchi tienen derecho a vacunarse.
En esta causa ya fueron imputados Rodríguez Larreta y Quiros y se realizaron una serie de allanamientos en el ministerio de Salud porteño para reunir información acerca de las partidas de vacunas que recibieron del Gobierno Nacional y cuál fue su destino. Por un lado, por la denuncia de Salvo, se investiga la entrega de vacunas a sanatorios privados como el Hospital Italiano (donde Quiros fue directivo) y el Hospital Alemán y a algunas obras sociales sindicales. El mecanismo implica un privilegio para los clientes o asociados de esas entidades por sobre el resto de los porteños. Por el otro, en la denuncia de Castro Bianchi, si se utilizó un local partidario del radicalismo porteño como centro de vacunación.
La resolución que deja afuera de la querella a los denunciantes llegó recién hoy, luego de que Salvo presentara una queja por retardo de Justicia porque el juez no resolvía su pedido. Salvo pidió ser querellante el 24 de febrero, luego presentó un pedido de pronto despacho el 4 de marzo para que el juez Lijo le contestara y por último este recurso de retardo ante la Cámara Federal, la instancia superior de Lijo. Y Lijo contestó enseguida: la dejó afuera del expediente. La abogada apelará la decisión.
Que Salvo no pueda ser querellante impide entre otras cosas que recuse al fiscal Stornelli, que sigue en su cargo pese a estar procesado por espionaje ilegal. Y procesado en una causa donde la misma Salvo es abogada del empresario Pedro Etchebest, denunciante original.
Que ni Salvo ni Castro Bianchi puedan acceder al expediente dejará al juez Lijo y al fiscal Stornelli sin control alguno de lo que suceda. No habrá nadie que solicite medidas de prueba ni quien revise las ya realizadas, como los allanamientos en el ministerio de Salud porteño.
Lijo y Stornelli son dos actores clave de la persecución judicial durante la era Macri. El primero fue quien dispuso el encarcelamiento de Amado Boudou basado en la Doctrina Irurzun, fue el titiritero detrás de la oficina de filtración de escuchas y es el mismo que protege al propio Mauricio Macri en la causa penal por el Correo Argentino, donde hace 4 años que demora su citación a indagatoria. El segundo fue el Robin del juez Claudio Bonadío en su cruzada inquisitoria contra CFK, especialmente en la farsa de las Fotocopias de los Cuadernos.
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