El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incluyó a las trabajadoras socio-comunitarias de comedores y merenderos populares como “personal estratégico” para que tengan prioridad en la nueva etapa del plan de vacunación contra el coronavirus, que alcanza también a las personas con condiciones de riesgo de entre 55 y 59 años. Es la primera jurisdicción en atender un reclamo que sostenían las organizaciones sociales desde que comenzó el año y la llegada de vacunas a la Argentina.
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Este martes se lanzó la inscripción y en las próximas semanas se debería avanzar con la confección de los listados oficiales. Aún no hay certezas sobre la cantidad de dosis destinadas al sector ni cuántas personas podrían ser inmunizadas.
Hay diferencias entre el gobierno y los movimientos sobre la cantidad de espacios comunitarios que existen en territorio porteño y los que son reconocidos de manera oficial por el GCBA. Una vez que estén definidos los padrones, continuarán con la asignación de turnos a medida que se reciban nuevas dosis por parte del gobierno nacional, según informó el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.
Se trata de la cuarta fase del plan, que comprende al personal del ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a cargo de María Migliore, entre las que se encuentran las personas en territorio y abocadas a la atención al público, hogares y paradores, comedores, y Centros de la Primera Infancia (CPI). Incluye, al mismo tiempo, a las fuerzas de seguridad, y al personal docente y no docente.
Esta semana se cumplió un año de la muerte de Ramona Medina, militante de La Poderosa y coordinadora de Salud de la Casa de la Mujer en el Barrio 31, de Retiro, que denunció la falta de agua en plena pandemia y logró visibilizar la desigualdad con la que en esos barrios se debían cumplir las medidas de aislamiento social. El 17 de mayo de 2020 falleció en un hospital porteño tras contagiarse de Covid.
“Es un reclamo muy sentido y profundo, que tuvo símbolos como Ramona, y que venimos planteando provincia por provincia. La otra jurisdicción que lo empieza a implementar es Misiones”, dice Gildo Onorato, secretario Gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), a El Destape.
El dirigente espera que el resto de las provincias “se vayan sumando”, y reconoce que hubiesen preferido “que sean otras las que den el primer paso”. En ese sentido, destaca que encontraron con el gobierno de CABA “un camino de diálogo institucional y fueron receptivos al planteo de los movimientos populares y de otros comedores y merenderos”.
El presidente Alberto Fernández está de acuerdo con incluir en la campaña de vacunación a las personas que desde el comienzo de la pandemia se mantuvieron activas, incluidas en el listado de trabajadores esenciales. Al menos así se lo aseguró a los referentes de organizaciones sociales que lo visitaron en Olivos, a mediados de abril, en una comitiva reducida integrada por Gildo Onorato; Daniel Menéndez, de Barrios de Pie-Somos; el diputado nacional Juan Carlos Alderete, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC).
El número del universo a inmunizar es difuso. Un primer cálculo incluía a 70.000 personas en todo el país, pero para eso se requiere un cruce de datos entre el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) y el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (Renacom).
La posibilidad de avanzar no depende solo de Nación sino que requiere resoluciones específicas de los ministerios de Salud provinciales. “Entendemos que entre Salud, Desarrollo Social, los movimientos populares, más los gobernadores y los intendentes, y la iglesia, en poco tiempo estaremos con respuestas a escala nacional, es a lo que aspiramos”, explica Gildo Onorato.
Por otra parte, Dina Sánchez, secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), reclamó al gobierno nacional que se considere a las trabajadores y trabajadoras de la economía popular como esenciales y estratégicos para poder ser vacunados.
“Somos los que sostenemos las ollas y los comedores. Creemos que es un pedido legítimo. Somos nosotros los que nos enfrentamos a los contagios y si se declara uno estamos obligados a cerrar el comedor y eso genera mucho daño al barrio”, advirtió Sánchez en declaraciones radiales.
Por último, la dirigente social Marina Joski, del Movimiento Popular la Dignidad, considera que “no es Larreta el que otorga esto, sino que hay una construcción histórica de las organizaciones populares” en los barrios que generaron ese reconocimiento.
“No son muchas las personas, pero lo más importante es correr el eje de que los gobierno dan vacunas a los movimientos, se está reconociendo un trabajo de la economía popular”, dice la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de la UTEP, en diálogo con El Destape.
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