Vacunación contra el Covid: piden prioridad para trabajadoras de comedores y promotoras de salud

Las organizaciones sociales solicitan que las trabajadoras al frente de comedores populares sean incorporadas en el grupo prioritario de la vacunación contra el Covid-19. En CABA, legisladores del Frente de Todos presentaron un proyecto con el mismo objetivo.

15 de enero, 2021 | 08.13

Miles de mujeres y hombres son esenciales con su trabajo en cada barrio popular del país con una asistencia diaria que extiende el alcance del Estado. Están al frente con organización y solidaridad para atender las múltiples urgencias que profundizó la pandemia.

Sostuvieron y multiplicaron comedores, merenderos y ollas comunitarias ante una demanda que se triplicó y llegó a tener 11 millones de personas alimentadas en esos centros barriales en los que se ofrece comida -en muchos casos la única del día- a niños, niñas, adolescentes y familias enteras.

En esos espacios hay trabajadoras y trabajadores de la economía popular -en su mayoría mujeres- que organizan el refuerzo alimentario y sanitario. Realizaron relevamientos de la población de riesgo, fueron parte del Plan Detectar, de las campañas de vacunación contra la gripe en adultos mayores y ya se preparan para participar del despliegue de inmunización contra el Covid-19 y el fortalecimiento de los equipos barriales.

Ante la preocupación por el rebrote y la anunciada segunda ola de contagios en la Argentina, las organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) señalaron que las trabajadoras socio comunitarias deben integrar los grupos prioritarios en el operativo de vacunación.

En paralelo, la legisladora porteña del Frente de Todos, Laura Velasco, presentó un proyecto de declaración en la Legislatura para exigir al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que los promotores de salud, educación, ambientales y de género sean vacunados con prioridad.

Además, trabajadoras y trabajadores de la salud, junto a organizaciones gremiales, políticas y sociales, reclamaron este jueves al jefe de Gobierno que "tome medidas urgentes" para fortalecer el servicio sanitario en el distrito frente al "incremento de los contagios" de coronavirus y también pidieron que sean vacunadas aquellas personas que cumplen funciones en comedores comunitarios.

Los movimientos, redes y organizaciones sociales solicitan la incorporación en el calendario de vacunación “como personal esencial y de riesgo”.

“La vacunación de estos trabajadores y trabajadoras esenciales permitirá mantener los espacios abiertos y recuperar las acciones de educación popular y promoción de derechos que sobrepasan, con creces, la asistencia alimentaria”, explicó la UTEP en un comunicado.

Aunque no exigen una fecha, se advierte como una necesidad de urgencia debido al impacto que demostró el virus en los barrios populares y la preocupación de que el rebrote de casos afecte en mayor medida, otra vez, a los sectores más vulnerables.

“Nos parece lógico y conforme a las decisiones gubernamentales que sean prioritarios en el marco de la vacunación. Nos parece central. Por eso estamos pidiendo y trabajando con los ministerios de Desarrollo Social y de Salud para que esto sea efectivo”, dice Gildo Onorato, dirigente de la UTEP y presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita, en diálogo con El Destape.

Y destaca que esas mujeres y hombres estuvieron incluídos en el decreto inicial del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dentro del grupo de los esenciales. En diciembre, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social, otorgó un reconocimiento económico de 5 mil pesos para más de 50 mil trabajadoras y trabajadores comunitarios de comedores, merenderos y otros centros barriales de todo el país.

En la Ciudad de Buenos Aires, según el Ministerio de Salud porteño, más del 70% de las personas testeadas por el Operativo Detectar fueron contactadas por las organizaciones sociales con la presencia de promotoras de salud, capacitadas de manera autogestiva y en articulación con los organismos del Estado.

La legisladora Laura Velasco, del Frente de Todos, explicó a El Destape que su “proyecto plantea que quienes realizan distintas tareas de cuidado comunitario, que se expusieron mucho durante la pandemia y lo siguen haciendo, incluso con algunos que perdieron la vida en ese compromiso cotidiano, sean incorporadas dentro de los lugares de prioridad para cuando se avance en la vacunación”.

La legisladora porteña agrega que “en la medida en que vayamos teniendo más vacunas, sería bueno que mientras se piensa en los trabajadores de la salud, las fuerzas de seguridad, las y los docentes, se pueda contemplar también a quienes cumplen un rol esencial y una tarea fundamental”.

En el proyecto describe la importancia de quienes configuran las “redes de contención, apoyo y asistencia allí donde más se necesita”, y advierte sobre la urgencia que genera el aumento de casos registrado en estas semanas.

En el texto presentado por Velasco, con la firma de otros diez legisladores y legisladoras del Frente de Todos, se destaca también la intervención directa que tuvieron las organizaciones en casos de violencia de género a través de promotoras sociales especializadas.  Además, la articulación entre las escuelas y las familias, con relevamientos educativos para fortalecer el acceso a materiales de estudio, conectividad y continuidad pedagógica, y la colaboración con el reparto de canastas escolares en las escuelas.

Ese trabajo esencial, advierte el proyecto, incluye también la limpieza y desinfección de los espacios públicos como veredas, plazas y micro-basurales, y la asistencia a las personas en situación de calle.

Mientras tanto, avanza el "Plan Estratégico para la Vacunación contra la covid-19 en la República Argentina", elaborado por el ministerio de Salud de la Nación. Allí se estableció un orden de prioridad que comenzó por el personal de salud -de manera escalonada según el riesgo de su actividad-, y continuará con los adultos mayores de 70 años y quienes viven en establecimientos geriátricos, personal de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de servicios penitenciarios, adultos de entre 18 y 59 años que presentan factores de riesgo, y personal docente y no docente de los niveles educativos inicial, primaria y secundaria.

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