Las vacunas en la Argentina son un bien social

En la última semana, la oposición de la mano de los diputados mendocinos Cornejo y Petri, ha propuesto descentralizar la compra de las vacunas de Covid19 en las provincias e incluso en empresas privadas, tipo droguerías y farmacias, para escapar, al decir de Patricia Bullrich al sistema “sovietico” centralista que usa el gobierno nacional para la compra de vacunas.

Vamos por parte. En nuestra Argentina federal las provincias son autónomas y pueden importar medicamentos y vacunas, no hay norma que se los prohiba. Es más, desde el punto de vista constitucional, la salud de sus poblaciones son responsabilidad de ellas y como tal garantizar la provisión de vacunas es por supuesto un mandato. Sin embargo, las vacunas tienen una ley de mi autoría sancionada por unanimidad en ambas cámaras y promulgada en enero 2019 por el ex presidente Macri. La Ley 27.541, conocida como “ley de vacunas”, define la responsabilidad ineludible del Estado nacional en la compra de las mismas y su distribución en todas las jurisdicciones para toda la población con o sin seguridad social.

Esta ley, si bien no prohibe, hace innecesaria la compra de las vacunas de calendario por las provincias e inclusive por la seguridad social. Pongamos un ejemplo: una provincia decide aumentar una dosis más de vacuna de Varicela a su calendario y, además de la dosis de esa vacuna comprada por la Nación de los 15 meses, agrega otra dosis al ingreso escolar. ¿Puede hacerlo? Sí, claro que puede. Llama a una licitación y compra las vacunas. Nadie puede impedírselo. ¿Se hace? No, las vacunas se incorporan al calendario por recomendación de la comisión nacional de inmunizaciones (CONAIN) y por decisión del Ministerio de Salud nacional en forma simultánea para todo el país. Las prepagas, los hospitales privados y las farmacias siempre compran vacunas, tanto de calendario como otras no incorporadas. Aquellos beneficiarios o cualquiera que quiera puede, con indicación médica, comprarlas y colocárselas. Otro ejemplo: nos lastimamos, vamos a la farmacia y compramos una vacuna antitetánica y la colocamos. No hay prohibición, no hay misterio.

Segunda parte. La pandemia producida por SarsCov2 lleva más de un año, y la ciencia y la industria médica han producido ya varias vacunas, de distintas “plataformas”, vacunas de ARN mensajero, vacunas de vectores virales, vacunas a virus inactivados, que se han demostrado eficaces y seguras, y otra decena aún en fase de desarrollo. Ahora bien, estas vacunas se han ido aprobando en el mundo con protocolos de emergencia dado la gravedad de la situación sanitaria. Es decir, aunque se están colocando en forma masiva aún no son vacunas de uso comercial, al menos por ahora, y su compra se hace bajo estrictos protocolos de las agencias de evaluación de medicamentos. Incluso hay contratos que incluyen confidencialidad, prórroga de jurisdicción y pago de las indemnizaciones por parte del estado comprador. Es decir, es imposible por el momento la compra por parte de las empresas privadas de estas vacunas en forma directa. Sin contar, desde luego, que la demanda es de tal magnitud que los laboratorios han restringido la venta a países directamente y, aún así, las entregas han sufrido grandes demoras.

La pregunta entonces es, ¿qué objetivo busca este proyecto de la oposición? ¿Es solamente el resultado del desconocimiento supino de estos temas? Permítanme dudarlo. Creo que es otro capítulo de la saga “hagamos política de cuarta con la salud pública y con las vacunas”, después de los capítulos “la cuarentena más larga de la historia”, la descalificación del uso del barbijo y al distanciamiento social, la movida pro runner, el pedido de uso de dióxido de cloro, el ataque a las vacunas en general y a la vacuna Sputnik en particular por no estar publicada en “The Lancet” (dicho sea de paso, la vacuna Sinovac que usa Chile en forma “exitosa”, al decir de los autores de la saga, aún no ha publicado la fase 3), entre otros. Hoy, llega con este proyecto el capítulo que busca generar el mito por el cual la poca cantidad de vacunas se debería a algún raro ardid del gobierno y que, por lo tanto, cualquier provincia o farmacia podría conseguirlas y entregarla a quienes “puedan pagarla”. 

Las vacunas en la Argentina son un bien social, las compra el Estado nacional y las distribuye para que las jurisdicciones las coloquen según el plan de vacunación. Son públicas y gratuitas y son para todos. No hagamos política electoral con la salud pública, se les nota mucho.