Horacio Rodríguez Larreta y su ministro de Salud Fernán Quirós fueron imputados por la privatización de parte de la campaña de vacunación en la ciudad de Buenos Aires. Es en la causa que se inició ayer a partir de las denuncias que presentaron, por separado, los abogados Natalia Salvo y Yamil Castro Bianchi. El requerimiento de instrucción lo hizo el fiscal Carlos Stornelli, que aún ejerce como fiscal pese a que está procesado por espionaje ilegal. Stornelli pidió además una serie de allanamientos para obtener detalles sobre el destino de los lotes de vacunas que recibió la ciudad.
La abogada Salvo denunció que Larreta y Quirós firmaron acuerdos con sanatorios privados y obras sociales para cederles vacunas contra al COVID-19 “sin verificar su destino”, lo que apartaría a la ciudad del Plan Estratégico de Vacunación elaborado por el Ministerio de Salud y, en lo concreto, significaría la privatización de parte de esta campaña.
“Horacio Rodriguez Larreta, estaría privatizando la campaña de vacunación que se lleva adelante frente a la pandemia que aqueja a toda la población, beneficiando a grupos privados en detrimento de la población en general”, plantea Salvo en su denuncia. Agrega que “el Sr. Quirós, por indicación del Jefe de Gobierno, Horacio Rodriguez Larreta, habría firmado un convenio con instituciones privadas encargadas de ejecutar el plan de vacunación de la Ciudad otorgando privilegios a dichas instituciones y sus socios por encima del resto de la población”.
Sanatorios como el Güemes, el Italiano y el Alemán ya ofrecieron a sus socios la posibilidad de inscribirse en exclusiva para recibir la vacuna. En el caso del Hospital Alemán, además, detallaban a sus socios mayores de 80 años lo siguiente: “La vacuna que se aplicará es la Covishield. Se trata de la versión desarrollada por la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, producida por el Serum Institute de la India”. Eso sí: tenían que ser socios antes del 31 de diciembre del 2020.
En el caso del abogado Castro Bianchi, denunció que “el Gobierno de la Ciudad habría decidido distribuir la gran mayoría de las dosis en Comités partidarios, a amigos y familiares del poder. Incluso, dentro de los vacunatorios informados por el GCBA para acceder a la vacuna contra el coronavirus, se encontraría la Asociación Civil Encuentro Vecinal Sur en la calle Picheuta 1517 de la Comuna 7” y dijo que “sería un comité radical (Unión Cívica Radical) conducido por la Auditora General de la Ciudad, Lic. Raquel Herrero”
Stornelli pidió que se hagan allanamientos en el Ministerio de Salud porteño para buscar los convenios suscriptos con estos sanatorios privados y otras obras sociales, los listados de todos los lotes de vacunas que recibió Rodríguez Larreta, el detalle de qué lotes de vacunas recibió cada centro de vacunación, los registros de las dosis que se aplicaron y a quien. Hizo otro listado de pedidos similares para el Ministerio de Salud de Nación. Ahora deberá resolver el juez Ariel Lijo, el protector de Mauricio Macri en la causa penal por el caso Correo Argentino.
La permanencia de Stornelli en este caso será una cuestión a tener en cuenta. No sólo porque está procesado por instigar espionaje ilegal sino porque ese procesamiento se da en la causa entorno al espía trucho Marcelo D’Alessio donde la abogada del denunciante original es Salvo, denunciante de la privatización de vacunas en la ciudad.
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