El defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, denunció al Juez de Paz Letrado de Rojas, Luciano Callegari, quien desoyó cada una de las denuncias de Úrsula Bahillo, la joven que fue asesinada por su ex pareja, el femicida Matías Ezequiel Martínez.
La denuncia, presentada ante el Jurado de Enjuiciamiento bonaerense, indica que Luciano Callegari, “mostró desidia ante la progresión de hechos de violencia” y “tomó medidas preventivas con injustificable lentitud”. Además “omitió velar” por la víctima “aun cuando el agresor contaba con amplios antecedentes violentos en el ámbito familiar y laboral”. Para el defensor provincial, el Juez “denotó una visión sesgada, portadora de estereotipos sexistas y discriminatorios que se exteriorizaron en ordenar una pericia psicológica sobre la víctima en lugar de concentrarse en la figura del agresor”.
En diálogo con El Destape, Guido Lorenzino explicó que “es importante que los jueces que actúan mal sean evaluados; en este caso Callegari fue negligente y no actuó, y eso es mala praxis”. En tanto señaló que “no tomó decisiones a tiempo y Úrsula fue asesinada”.
“Lo que se dice y denuncia públicamente hoy tenemos la oportunidad de hacerlo con hechos concretas”, explicó Lorenzino y agregó que “los jueces no tienen perspectiva de género y no podemos seguir así”. La denuncia fue presentada en conjunto con los organismos que forman parte del Consejo para la Prevención de las Violencias (COPREVIOL).
El caso
Úrsula Bahillo, de 18 años, fue asesinada por Matías Ezequiel Martínez, un policía bonaerense que había sido su pareja durante siete meses y quien fue denunciado en varias oportunidades, tanto por ella como por la madre de la víctima, por ejercer violencia, amenazas y hostigamientos.
El pedido de destitución contra el juez Callegari se basa en que dejó en evidencia un desconocimiento de la normativa de derechos humanos en relación a la tutela de las víctimas de delitos en general, y en especial, de aquellas que sufren violencia de género. Aplicó una visión sesgada, portadora de estereotipos sexistas y discriminatorios, que quedaron de manifiesto al ordenar una pericia psicológica sobre la víctima en lugar de concentrarse en la figura del agresor.
El magistrado “tuvo un mal desempeño e incumplimiento de deberes, ya que no tomó contacto directo con la víctima; omitió información y asistencia, no ordenó una asistencia especializada y protección; y demoró injustificadamente el dictado de medidas ni controló la efectividad de éstas”, detalló el defensor bonaerense.
“Un repaso por los hechos nos muestran que fue otra muerte que se podría haber evitado. La Justicia tiene que abordar este tipo de casos desde una mirada de género, que da todas las herramientas necesarias para evitar situaciones de este tipo, y no dejar a las víctimas totalmente desamparadas”, puntualizó Lorenzino.
Un vez presentada la denuncia, Lorenzino volverá a ratificarla como mero acto administrativo, y luego el Jurado de Enjuiciamiento realizará un sorteo entre legisladores, legisladoras y abogados y abogadas que formarán parte del Tribunal que evaluará la denuncia.
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