Alimentazo por la ley de acceso a la tierra: las claves del proyecto

En el Día Mundial de la Alimentación, este viernes 16 de octubre, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) realiza una acción, que llamaron “alimentazo”, para exigir el debate y aprobación de la Ley de Acceso a la Tierra, presentada por tercera vez en agosto de este año. También harán una olla popular a cargo de la Red de Comedores por una Alimentación Soberana, un espacio plural y transversal formado por más de 100 organizaciones sociales, sindicales y clubes de barrio.

Las actividades se llevarán a cabo en simultáneo en Plaza Constitución y en todos los Almacenes de Ramos Generales de la UTT, durante una jornada internacional que las organizaciones campesinas celebran como Día Mundial por la Soberanía Alimentaria.

La Ley de Acceso a la Tierra que impulsa la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) propone la creación de un Procrear Rural para que los pequeños productores puedan acceder a una vivienda digna y a una parcela en terrenos fiscales donde producir alimentos agroecológicos de calidad y a precios justos. El proyecto de ley se presenta también como una de las posibles soluciones a la crisis alimentaria. Y ofrecería respuesta a varios de los problemas que hoy demuestra la industria agroalimentaria, como la hiperconcentración, la especulación de precios, la contaminación y el trabajo informal o esclavo.

“La ley la venimos peleando hace muchos años, creemos que podemos dar acceso a tierras a cientos de familias productoras, y sería un paso más para disminuir la injusta distribución histórica de las tierras en la Argentina”, dice Agustín Suárez a El Destape, integrante de la coordinación nacional de la UTT.

En la Argentina, sólo el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores que producen más del 60% de alimentos que circulan en el mercado interno, mientras que el 1% de las empresas agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada.

“Hay que desarmar el discurso de ‘los del campo’. Hay un sector que genera ganancias y mercancías en base a la apropiación legal pero ilegítima de todo el territorio nacional para desarrollar commodities, emprendimientos extractivistas y agroindustriales que no generan riqueza el bien común para la sociedad”, dice Rosalía Pellegrini, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, en diálogo con El Destape Radio.

Cada vez es más evidente el papel central que tienen los actores de la agricultura familiar, campesinos y pequeños productores en la alimentación de la población. Generan la mayor parte de los alimentos consumidos a nivel nacional. Según datos del ministerio de Agroindustria de la Nación, la agricultura familiar produce el 70 por ciento de la yerba mate, el 62 por ciento del tabaco, el 61 por ciento de pollos parrilleros y aromáticas, el 60 por ciento de los porcinos y el 59 por ciento de las hortalizas”. Además, se encarga de un tercio de la leche y un cuarto del ganado bovino y caprino del país, y genera el 53% del empleo en el sector.

“Podemos profundizar la agroecología y, además, discutir con el Estado el precio de los alimentos, tener mayor control para que no sucedan los aumentos desmesurados, y darle mayor previsibilidad a los consumidores tanto en calidad como en precio”, agrega Suárez.

Al mismo tiempo, la UTT impulsa y trabaja la creación de colonias agrícolas en tierras fiscales, y consideran que masificar este tipo de políticas en todo el país permitiría comenzar a ponerle fin a la enorme desigualdad en el acceso a la tierra para las y los trabajadores campesinos. La mayoría de las familias agrícolas no cuenta con título de propiedad de las tierras que trabaja, o arrienda en condiciones abusivas. “Ya tenemos colonias funcionando, son exitosas y podemos replicarlas. Desde ahí nos paramos y construimos la propuesta”, señala Agustín Suárez.

Rosalía Pellegrini explica que hace cinco años recuperaron tierras que eran del Estado, abandonadas, unas 86 hectáreas del ex Instituto Ramallón, en Luján. “Producen verduras, frutas, crían animales. Es un proyecto concreto de cómo darle derechos a las familias productoras de alimentos, también genera derecho a la alimentación sana, segura y soberana para un montón de vecinos y vecinas”.

Entre los fundamentos de la ley, en línea con otras propuestas de organizaciones populares, se destacan los datos oficiales que confirman un proceso permanente de concentración de la tierra en el país. El Censo Agropecuario realizado en el año 2018 arroja que desde 2002 desaparecieron 100.000 explotaciones agropecuarias. Según los Censos Agropecuarios de los años 1988 y 2002, en solo ese período desapareció el 21 % del total de las explotaciones agropecuarias a nivel nacional.

El resultado de esa concentración es la migración de poblaciones rurales a zonas marginales de las grandes ciudades. El desarraigo rural es una de las explicaciones de otra desigualdad estructural que quedó evidenciada durante la pandemia, la crisis habitacional.

La producción de alimentos frescos se alejó de las ciudades rurales y se concentró en los alrededores de los grandes centros urbanos, donde compite territorialmente con el mercado de los negocios inmobiliarios.

Es la tercera vez que se presenta el proyecto de ley. En 2016 y 2018 perdió estado parlamentario. En aquel momento fue firmada por decenas de diputados, entre ellos varios que son funcionarios del actual gobierno como los ministros de Agricultura, Luis Basterra, y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; el canciller Felipe Solá; y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

También destacan en el proyecto que el Plan Argentina contra el Hambre, la primera política lanzada por el gobierno de Alberto Fernández, se apoya en el fortalecimiento de las acciones que lleva adelante el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Ubican esa política de promoción y fortalecimiento del acceso a la Canasta Básica alimentaria en la dirección correcta de sus demandas, y al mismo tiempo consideran imprescindible que se profundice en estrategias de acceso al hábitat para quienes producen esos alimentos.

“El gobierno de Macri eran empresarios que hacían negocios entre ellos, ahora tenemos diálogo con muchas instancias del Estado, pero siempre vamos a marcar lo que falta. Hay una idea muy arraigada de que la posibilidad de redistribuir ingresos y generar justicia social es incompatible con un modelo que tenga otra relación con el ambiente y la naturaleza, y genere otra matriz agropecuaria”, advierte Rosalía Pellegrini.