Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, designados a dedo por Mauricio Macri en la clave Cámara Federal de Comodoro Py, bajaron la calificación de los delitos por los cuales fueron procesados los miembros del violento grupo antiK Revolución Federal. Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Nilda Basile habían sido procesados por delitos contra el orden público que tienen un máximo de 8 años de prisión; ahora los jueces de Macri cambiaron la calificación del delito y lo redujeron a incitación a la violencia colectiva, que baja a 6 los años de reclusión. El tercer camarista de la Sala I de la Cámara Federal, Mariano Llorens, que bloqueó que se los investigue en la misma causa del atentado contra CFK, ahora directamente dijo que no cometieron ningún delito.
Moral, Sosa, Guerra y Basile fueron procesados por el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 3 de noviembre de 2022. Fue en el marco del expediente donde se investiga sólo acciones del violento grupo antiK Revolución Federal desvinculadas del atentado contra la vicepresidenta CFK. Esta balcanización de las causas la decidió el juez Llorens, que se reunía con Macri en Olivos y jugaba el fútbol en la quinta del ex presidente y ahora llega a afirmar que Morel y sus secuaces no cometieron delito alguno.
Los camaristas Bruglia y Bertuzzi no fueron tan lejos como Llorens pero beneficiaron igual a los integrantes de Revolución Federal en una jugada doble. Por un lado descartaron investigarlos como una asociación ilícita, tal como pretendía la vicepresidenta; por el otro bajaron la calificación del delito por el que se los acusa.
¿Qué es lo que cambia? Los miembros de Revolución Federal fueron procesados sin prisión preventiva por el delito del artículo 213 bis del Código Penal, que establece de 3 a 8 años de prisión para las personas que organicen grupos para “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”. Los camaristas Bruglia y Bertuzzi beneficiaron a los miembros de Revolución Federal y limitaron el delito por el cuál están procesados al artículo 212 del Código Penal, que es la incitación a la violencia colectiva. Llorens ni eso.
El camarista Llorens, en su voto, directamente dijo que se anule el procesamiento contra Morel, Guerra, Sosa y Basile y volvió a plantear que no hay relación entre Revolución Federal y el atentado contra CFK. Es inmune a la evidencia, que muestra por ejemplo que Morel proponía un modus operandi para matar a la vicepresidenta igual al que utilizó Fernando Sabag Montiel apenas 6 días antes del atentado. Llorens dice que no está claro que, en el caso de Revolución Federal, “su objetivo principal sea imponer ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor” y que "no hay elemento objetivo alguno que permita conectar esta causa con aquella en la que se investiga la
tentativa de homicidio antes mencionada". Sabag Montiel se radicalizó solo.
“Concretamente y conforme la prueba agregada en el expediente, entiendo que ‘Revolución Federal’ es una congregación de personas que se han unido en base a comulgar las mismas ideas de descontento social, con el objeto de expresar y manifestar sus pensamientos, aunque sin la capacidad de organización y predicamento que pudiera otorgarle la capacidad de imponerlas por la fuerza o el temor y sin que, de momento, se haya agregado algún elemento que permita pensar que esa -la voluntad típica- era su verdadera intención. Y todo ello, vale la pena aclararlo, sin abrir juicio sobre la calidad democrática de sus bases ideológicas ni su forma de expresarlas”, escribe Llorens, pero podría haberlo escrito Morel.
El actual presidente de la Cámara Federal de Comodoro Py volvió a separar las violentas proclamas de Revolución Federal del atentado contra CFK. Señaló que el juez De Giorgi “consideró que Revolución Federal colaboró en la generación de ese estado de alarma, descontento y violencia social que culminó con el referido ataque. (a CFK)” pero “en oposición a ello, primero, debo decir que no encuentro debidamente probado que la paz social y la tranquilidad pública se hayan visto alteradas por la actuación de este grupo de personas, es decir, que la repercusión de los hechos haya afectado en forma negativa el espíritu de la población, produciendo alarma y temor”. Para Llorens, de nuevo, el asesino fallido de CFK se radicalizó solo.
Los jueces Bruglia y Bertuzzi, puestos a dedo por Macri, consideraron que no hay elementos para investigar a los miembros de Revolución Federal por atentar contra el orden público, basados en que convocaban a pocas personas a sus manifestaciones. Bajan entonces su accionar al delito de incitación a la violencia colectiva pero ya anticipan que, para ellos, tampoco no hay conexión entre los discursos de odio de Morel y compañía y el atentado contra CFK. De paso redujeron a la mitad el embargo contra los acusados, que recibían financiamiento millonario de la familia Caputo.
Con esta decisión de los jueces M se plasma una fuerte paradoja: son acusados del mismo delito que Roberto Navarro, director de El Destape, en la denuncia que le hicieron Eduardo Feinmann y Luis Majul. Lo insólito es que Navarro fue denunciado por sus opiniones, por advertir sobre los peligros de los discursos de odio, por reclamar por las responsabilidades del Estado frente a este fenómeno, y lo hizo dos semanas antes de que esos discursos tuvieran efecto en el intento de asesinato a CFK. Los miembros de Revolución Federal organizaron movilizaciones con una guillotina donde pedían que los miembros del Frente de Todos estuvieran “Todos presos, muertos o exiliados”, afirmaban que “al kirchnerismo cárcel o bala”, amenazaban con que “los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle” y el propio Morel sostuvo en una entrevista con el periodista Nicolás Baintrub: “Nuestro objetivo es que los kirchneristas tengan miedo de ser kirchneristas” . Bien distinto.
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