Los cortes de luz y la falta de inversiones en el sector eléctrico ocupan páginas de los diarios, revistas y portales todos los años. El 2020 fue muy particular porque encontró a los argentinos y argentinas casi todo el tiempo en sus casas, por lo que sufrieron aún más la ausencia del servicio eléctrico pese a que la demanda había bajado por cuestiones obvias: durante la etapa dura de la cuarentena, las industrias y la mayoría de los comercios no estaban funcionando. Pero ahora se sumó un nuevo factor porque las compañías Edenor, Edelap y Edea están siendo investigadas por realizar maniobras con facturas apócrifas y montos abultados para evadir impuestos. La trama bajo análisis ascendería a un total de ventas netas de $1.553.163.035, correspondientes solamente a los años 2015 y 2016.
La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió ser querellante en la investigación y promover una investigación por lavado de activos para indagar sobre supuestas evasiones tributarias y fondos no declarados, profundizando la búsqueda respecto de bienes adquiridos con dinero obtenido de forma ilícita. Las actuaciones tramitan en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Martín Nº1 a cargo del Doctor Emiliano Canicoba.
Miriam Carignano, una de las usuarias de las compañías eléctricas, realizó una denuncia en 2017 y desde entonces la AFIP empezó a evaluar la responsabilidad de las tres grandes distribuidoras de energía en la emisión de facturas con sobreprecios. Las empresas involucradas habrían realizado maniobras espurias con el objeto de evadir o desviar ingresos entre 2015 y 2018, según detallaron desde la UIF.
Las compañías son investigadas por haber contratado a un grupo de pymes para que bridaran servicios de mantenimiento de instalaciones eléctricas y ejecución de obras, las cuales habrían emitido facturas con abultadas o apócrifas, con supuestos fines de evasión o desvío de dinero ilegal.
Según las estimaciones de la AFIP, la trama investigada ascendería a un total de ventas netas de $1.553.163.035, correspondientes a los años 2015 y 2016, respecto de la utilización de facturación electrónica aunque el perjuicio fiscal específico se encuentra aún indeterminado.
La UIF llegó a la conclusión de que son muchos los datos obtenidos que permitirían acreditar una importante evasión tributaria, el requerimiento de facturas apócrifas y el blanqueo de dinero. Esto facilitaría a las empresas usuarias la evasión de los tributos correspondientes y la justificación contable de un egreso de fondos cuyo destino aún debe determinarse. Por esa razón, en su presentación como parte querellante, el organismo solicitó iniciar una investigación por lavado de activos y que se formen los legajos patrimoniales de las personas investigadas a fin de que se pesquise la exteriorización de bienes relacionados con el dinero ilícitamente obtenido.
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