El inminente anuncio del veto al financiamiento universitario abrió una puerta de incertidumbre para el gobierno y la oposición amigable. Así como la UCR pidió luchar por una bandera histórica como lo es la educación, el PRO le lanzó advertencias al oficialismo y bloques que no complicaron el veto a los jubilados no se mostraron dispuestos a darle sus votos a los libertarios para hacer lo mismo con esta ley.
El macrismo no debatió su postura, al detalle, frente a la amenaza presidencial. Sin embargo, sí se le planteó al gobierno la necesidad de evaluar alternativas, si es que aún hay chances de frenar un veto universitario. En el PRO entendieron que el conflicto puede generar, más allá de lo político, manifestaciones importantes que excedan a la que se hará el 2 de octubre. Una suerte de estado de movilización.
Desde el sector amarillo se entendió que el oficialismo podría haber resuelto el conflicto, políticamente, antes. ¿Cómo? Escuchando la demanda de las casas de altos estudios y tratando de abordar el asunto a un menor costo político y económico. En plena jornada de paro, previo a la marcha, el Ejecutivo ofreció un incremento salarial del 5.8% frente a la pérdida de 59 puntos nominales. Lo intentó sin éxito.
Por eso, le recomendaron al oficialismo que se fije si realmente tiene 87 votos para reafirmar el veto porque, más allá de lo que pueda hacer el PRO, algunos de los que votaron para dejar sin efecto la movilidad jubilatoria podrían no acompañar en esta ocasión. No pareció una matemática cerrada y le pidieron trabajar un poco más ese asunto.
Los bloques del centro son los claves para inclinar la cancha. Innovación Federal no está dispuesto a darle sus votos al gobierno para mantener el veto. Cuando fue el debate de los jubilados, el espacio cambió sus ocho voluntades positivas por abstenciones porque, con la ayuda de la UCR, LLA tenía el éxito garantizado. Salvo un escenario similar, no sucedería lo mismo esta vez. La Coalición Cívica, que había tenido tres ausencias en el tratamiento de agosto, convocó a marchar por la educación.
La UCR, a nivel institucional, fue muy clara al respecto. Martín Lousteau, junto a los vices de la mesa nacional, instó a los legisladores a mantener la posición en favor de las Universidades ante la posibilidad de una nueva voltereta de diputados radicales libertarios. En la votación en general, el desempeño centenario fue menos firme con el financiamiento educativo que con los jubilados.
Hubo, cuando se discutió en Diputados, cuatro ausentes. Algunos de ellos fueron los que se sacaron una foto con Javier Milei y cambiaron el sentido de su voto en relación a la movilidad jubilatoria. Mariano Campero y Luis Picat no estuvieron a la hora de apretar el botón.
Tampoco lo hizo Gerardo Cipolini, ausente cuando pudo rechazar el veto a la recomposición de haberes y Juan Carlos Polini. Lisandro Nieri decidió abstenerse. Hay ojos posados sobre estos nombres, pero a una fuente centenaria le costó creer que estos dos últimos puedan sostener la decisión presidencial.
A ellos se podrían sumar los nombres de Martín Arjol y Pablo Cervi, que avalaron el veto a los jubilados. Los casos de Federico Tournier y Roxana Reyes no están, de momento, dentro de ese listado. El primero había acompañado el veto presidencial a la movilidad mientras que la segunda se había ausentado. Estos cuatro, sin embargo, votaron a favor de las Universidades en agosto.
Quienes tomaron la posición de no acompañar una recomposición de los haberes tuvieron consecuencias. La Convención partidaria los suspendió en forma preventiva y les abrió un proceso de investigación ante el Tribunal de Ética. No fue gratis, y funcionó como un mensaje de alerta.
En la conducción del bloque quieren insistir con la ley. No sería la primera vez, ya que también fue la decisión cuando se discutió el veto a los jubilados, sin éxito. Más allá de la intención de Rodrigo de Loredo de despegarse de esos escurridizos, desde el espacio radical más crítico con el gobierno lo señalaron como responsable del goteo.
Cerca de De Loredo aseguraron que él no podía hacer nada para evitar los cambios ya que la UCR es un espacio que refleja la grieta de la sociedad. Pero quienes quieren correrlo de la conducción del bloque, junto a su vice Karina Banfi, entendieron que el cordobés tenía conocimiento de la actitud panqueque y no hizo nada para evitarla, avalándola, o que, al menos, no conduce.
De Loredo formó parte de una reunión, este miércoles a la tarde, con el oficialismo. Una imagen difícil para el radicalismo luego de la foto de los cinco con Javier Milei ante el debate por los jubilados. Para evitar esas miradas críticas, se intentaron cuidar algunos detalles. El encuentro no fue en Casa Rosada, sino en el Congreso como parte de un diálogo institucional que avanzará según la agenda legislativa. No se consideraron, como sucede con el PRO y el MID, parte de una mesa parlamentaria conjunta con el gobierno.
Más allá de las autopercepciones, lo cierto es que abordaron el mismo objetivo que persigue esa mesa parlamentaria. Se habló del Presupuesto, de reformas en materia de seguridad, del proyecto Ficha Limpia y la ley Hojarascas, entre otras. También, la UCR se mostró firme en su intención de modificar las reglas sindicales después de que el gobierno haya decidido dar marcha atrás. Se intentará avanzar la semana que viene y dejar expuesta a LLA, en caso de no repensar la posición.
La posición de los radicales frente al veto universitario será clave para su futuro como partido. Javier Milei tiene hasta el 3 de octubre para avanzar con esta medida y la oposición espera hacer una mejor performance que con los jubilados.
Con la intención de no poner un freno a su avance, el gobierno dejó filtrar que intentará transferir las Universidades nacionales a las provincias. Martín Tetaz, diputado radical, aseguró que “es un delirio astronómico que mientras nosotros estemos en el Congreso NO va a ocurrir. La universidad es la inversión pública con la mayor tasa de retorno social y los estudiantes ya aportan, con el costo de oportunidad de su tiempo, dos terceras partes del costo social”.
Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, también rechazó. En declaraciones a A24, aseguró estar “en contra” y pidió que “el Presidente recapacite en lo que implica el veto porque tiene un costo financiero del 0.14 del PBI, similar a lo que se dejó de recaudar en Bienes personales por bajarle los impuestos a los más ricos". No le dejó muchos caminos al Ejecutivo para solucionar el asunto: "El conflicto se puede arreglar reglamentando la ley".
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