El Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires decidió dar de baja una serie de materias para el primer cuatrimestre del 2023, entre las cuales dos de los titulares de dichas materias se desenvuelven en el Poder Judicial: Mariano Borinsky, de la Cámara Federal de Casación Penal en Comodoro Py y Julián Ercolini, este último uno de los funcionarios judiciales que formó parte del viaje a Lago Escondido con directivos de Clarín y elevó a juicio la causa Vialidad. ¿La razón? No alcanzaron la cantidad de alumnos necesarios inscriptos para mantener la cátedra.
En el marco de la Resolución 15.062, el Consejo Directivo de la Facultad indicó que los cursos de Ciclo Profesional Común y las tres materias obligatorias del Ciclo Profesional Orientado "tendrán 85 vacantes como máximo", mientras que los cursos obligatorios y optativos del Ciclo Orientados "no podrán excederse de 65 alumnos". Por otro lado, resaltó que deben "ser anuladas" aquellas comisiones que no alcancen la inscripción mínima de 10 alumnos.
Basándose en este último punto, la materia "Teoría general del delito y sistema de la pena" de Ercolini fue dada de baja al igual que "Régimen del proceso penal", de Borinsky. Otras materias que sufrieron dicha determinación son: "Responsabilidad penal de las personas jurídicas", del fiscal Raúl Plee e "Investigación de casos complejos y crimen organizado", de la fiscal Celsa Ramírez -quien hace tiempo se muestra cerca del operador judicial macristay ex dirigente de Boca Daniel Angelici.
Meses atrás, en diciembre del año pasado, la misma comunidad académica de la Facultad de Derecho de la UBA intentó iniciar un juicio académico contra Ercolini y, en cuatro días, lograron juntar 14.000 firmas. Dicho pedido estaba respaldado por una decena de profesoras y profesores de la esa institución y el proceso se basaba en su participación en el vuelo del lawfare, junto a jueces y fiscales, miembros de la ex Side y un reconocido publicista en octubre pasado.
"Lo que podría encuadrar en las disposiciones reglamentarias del Código de la Universidad de Buenos Aires y del propio Estatuto Universitario, en relación con la posible falta de ética académica, indignidad moral o inconducta notoria a que hacen referencia dicha disposiciones", argumentaron los firmantes. Además sostuvieron que esa falta de "integridad ética" es incompatible con los principios y enseñanzas de la universidad pública, resaltando que podría dejar consecuencias en los propios estudiantes.
Ese mismo mes, el Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Feduba) emitió un comunicado donde repudiaron el accionar de los jueces y empresarios del Grupo Clarín tras su viaje a Lago Escondido. "Expresamos nuestro repudio y preocupación por la clara vulneración de la independencia judicial, la división de poderes y la total falta de capacidad ética y moral de estas personas para dictar clases", señalaron en redes sociales.
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En la misma semana en la que los dos magistrados vieron dadas de baja sus cátedras de este cuatrimestre, otro miembro de la comitiva que viajó al Sur, Marcelo D'Alessandro, sufrió un revés: debió renunciar al Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Los otros participantes del Vuelo del Lawfare fueron los magistrados Pablo Yadarola, Pablo Cayssials y Carlos Mahiques y el procurador porteño, Juan Batista Bahiques.
Por su parte, el juez Borinsky está bajo la lupa por sus repetidas visitas al ex presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos y su insistencia con reabrir la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán, en la que se acusó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a Héctor Timerman como traidores a la Patria. Aún se espera que Casación decida el cierre de esa causa.
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