El Consejo Superior de la UBA se reunió hoy y suspendió la emergencia presupuestaria que había declarado el 10 de abril por el ajuste del gobierno de Javier Milei a la educación pública. La decisión se tomó luego de que el Gobierno aprobara una actualización del 270% interanual sobre el presupuesto de 2023 y de 300% para hospitales universitarios, tras las negociaciones. En el comunicado, la alta casa de estudios aclaró que las sumas "se encuentran por debajo del presupuesto óptimo para el funcionamiento pleno de la universidad", aunque poneraron que estos aumentos "posibilitan una programación presupuestaria, imposible hasta el momento".
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Si bien se suspendió la emergencia presupuestaria, la UBA también votó mantener "el estado de alerta y profunda preocupación en materia de recomposición salarial", al pedir que se llegue a un "pronto acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional y los representantes sindicales de las Universidad Nacionales, tendiente a recomponer el ingreso de los trabajadores docentes y nodocentes a un salario justo". Tambien advirtieron que mantienen el estado de suma preocupación "con respecto a las partidas restantes aún no actualizadas y/o discontinuadas, particularmente aquellas vinculadas a las áreas de Ciencia y Tecnología, Extensión Universitaria y a los programas de infraestructura universitaria".
"Es un triunfo de todos", celebró Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, quien destacó que fue gracias a la marcha federal universitaria que colmó las calles el 23 de abril que el Gobierno actualizó los gastos de funcionamiento en un 300% para que la universidad "no tenga que cerrar".
"Vamos a seguir reclamando por los salarios de los docentes y no docentes que perdieron más de un tercio de su capacidad económica en los últimos cuatro meses", agregó Yacobitti, quien también advirtió sobre los recursos para ciencia y tecnología y las obras edilicias y en los laboratorios.
"Es importante que esta correción sea para todo el sistema y no solo para la UBA. Sentarnos a discutir un presupuesto para el 2025 que no contemple los reajustes inflacionarios necesarios y que se sancione una ley de financiamiento universitario", cerró.
En una movilización histórica que contó con apoyo de partidos políticos, gremios e incluso de quienes no forman parte directa de la comunidad educativa, cerca de 800 mil personas se manifestaron en la Plaza de Mayo y un millón a nivel nacional. En un documento, denunciaron el recorte presupuestario, salarios de pobreza y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). "La educación nos salva y hace libres", leyó la última oradora, Piera Fernández De Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA).
Aplaudida, y con el caer de la tarde, la presidenta de la FUA sostuvo que las universidades públicas son "motores de la democracia" y agregó que "sin salarios dignos de docentes y no docentes la universidad pública es inviable". También rechazó la política de "ajuste" y "disciplinamiento" y celebró que la comunidad universitaria esté organizada y en resistencia. Todos agradecieron las enormes convocatorias que hubo a lo largo de todo el país y aplaudieron a los 60 rectores de las universidades. "No nos arrebaten los sueños, nuestro futuro no les pertenece", dijo la presidenta de la FUA y remató: "La eduación es un derecho humano porque se impone sobre el azar de la desigualdad".
El Consejo Interuniversitario Nacional, por su parte, pidió al Gobierno que homologue esas partidas a las universidades nacionales.
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