La Justicia ordenó que la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (Osprera) vuelva a estar bajo control de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), después de que el Gobierno confirmara su intervención días atrás. Además, se investigará al diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Pablo Ansaloni por por presunta "asociación ilícita y tráfico de influencias". Después de que se conociera el fallo, la Superintendencia de Servicios de Salud advirtió que continuará con la intervención de Osprera.
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 720/24, el Poder Ejecutivo Nacional formalizó en los últimos días la intervención de la obra social. El Gobierno fundamentó la medida por presuntas irregularidades que ocurrieron durante la intervención judicial que realizó el Juzgado Federal de La Pampa entre marzo del 2023 y julio de este año. Esa decisión judicial había sido producto de la denuncia de una afiliada. En aquel momento, la Justicia entendió que hubo "administración fraudulenta, asociación ilícita y posible incumplimiento de deberes de funcionario público" por parte de los integrantes del Consejo Directivo de la Osprera. Por consecuencia, decidió apartar a quien era su vicepresidente: el actual diputado libertario Ansaloni.
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Ahora, el Juzgado Federal de Santa Rosa ordenó "formalmente la apertura de un incidente de incumplimiento" que pedía "la normalización" de la Osprera. En el fallo, se marcó que el secretario general de la Uatre, José Voytenco pidió que se investigue "a los funcionarios técnicos de la Superintendencia de Salud denunciados y al diputado nacional Pablo Ansaloni, por asociación ilícita y tráfico de influencias, con el fin de desplazar ilícitamente a las legítimas autoridades de la Osprera y hacerse el control de la Obra Social". Al momento de explicar las resoluciones, el juez explicó que tendrá "presente, para luego de sustanciado el incidente de incumplimiento", la denuncia efectuada contra Ansaloni y el superintendente Gabriel Gonzalo Oriolo.
La respuesta de la Superintendencia de Servicios de Salud
Tras el fallo de la Justicia, la Superintendencia de Salud advirtió que seguirá con la intervención en la Osprera. "A pesar de la resolución del Juez Federal de La Pampa Juan José Baric, la Superintendencia de Servicios de Salud confirma la intervención de la Obra Social de los Peones Rurales y Estibadores realizada por el Poder Ejecutivo Nacional y advierte sobre una decisión judicial de características inéditas que afecta la objetividad en la evaluación de los hechos y el debido proceso legal", comenzó el texto.
Y continuó: "Desde que comenzó el año, el organismo volvió a cumplir con su función principal que es la de fiscalizar a los Agentes del Seguro de Salud. En ese marco, se avanzó con una auditoría en la obra social en cuestión que comprobó graves irregularidades producto de una situación financiera alarmante, a tal punto que, el propio Juez, a través del interventor por él designado, solicitó 3.350 millones de pesos en octubre de 2023, monto del que rindió cuenta el último día hábil de la anterior gestión presidencial, al mismo tiempo que aumentaba la deuda prestacional de la obra social".
"El juez a cargo de la causa está prejuzgando al considerar como ciertos los dichos de los denunciantes, sin haber investigado nada. Además, resulta inquietante que en el marco de una investigación penal, que está terminada, se haya procedido a invalidar un decreto presidencial, un acto que merece un análisis jurídico más profundo y fundado. Por último, es importante mencionar que el propio juez introdujo referencias a una interna gremial, donde uno de los denunciantes es parte interesada. Esta situación podría interpretarse como una toma de partido en conflictos gremiales internos, lo cual deja en evidencia la percepción de imparcialidad que debe regir en toda actuación judicial", siguió el organismo conducido por Oriolo, y concluyó: "Desde la Superintendencia de Servicio de Salud seguimos trabajando para reordenar el sistema de salud a partir de garantizar la libre competencia y la libertad de elección de los beneficiarios".
La sugestiva omisión de Adorni al celebrar la intervención de la obra social de Uatre
Horas antes del fallo del Juzgado Federal de Santa Rosa, el vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, había celebrado la intervención de la Osprera en la habitual conferencia de prensa que da en Casa Rosada. Allí, habló de "irregularidades" en el organismo, pero omitió decir que en la gestión del ente tuvo responsabilidades el actual diputado libertario Ansaloni, quien estuvo implicado por "administración fraudulenta" y "malversación de fondos" mientras fuera su vicepresidente.
Al presentar la nueva intervención a la obra social -ahora por parte del Ejecutivo- el vocero presidencial Adorni olvidó mencionar el rol que tuvo Ansaloni. La auditoría realizada por la administración provisoria de Osprera determinó que durante la gestión Ansaloni existió "malversación de fondos", “administración fraudulenta” y “asociación ilícita”. Durante su habitual conferencia de prensa, Adorni se regodeó: "La Argentina de la avivada se ha terminado".
Ansaloni, actual diputado de Javier Milei, fue antes integrante de la bancada por Cambiemos (2017-2021) y tuvo sus primeros pasos en la política en el Partido Justicialista (PJ), al que llegó a dirigir en su pago chico, en la localidad bonaerense de Colón. El actual diputado fue secretario de actas durante la gestión del histórico secretario general de la UATRE, Gerónimo "Momo" Venegas. Cuando el sindicalista Ramón Ayala reemplazó a Venegas tras su fallecimiento en 2017, Ansaloni quedó como vicepresidente de obra social hasta que la administración judicial lo expulsó en marzo de 2023.
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